Asamblea por Tenerife reclama un referéndum sobre Granadilla.
La Asamblea por Tenerife pidió este viernes al Gobierno de Canarias que convoque un referéndum "en igualdad de condiciones" sobre el puerto de Granadilla y advirtió de que puede incurrir en una ilegalidad si empieza las obras antes de que se tramite la iniciativa legislativa popular en el Parlamento regional.
Fernando Sabaté, representante de la Asamblea por Tenerife, organización que convocó la manifestación contra el puerto de Granadilla el 27 de noviembre, acusó este viernes al Ejecutivo regional de producir una ruptura en el consenso social de la isla, que a su juicio vulnera y rompe la Administración pública y los colectivos empresariales.
Sabaté calificó la manifestación de "jornada histórica" por cuanto "miles y miles de personas" expresaron su oposición al citado proyecto y a otras infraestructuras "con grandes dosis de alegría, creatividad y entusiasmo" y consideró "intolerable" el hecho de que se utilizasen diversos medios para desvirtuar la cifra de manifestantes.
Criticó el uso de una avioneta de la empresa pública Grafcan para este objetivo y aseguró que muestra del "extraordinario apoyo" que recibió la manifestación es que una de cada diez personas que residen en la isla acudieron a la protesta, que fue secundada por unos 72 colectivos.
Sin embargo, consideró que "jamás en la Historia de Canarias tras el restablecimiento de la democracia" una iniciativa ciudadana se había enfrentado a un nivel similar "de boicot y manipulación informativa", lo que calificó de "auténtico escándalo".
Al respecto, José Pérez, miembro de la comisión jurídica de Asamblea por Tenerife, anunció que se prevé emprender acciones jurídicas por presunta vulneración de derechos fundamentales por parte de Televisión Española en Canarias y de la Radiotelevisión Canaria, que a su juicio han cercenado la libertad de expresión "de un modo absolutamente vergonzoso".
Los miembros de la Asamblea proyectan además realizar una concentración con esparadrapos en la boca ante la sede de la televisión autonómica "en repulsa a este atentado contra la libertad de expresión", dijo Fernando Sabaté.
José Perez advirtió asimismo al Gobierno regional de que deberá atenerse a las consecuencias si "mueve una piedra" para construir el puerto de Granadilla antes de que se tramite la iniciativa legislativa popular presentada en el Parlamento de Canarias sobre este asunto, pues opinó que lo contrario sería incurrir en una ilegalidad.
Añadió también que "sólo desde la enfermedad mental" se pueden explicar las críticas que fomentan el pleito insular, al argumentar que las movilizaciones contra las infraestructuras en Tenerife están pagadas "con oro amarillo", e ironizó sobre el hecho de que la verdadera plaga en Canarias no es la langosta, sino la de "los especuladores, piratas del cemento y los trileros de CC, PP y PSOE". Maite Bravo, de la plataforma ciudadana contra el puerto de Granadilla, dijo que el Gobierno canario "puede hacerse el sordo pero jamás acallará a la ciudadanía" y advirtió de que es peligroso que un Ejecutivo que depende de las elecciones utilice "estos métodos de autoritarismo",, lo que a su juicio le pasará factura.
Bravo dijo además que el Gobierno quiere silenciar las voces que discrepan de la construcción del puerto de Granadilla, que en su opinión es ilegal y supondrá "una catástrofe" para la zona, y cuya edificación atribuyó "al negocio de captar fondos públicos" de la Unión Europea.
Respecto a la petición de convocar un referéndum sobre este asunto, Maite Bravo pidió que se organice con el mismo presupuesto para difundir las opiniones a favor y en contra y con debates "transparentes", sobre lo que José Pérez ironizó con el hecho de que entre los manifestantes "seguro que había votantes de CC".
Añadió que los opositores al puerto proyectan entregar en Bruselas informes sobre los destrozos que a su juicio causará este recinto, además de "seguir presionando" a los ministerios de Fomento y Medio Ambiente para que impida su construcción.
También piensa la asamblea seguir utilizando la vía de la movilización ciudadana en la calle, al tiempo que Pedro Delgado, representante de la coordinadora de pueblos y barrios del área metropolitana de Tenerife, anunció que esta organización ha decidido "ampliar su ámbito de actuación a toda la isla".
José Pérez criticó asimismo el desarrollismo tardofranquista que en su opinión quiere imponer el Gobierno regional, al que reclamó un debate público, objetivo, transparente y plural "lejos de manipulaciones baratas y publirreportajes", y exigió a los miembros de las administraciones públicas que no sigan actuando "como cobardes".
Fuente: Canarias Ahora
Fernando Sabaté, representante de la Asamblea por Tenerife, organización que convocó la manifestación contra el puerto de Granadilla el 27 de noviembre, acusó este viernes al Ejecutivo regional de producir una ruptura en el consenso social de la isla, que a su juicio vulnera y rompe la Administración pública y los colectivos empresariales.
Sabaté calificó la manifestación de "jornada histórica" por cuanto "miles y miles de personas" expresaron su oposición al citado proyecto y a otras infraestructuras "con grandes dosis de alegría, creatividad y entusiasmo" y consideró "intolerable" el hecho de que se utilizasen diversos medios para desvirtuar la cifra de manifestantes.
Criticó el uso de una avioneta de la empresa pública Grafcan para este objetivo y aseguró que muestra del "extraordinario apoyo" que recibió la manifestación es que una de cada diez personas que residen en la isla acudieron a la protesta, que fue secundada por unos 72 colectivos.
Sin embargo, consideró que "jamás en la Historia de Canarias tras el restablecimiento de la democracia" una iniciativa ciudadana se había enfrentado a un nivel similar "de boicot y manipulación informativa", lo que calificó de "auténtico escándalo".
Al respecto, José Pérez, miembro de la comisión jurídica de Asamblea por Tenerife, anunció que se prevé emprender acciones jurídicas por presunta vulneración de derechos fundamentales por parte de Televisión Española en Canarias y de la Radiotelevisión Canaria, que a su juicio han cercenado la libertad de expresión "de un modo absolutamente vergonzoso".
Los miembros de la Asamblea proyectan además realizar una concentración con esparadrapos en la boca ante la sede de la televisión autonómica "en repulsa a este atentado contra la libertad de expresión", dijo Fernando Sabaté.
José Perez advirtió asimismo al Gobierno regional de que deberá atenerse a las consecuencias si "mueve una piedra" para construir el puerto de Granadilla antes de que se tramite la iniciativa legislativa popular presentada en el Parlamento de Canarias sobre este asunto, pues opinó que lo contrario sería incurrir en una ilegalidad.
Añadió también que "sólo desde la enfermedad mental" se pueden explicar las críticas que fomentan el pleito insular, al argumentar que las movilizaciones contra las infraestructuras en Tenerife están pagadas "con oro amarillo", e ironizó sobre el hecho de que la verdadera plaga en Canarias no es la langosta, sino la de "los especuladores, piratas del cemento y los trileros de CC, PP y PSOE". Maite Bravo, de la plataforma ciudadana contra el puerto de Granadilla, dijo que el Gobierno canario "puede hacerse el sordo pero jamás acallará a la ciudadanía" y advirtió de que es peligroso que un Ejecutivo que depende de las elecciones utilice "estos métodos de autoritarismo",, lo que a su juicio le pasará factura.
Bravo dijo además que el Gobierno quiere silenciar las voces que discrepan de la construcción del puerto de Granadilla, que en su opinión es ilegal y supondrá "una catástrofe" para la zona, y cuya edificación atribuyó "al negocio de captar fondos públicos" de la Unión Europea.
Respecto a la petición de convocar un referéndum sobre este asunto, Maite Bravo pidió que se organice con el mismo presupuesto para difundir las opiniones a favor y en contra y con debates "transparentes", sobre lo que José Pérez ironizó con el hecho de que entre los manifestantes "seguro que había votantes de CC".
Añadió que los opositores al puerto proyectan entregar en Bruselas informes sobre los destrozos que a su juicio causará este recinto, además de "seguir presionando" a los ministerios de Fomento y Medio Ambiente para que impida su construcción.
También piensa la asamblea seguir utilizando la vía de la movilización ciudadana en la calle, al tiempo que Pedro Delgado, representante de la coordinadora de pueblos y barrios del área metropolitana de Tenerife, anunció que esta organización ha decidido "ampliar su ámbito de actuación a toda la isla".
José Pérez criticó asimismo el desarrollismo tardofranquista que en su opinión quiere imponer el Gobierno regional, al que reclamó un debate público, objetivo, transparente y plural "lejos de manipulaciones baratas y publirreportajes", y exigió a los miembros de las administraciones públicas que no sigan actuando "como cobardes".
Fuente: Canarias Ahora
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