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Izquierda Unida pregunta al gobierno qué piensa hacer ante la presencia como agregado militar en la embajada de Chile en Madrid de un coronel acusado de asesinato y torturas.

Medios alternativos / Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina (TRIcontinental).- El Grupo Parlamentario de Izquierda Verde IU-ICV ha registrado en el Congreso una serie de preguntas dirigidas al Gobierno para saber cuál va a ser su actuación futura y qué conocimiento han tenido los actuales responsables diplomáticos españoles ante el hecho de que el cargo de agregado militar de la Embajada de Chile en Madrid lo ocupe un coronel acusado de asesinato y torturas de una militante socialista de 23 años durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Izquierda Unida ha recabado diversos datos sobre el coronel Rodolfo Ortega Prado, quien desde 2003 ocupa el puesto de agregado militar chileno en España. Este militar, que durante la dictadura de Pinochet fue jefe de zona en Punta Arenas de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) -sustituta de la tristemente famosa DINA, servicios secretos utilizados por la dictadura para la represión- está acusado por 10 ex agentes de la CNI de ser el responsable del asesinato el 26 de julio de 1988 de la joven militante socialista chilena Susana Obando, de 23 años.

El oficial chileno declaró sobre estos hechos hace un año ante el juzgado de su país que lleva las investigaciones. Además, durante este proceso la familia de la joven asesinada y las asociaciones de víctimas de la dictadura de Pinochet pidieron por carta al anterior Gobierno del Partido Popular –a través de una misiva entregada al anterior embajador español en Chile- que el Ejecutivo de José María Aznar tomara las medidas diplomáticas pertinentes para evitar que el coronel Ortega continuara en su puesto en Madrid. Hasta ahora no han obtenido respuesta.

Ante las informaciones recabadas en este sentido, Gaspar Llamazares, como presidente-portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde IU-ICV, interroga al Gobierno sobre las siguientes cuestiones:

¿Conocía el Gobierno las acusaciones de asesinato que pesan contra el actual agregado militar chileno en España y que el 22 de marzo de 2004 fue citado a declarar por este hecho por la entonces jueza instructora, Carmen Garay, que instruye 62 casos de desaparecidos y asesinados?

¿Fue informado el Gobierno por sus antecesores o consta en los archivos y registros del Ministerio de Exteriores que hace un año la familia de Susana Obando y las asociaciones de víctimas de la dictadura de Pinochet pidieron en una carta entregada al embajador español en Chile que el Gobierno español tomara las medidas diplomáticas pertinentes para evitar que el coronel Ortega continuara en su puesto en la legación diplomática chilena en España?

¿Ha realizado el Gobierno en los últimos meses alguna gestión en este sentido? ¿Ha solicitado algún tipo de información a las autoridades políticas chilenas sobre este asunto? ¿Cuándo se produjo? En el caso de que no haya sido así en los supuestos anteriores, ¿piensa realizarlas próximamente?

¿Qué opinión le merece al Gobierno que un presunto torturador, cuyo caso aparece mencionado tanto en una causa judicial como en el prestigioso ’Informe Retting’, que documentó las violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar, haya podido ocupar un alto cargo de representación diplomática en España en los últimos dos años ante la inacción de la diplomacia española?

¿Conoce el Gobierno que, según las informaciones manejadas, el nombre del coronel Rodolfo Ortega Prado aparece también en el puesto 335 de una lista de 540 agentes de la CNI investigados por el crimen del sindicalista Tucapel

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