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Lazos Rotos

Puerto Alisios S.L.L.: La avaricia rompió el saco

Lazos Rotos agradece la colaboración de Icodolvidado por el envío de este jugoso y exahustivo artículo, fruto de un esmerado trabajo de investigación, que puede leerse a continuación:

A finales del mes de febrero y principios de marzo de 2002 apareció en los titulares de la prensa tinerfeña un caso que, si bien fue vergonzoso para Icod por dejar en entredicho la limpieza y dignidad de nuestra clase política, más vergonzoso lo fue para la ejecutiva insular socialista, que por entonces se autoconsideraba, yo diría que bastante ingenuamente, como “de conducta intachable”. ¿Y qué necesidad...?

En el diario La Gaceta de Canarias (5-3-2002) se podía leer este escrito tan jugoso como exquisito:

Puerto Alisios S.L.L, un tema polémico.- Cuando el secretario general de los socialistas tinerfeños, Santiago Pérez y los 28 secretarios generales pensaban que la campaña de limpieza política estaba terminada, de esta misma formación política, surge, como si de la isla San Borondón se tratara, Puerto Alisios S.L.L. una empresa gestionada por tres ediles del PSOE del Ayuntamiento de Icod de los Vinos que, con una ingenuidad digna de figurar en los Anales del Disparate, se presentan a un concurso público para optar a los servicios de restauración del Complejo Turístico Costa Martiánez del Puerto de la Cruz, en la creencia de que los grupos de la oposición no iban a detectar la operación que se traían entre manos estas “tres perlas”.

Este hecho, insisto, va a obligar a Santiago Pérez a trasladar su campaña de limpieza política a la ciudad del Drago, a poner orden y dejar las cosas en su sitio. Lo contrario sería una decepción para los afiliados y seguidores socialistas. Porque lo que no es de recibo es acusar a CC de “testaferros” y dejar en sus cargos a tres ediles que tienen dedicación exclusiva y están gestionando empresas de aluminio, cristalería, turismo y otras actividades, y que además tengan el descaro de ofertar sus servicios a un Ayuntamiento de su mismo color político. Legalmente la “operación” es “intachable”, pero ética y moralmente no hay por donde cogerla.


Por otra parte y junto a este escrito, aparecieron las sorprendentes declaraciones críticas y recomendaciones de Manuel Jesús Correa (el que anteriormente fuera jefe de la Sección de Servicios Socioculturales del ayuntamiento icodense y en esos momentos vicesecretario insular del PSC y alcalde del municipio de La Victoria de Acentejo):

El Vicesecretario Insular del PSC exige responsabilidades por el caso Martiánez.- Afirma que los implicados deben optar entre la política o las empresas. El vicesecretario insular del PSOE y alcalde del municipio de La Victoria, Manuel Jesús Correa, considera que la agrupación local de Icod “debe revisar la situación de los tres concejales que montaron una empresa para optar al concurso de adjudicación de los servicios del Complejo Costa Martiánez del Puerto de la Cruz”. Correa sostuvo que en este caso, a los tres concejales implicados “hay que dejarles elegir entre la política y las empresas”.

El vicesecretario insular del PSC-PSOE y alcalde del municipio de La Victoria, Manuel Jesús Correa, declaró que comparte el criterio del secretario general, Santiago Pérez, que opina de que el hecho de que tres concejales del Ayuntamiento de Icod hayan optado al concurso de adjudicación de los servicios públicos del Complejo Turístico Martiánez del Puerto de la Cruz, a través de una empresa creada por ellos mismos, “desde el punto de vista legal no admite reparo alguno, pero desde una óptica política no la comparto ni la apruebo”. Y añadió que considera que “la agrupación local del PSOE de Icod de los Vinos y el propio grupo de gobierno municipal deben dejarles elegir entre la política y la actividad empresarial”.

Para Correa no es de recibo que los tres ediles socialistas icodenses implicados en este caso “tengan dedicación exclusiva del Ayuntamiento y se encuentren inmersos en una prolífica actividad comercial, tal y como queda demostrado en las numerosas empresas que han creado, todas ellas publicadas con nombres y apellidos en los distintos medios de comunicación”.

Correa lamentó que sus declaraciones pudieran ser malinterpretadas por algunos sectores de la propia organización, “pero lo que no podemos permitir es que en el seno del PSC-PSOE se puedan ‘enquistar’ algunas de estas prácticas que también se producen en CC”.

Decisión inoportuna.- Correa calificó de “inoportuna” y “desafortunada” la decisión de los concejales icodenses, “que cobran un sueldo para dedicarse por completo a defender y trabajar por los intereses generales de los ciudadanos y no para sus empresas particulares”.

A la pregunta de si Santiago Pérez iba a tomar cartas en este asunto, Correa declaró que, de momento, desconocía sus intenciones al respecto, “pero lo que sí está claro es que el tema fue motivo de comentarios en el seno del comité insular, dato a tener en cuenta”.

El vicesecretario general de los socialistas tinerfeños recordó que si este asunto lo hubieran llevado los nacionalistas de CC, “en la presentación del concurso del Complejo Turístico Martiánez hubieran aparecido otros nombres y no los de los tres concejales”.

De todas maneras ya Santiago Pérez, en sus declaraciones a algunos medios de comunicación, apuntó que este asunto no lo va a dejar pasar. “Por lo tanto, me imagino que será un tema que tendrá que estudiar y analizar en los próximos días”, indicó.

Terminó recordando a los consejeros y concejales socialistas del área metropolitana que lo correcto no es pasarse al grupo mixto sino “cesar en el cargo y entregar sus credenciales a la organización política por la que fueron elegidos”.


Reveladoras, sin duda, las declaraciones de Correa, especialmente cuando reconoce como superior la calidad estratégica de los nacionalistas, dejando en entredicho la chapuza de estas “tres perlas”.

Este hecho generó la alarma en el ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Las declaraciones del entonces alcalde socialista Salvador García Llanos entonces casi brillaron por su ausencia, sin embargo, pudimos ver las opiniones del grupo de la oposición liderado por Marcos Brito en el periódico El Día (27-2-2002):

Tres ediles del PSOE de Icod optan a la adjudicación del complejo Martiánez.- El grupo de Coalición Canaria del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz denuncia “un presunto trato de favor e información privilegiada” en el proceso abierto del concurso, mientras que el gobierno municipal asegura que “seguirá escrupulosamente los trámites del procedimiento”.

Tres ediles del PSOE del Ayuntamiento de Icod de los Vinos optan al concurso para la adjudicación de la explotación del complejo turístico de Martiánez de Puerto de la Cruz, a través de la sociedad limitada laboral Puerto Alisios, creada el 7 de julio de 2001, según consta en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife. Este hecho fue dado a conocer ayer en rueda de Prensa por el portavoz de Coalición Canaria, Marcos Brito Gutiérrez, quien denuncia un supuesto trato de favor del grupo gobernante socialista de la ciudad turística en el proceso no resuelto aún para la concesión económico-administrativa de los servicios de explotación del citado complejo.

La citada empresa tiene por objeto social las actividades propias del sector de hostelería: explotación de bares y cafeterías, restaurante, dulcerías y cualquier actividad de restauración, y parte con un capital de 12 mil euros (dos millones de pesetas).

Marcos Brito indicó que “el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha sacado a concurso el área de restaurantes del complejo Martiánez, que venía explotando la cooperativa Cosmar, al haber expirado el periodo de concesión. A esta convocatoria concurren la sociedad limitada laboral Puerto Alisios y la cooperativa Cosmar y de una investigación sobre la identidad de la primera se desprende que sus tres administradores mancomunados son concejales del PSOE con dedicación exclusiva en el Ayuntamiento de Icod de los Vinos. Hemos pedido información sobre las empresas concurrentes y no se nos ha facilitado”.

Brito indica que supuestamente se ha creado una sociedad limitada laboral para concurrir al concurso para la concesión de la explotación de los restaurantes del complejo de Martiánez y que se ha confeccionado un pliego de condiciones a medida. Advierte, además, que “es presumible que haya habido un presunto caso de tráfico de influencia y tenemos constancia de que se ha suministrado información privilegiada”.


Como hemos dicho, escasísimas fueron las declaraciones de los socialistas portuenses, tal como se desprende del artículo citado:

El grupo de gobierno socialista en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz afirma que “seguirá escrupulosamente los trámites del procedimiento convocado y actuará consecuentemente, tanto a la hora de tomar las decisiones que proceda sobre la resolución del concurso como en el momento de manifestarse en relación con las imputaciones de Coalición Canaria”.

Pero más escasas fueron las de los socialistas icodenses:

En medios del gobierno socialista de Icod se indicó que es un asunto legal, sin entrar en más detalles.

Para que juzguen ustedes mismos si hubo o no información privilegiada en este asunto, les reproduciré las cartas que aparecieron en La Gaceta de Canarias (9-3-2002). En primer lugar la enviada confidencialmente por el presidente del Cabildo, Ricardo Melchior, al alcalde de Puerto de la Cruz, Salvador García, fechada el 25 de julio de 2001 (es decir, que hacía un par de semanas se había creado Puerto Alisios):

Santa Cruz de Tenerife, 25 de julio de 2001

Estimado Alcalde:

Teniendo conocimiento este Cabildo de que próximamente saldrá a Concurso la concesión de la explotación de la zona de restauración del Lago Martiánez, a excepción de la discoteca y bar-restaurante de la isla Central, que actualmente gestiona en su totalidad la Cooperativa Cosmar, y de cara a un posible traslado provisional del Casino Taoro a la referida discoteca y Lido de San Telmo, sería conveniente que el pliego de condiciones por el que se rija aquel Concurso tuviera en cuenta lo siguiente:

a) La posibilidad de excluir del Concurso el Lido de San Telmo en su totalidad, así como la discoteca y bar-restaurante de la isla Central del Lago.

b) La posibilidad de prever en el pliego de condiciones del concurso que el adjudicatario del mismo pueda pactar con el futuro concesionario del bar-restaurante de la isla Central del Lago, la explotación conjunta o individual de éste.

Un cordial saludo,
Ricardo Melchior Navarro (rubricado)


Junto a ésta y en el mismo número de La Gaceta de Canarias, apareció publicada la carta con la oferta y declaración de intenciones que Puerto Alisios hizo al Presidente del Consejo de Administración de los Casinos de Tenerife, Carlos González Toledo, una "metedura de pata" con letras mayúsculas, que, curiosa y puerilmente, no fue remitida desde Icod, sino desde Puerto de la Cruz, a la que hace referencia como “nuestra ciudad” en un intento que pasó "inadvertido" de hacerse pasar por jóvenes ciudadanos portuenses:

Puerto de la Cruz a 4 de febrero de 2002

Estimado Señor:

Permítanos, en primer lugar, indicarle que los abajo firmantes somos un grupo de jóvenes empresarios que han constituido la sociedad Puerto Alisios S.L.L. y que deseamos concurrir al concurso que ha convocado el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, para adjudicar por un plazo de diez años los bares, cafeterías, restaurantes y kioscos ubicados en el Complejo Turístico Municipal Costa de Martiánez.

Además, conocemos, a través de los medios de comunicación de la isla, el interés de la sociedad que usted preside y el deseo del consistorio municipal por que se traslade en breve, al referido Complejo, las instalaciones del Casino Taoro.

Entendemos que, si siempre ha sido una obligación prestar en el “lago Martiánez” el mejor servicio y la mayor calidad posible en tanto en cuanto es una institución señera de la ciudad y emblemática de la obra de César Manrique, creemos que esa exigencia debe de extremarse en el futuro por su vinculación en los próximos años al prestigio de Casino Taoro.

En ese sentido, es nuestro propósito conformar un preparado y experimentado equipo de profesionales que afronte la dirección de las tareas diarias que exigen los servicios que se prestan en las citadas instalaciones. En línea con esto, consideramos que si hay profesionales de la restauración que gozan de prestigio en nuestra ciudad esos son los cocineros, camareros y barmans del casino Taoro.

En base, a todo ello desearíamos estudiar la posibilidad de alzar un acuerdo entre la sociedad tinerfeña que usted preside y Puerto Alisios S.L.L., en el supuesto caso que resultase adjudicatario del servicio, para que en la hipótesis de que Casino Taoro en el futuro no continuase prestando los servicios de restauración y cafetería sus profesionales pudieran trabajar para nuestra sociedad en el Complejo Turístico Municipal Costa de Martiánez.

Sin otro particular reciba nuestro más cordial saludo.

José Andrés Dorta Luis (rubricado)
Isidro García González (rubricado)
Juan Miguel Martín Zarza (rubricado)


Aparentemente la sociedad Puerto Alisios se vio desbordada por la información que conocía, hasta el punto de que la “dejó caer” con tal normalidad como si se tratara de algo "archiconocido" en los medios de comunicación. Pero el hecho de conformar la sociedad previamente a la carta de Ricardo Melchior da que pensar sobre la fuente de donde se pudo haber filtrado la información privilegiada.

El 28 de febrero salen en el periódico El Día las declaraciones de Puerto Alisios en contestación a Marcos Brito:

Puerto Alisios rechaza las acusaciones de CC de tráfico de influencias y niega privilegios.- La empresa de tres ediles socialistas de Icod que opta a la adjudicación de los bares del Complejo Turístico Costa Martiánez considera “injuriosas” las críticas de Marcos Brito.

La empresa Puerto Alisios, creada por tres ediles socialistas del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, emitió ayer un comunicado en el que expresa su rechazo a las recientes acusaciones de “trafico de influencias” y “uso de información privilegiada” formuladas por el portavoz de Coalición Canaria en el Consistorio de Puerto de la Cruz, Marcos Brito, con motivo de su concurrencia al concurso de adjudicación de la explotación de los servicios de restaurante, bares y quioscos del complejo turístico municipal Costa de Martiánez, conocido popularmente como Lago Martiánez.

Señalan que el uso de las actuales listas de precios de estas instalaciones y del balance económico del concesionario es legítimo, “ya que las primeras se suministraron con el pliego de condiciones del concurso y las cuentas anuales de la cooperativa tienen carácter público y fueron solicitadas en el Registro Mercantil”
.

Parece que en ningún momento nadie basó las acusaciones en las listas de precios ni se refirió a si era o no legítimo el balance económico. Desde la oposición portuense se insistió el 2 de marzo de 2002 en el periódico El Día:

Alarma social.- Los portavoces titular y adjunto de Coalición Canaria en el ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Marcos Brito y Sandra Rodríguez, ratificaron ayer en rueda de Prensa todo lo expresado hasta ahora en cuanto al concurso para la concesión de las instalaciones del Lago Martiánez, al que optaban la cooperativa Cosmar y la sociedad limitada laboral Puerto Alisios (integrada por concejales socialistas de Iocd de los Vinos). La primera obtuvo 14,05 y la segunda 10 puntos, de acuerdo con los criterios de baremación y especificaciones del pliego de condiciones. Brito reiteró que “nos reafirmamos en todas las denuncias realizadas” y explicó lo ocurrido hasta ahora, con especial énfasis a que “se crea una alarma social en el momento de la apertura de las plicas, porque, según la información que recibe Cosmar, la sociedad Puerto Alisios parte con más puntuación. Negó que haya dicho que el expediente no haya sido transparente ni limpio, pero se cambió el criterio en relación con los trabajadores que se ofrecían. También se produjo una reclamación de la cooperativa Cosmar.

Ese mismo día (El Día, 2-3-2002) salieron a los medios las declaraciones de la Comisión de Gobierno portuense, presidida por Salvador García:

La Cooperativa Cosmar gana el concurso para explotar el complejo Martiánes.- La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ratificará el dictamen del área de Administración General y Empresas Públicas que escoge por unanimidad la oferta más ventajosa para la ciudad. El alcalde, Salvador García, rechaza las imputaciones de CC.

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha resuelto adjudicar la explotación de los restaurantes, bares y cafeterías del complejo turístico de Martiánez a la cooperativa Cosmar por un canon anual de 540.910 euros (90 millones de pesetas), en virtud del acuerdo adoptado por unanimidad por la Comisión de Administración General y Empresas Públicas en la que están representadas todas las fuerzas políticas. El alcalde de la ciudad turística, Salvador García, y los concejales de Urbanismo y de Administración General, Antonio González y Esteban Padilla, respectivamente, explicaron ayer todo el proceso seguido desde la convocatoria del concurso de concesión económica y administrativa de las instalaciones del citado complejo y rechazaron categóricamente las imputaciones de Coalición Canaria sobre supuesto trato de favor a la sociedad Puerto Alisios.

El mandatario portuense rebatió los argumentos esgrimidos por el portavoz de Coalición Canaria en su comparecencia del pasado martes. Manifestó que “rechazamos por falsas y temerarias las imputaciones del pasado martes que se nos dirigieron por dos miembros de Coalición Canaria”.


Competitividad.- Indicó que el concurso público fue convocado para incentivar la competitividad de una instalación emblemática y producir los mejores resultados para la ciudad y el Ayuntamiento y que se ha cumplido escrupulosamente con la legalidad y los trámites del procedimiento”. […]

Aseguran que las acusaciones de CC “carecen de fundamento y, por ello, pueden considerarse injuriosas”.

También niegan que Puerto Alisios se haya creado expresamente para optar al concurso convocado por el Ayuntamiento portuense, gobernado por el PSOE, “puesto que ya se ha concurrido a otra convocatoria del Cabildo”.

Defienden la viabilidad económica de su propuesta y lamentan el uso “partidista” por parte de CC de una “actuación correcta e intachable, desde el punto de vista administrativo”.


Pero sin embargo y aun después de estas declaraciones de los socialistas portuenses y de los concejales que conformaban Puerto Alisios, el 9 de marzo de 2002 salió en La Gaceta de Canarias un artículo en el que, aparte de publicar las dos cartas antes mencionadas, se explicaba un poco más a fondo en qué consistió la supuesta "patraña" de Puerto Alisios:

Puerto Alisios S.L.L. pudo haber recibido "información privilegiada" del consurso.- Conocía que los trabajadores del Casino Taoro dependerían de ella. Los tres concejales socialistas del Ayuntamiento de Icod, propietarios mancomunados de la Empresa Alisios S.L.L. pudieron recibir información privilegiada del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, ya que al presentarse al concurso de los servicios del Complejo Martiánez apuntan en su oferta que están dispuestos a recoger en su empresa a los trabajadores del Casino Taoro, cuando éste se traslade a Isla del Lago, detalle que sólo conocía el Ayuntamiento.

Los concejales del PSC-PSOE del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, José Andrés Dorta Luis, Isidro García González y Juan Miguel Martín Zarza, propietarios mancomunados de la empresa Alisios S.L.L., pudieron haber recibido información privilegiada del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, según datos que obran en poder de LA GACETA.

En el dossier se refleja que en la oferta que hizo Puerto Alisios S.L.L. especifica que se podría hacer cargo del personal del Casino Taoro en caso de que fuera trasladado a la Isla del Lago, dato que sorprende que Puerto Alisios tenga conocimiento, ya que “se trata de una información interna habida en su momento entre el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz”, explicaron las fuentes informativas.

Sobre este mismo asunto recordar que el Cabildo de Tenerife tiene pensado trasladar el Casino Taoro a la Isla del Lago, concretamente a la Sala Andrómeda, para lo que está previsto realizar una actuación de mejora y acondicionamiento en las citadas instalaciones. Aunque este dato es público y notorio, “nada se sabía sobre el futuro de la plantilla laboral que ahora trabaja en el Casino”.

Por su parte el concejal y portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Icod de los Vinos, Fernando Díaz, declaró que el caso de los tres concejales socialistas implicados en este tema podría reabrir otros frentes. En ese sentido, informó que “estamos consultando con los servicios jurídicos del Partido para conocer si los tres ediles tenían que solicitar al pleno la compatibilidad para dedicarse a actividades empresariales, cosa que no han hecho”.

Otra de las cuestiones es que como cargos públicos que vienen desempeñando, la Ley “no les permite tener más del 25% del capital social de una empresa. En este caso, cada uno de ellos es propietaria del 33,333%”, apuntó. Además, estamos estudiando la posibilidad de reclamarles legalmente parte del sueldo que vienen recibiendo, “ya que han dedicado su tiempo a sus empresas y no a trabajar en el Ayuntamiento del que vienen cobrando algo más de 300.000 pesetas mensuales”. Este es un “hecho lamentable”, reconoció, que no debería suceder, y sin embargo se da con más frecuencia de la deseada.

Fernando Díaz declaró que lo más lamentable de todo es que el alcalde, Juan José Dorta, en el último pleno se ha negado a contestar nuestras preguntas, dirigidas a aclarar “la trama montada por tres concejales del grupo de Gobierno Municipal socialista”.


Una pequeña aclaración respecto a las declaraciones de Fernando Díaz es que al principio del mandato 1999-2003 cada uno de los tres concejales socialistas recibía por dedicación exclusiva 14 pagas anuales, cada una de ellas por una cantidad bruta mensual de 415.751 pesetas, y si no estoy en un error, estas cantidades se incrementaron hacia mediados de dicho periodo. En cualquier caso y según el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (art. 13.3), efectivamente el pleno habría de pronunciarse en caso de que estos concejales se dedicaran a ocupaciones remuneradas fuera de su dedicación exclusiva en el Ayuntamiento.

Una serie de interrogantes sobre todo este asunto quedan en el aire:

Según la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Artículo 417.
1. La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años.
2. Si se tratara de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.


Artículo 418.
El particular que aprovechare para sí o para un tercero el secreto o la información privilegiada que obtuviere de un funcionario público o autoridad, será castigado con multa del tanto al triplo del beneficio obtenido o facilitado. Si resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a seis años.


CAPÍTULO VI. DEL TRÁFICO DE INFLUENCIAS.
Artículo 428.

El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de seis meses a un año, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años. Si obtuviere el beneficio perseguido se impondrán las penas en su mitad superior.


Artículo 429.
El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar, directa o indirectamente, un beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado con las penas de prisión de seis meses a un año, y multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido. Si obtuviere el beneficio perseguido se impondrán las penas en su mitad superior.


Artículo 430.
Los que, ofreciéndose a realizar las conductas descritas en los artículos anteriores, solicitaren de terceros dádivas, presentes o cualquier otra remuneración, o aceptaren ofrecimiento o promesa, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año.
En cualquiera de los supuestos a que se refiere este artículo, la autoridad judicial podrá imponer también la suspensión de las actividades de la sociedad, empresa, organización o despacho y la clausura de sus dependencias abiertas al público por tiempo de seis meses a tres años.


Artículo 431.
En todos los casos previstos en este Capítulo y en el anterior, las dádivas, presentes o regalos caerán en decomiso.


Aquí, si realmente ha habido delito (que yo no lo sé porque no soy leguleyo ni nada que se parezca) y todo parece indicar que lo ha habido, los culpables no han cumplido su sanción, el alcalde Juan José Dorta es cómplice, y por no perseguir esta situación probablemente también incurre en delito contra el artículo 408 del Código Penal, y por si fuera poco se negó a contestar a las preguntas de la oposición.

-¿Consistió la sanción en que Santiago Pérez eliminara de la plancha electoral del 2003 a los tres concejales para lograr la ansiada “campaña de limpieza”?

-¿Pasó factura este hecho al gobierno de Salvador García?

-¿Por qué el alcalde de Icod no hizo declaraciones al respecto y tampoco facilitó información a la oposición?

La cifra de 90 millones de pesetas anuales que supondría la explotación del complejo Martiánez, junto con los 6 millones que ganaba cada uno al año por su dedicación exclusiva en el Ayuntamiento debió "nublar la vista de estas tres aves de rapiña" hasta el punto de cuidar los detalles que seguramente conocían.

NOTA: Me gustaría que si alguien conoce más datos que puedan completar este tema, los pueda aportar aquí para conocerlos y compartirlos. Que se demuestre que ICOD NO OLVIDA.

Un saludo de Icodolvidado.

Autor: Artículo de opinión enviado por Icodolvidado.

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