Ben Magec denuncia ante el TSJC cien casas ilegales como acto de protesta.
Los ecologistas pretenden así evitar una posible "amnistía" del Parlamento a los infractores. La federación Ben Magec-Ecologistas en Acción presentó ayer en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) 54 denuncias contra otras tantas edificaciones ilegales en la provincia de Las Palmas, situadas principalmente en espacios naturales protegidos y suelos rústicos.
La próxima semana, los ecologistas harán lo propio con otras cincuenta edificaciones situadas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y varias en Fuerteventura. En ambos casos, este colectivo -que agrupa a 22 asociaciones- pretende, además de denunciar estos casos de indisciplina urbanística, protestar contra la iniciativa legislativa presentada por el Cabildo herreño ante el Parlamento autonómico con la intención de salvar del derribo y las sanciones la mayoría de las viviendas construidas sin autorización administrativa en suelo rústico, salvo las que invadan espacios protegidos, barrancos y costas. La cifra de casas clandestinas en toda Canarias asciende a 60.000, según los ecologistas; a más de 40.000, según el Cabildo herreño; y a unas 6.500, según el Ejecutivo canario.
Un portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, Heriberto Dávila, afirmó que la federación "está haciendo hincapié en torno a unas 1.000 viviendas de las cuales vamos a denunciar un centenar, ya que están en espacios naturales protegidos que no tienen ningún tipo de necesidad social, que tienen piscina, segundas residencias, son turísticas." Dávila explicó que "no se puede decir que hay que amnistiar a esta pobre gente porque vamos a demoler sus casas, ya que esta gente es de clase pudiente y al final se van a salvar de cumplir la ley cuando más criterio hay para lo contrario". No obstante, este colectivo conservacionista cree que para los casos reales de necesidad social se pueden articular propuestas concretas, como poner a disposición de esas familias viviendas de protección oficial. Además, Ben Magec advierte sobre el "agravio comparativo" en que se incurriría con el resto de ciudadanos si se concede una amnistía a estas viviendas, ya que, en opinión de Heriberto Dávila, "son casas que no pagan los impuestos ni las tasas que pagamos todos" además de que, según distintas investigaciones, "las arcas públicas dejan de percibir entre 50.000 y 60.000 euros por cada edificación ilegal, que siempre van a parar a manos privadas".
Otro portavoz de esta organización ecologista canaria, Antonio Hernández, destacó que "con la aprobación de una amnistía por la clase política se estaría legitimando un comportamiento delictivo hacia el medio ambiente y hacia la ordenación del territorio".
El Cámara autonómica tenía previsto debatir en el pleno que comienza hoy una proposición no de ley conjunta de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) sobre este asunto, que finalmente ha sido aplazada por la Mesa de la Cámara. En esta propuesta, nacionalistas y populares piden al Gobierno canario que "evite perjuicios irreversibles" a las familias con viviendas expedientadas que puedan ser legalizadas mediante la revisión de los planeamientos municipales de ordenación territorial. El Gobierno canario está de acuerdo en suspender los expedientes de aquellas casas que puedan legalizarse en la revisión del planeamiento urbanístico que actualmente llevan a cabo los ayuntamientos y los cabildos.
Esta medida no satisface al Grupo Socialista ni al Cabildo de El Hierro, que han solicitado la suspensión de todos los expedientes hasta que culmine el debate de la iniciativa legislativa herreña. El PSC-PSOE y el Cabildo basan esta petición en la necesidad de evitar que, mientras la Cámara autonómica tramite esta propuesta, se ejecuten órdenes de demolición de edificaciones que podrían haberse beneficiado de posibles modificaciones del Parlamento a la normativa urbanística vigente.
Fuente: Diario de Avisos
La próxima semana, los ecologistas harán lo propio con otras cincuenta edificaciones situadas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y varias en Fuerteventura. En ambos casos, este colectivo -que agrupa a 22 asociaciones- pretende, además de denunciar estos casos de indisciplina urbanística, protestar contra la iniciativa legislativa presentada por el Cabildo herreño ante el Parlamento autonómico con la intención de salvar del derribo y las sanciones la mayoría de las viviendas construidas sin autorización administrativa en suelo rústico, salvo las que invadan espacios protegidos, barrancos y costas. La cifra de casas clandestinas en toda Canarias asciende a 60.000, según los ecologistas; a más de 40.000, según el Cabildo herreño; y a unas 6.500, según el Ejecutivo canario.
Un portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, Heriberto Dávila, afirmó que la federación "está haciendo hincapié en torno a unas 1.000 viviendas de las cuales vamos a denunciar un centenar, ya que están en espacios naturales protegidos que no tienen ningún tipo de necesidad social, que tienen piscina, segundas residencias, son turísticas." Dávila explicó que "no se puede decir que hay que amnistiar a esta pobre gente porque vamos a demoler sus casas, ya que esta gente es de clase pudiente y al final se van a salvar de cumplir la ley cuando más criterio hay para lo contrario". No obstante, este colectivo conservacionista cree que para los casos reales de necesidad social se pueden articular propuestas concretas, como poner a disposición de esas familias viviendas de protección oficial. Además, Ben Magec advierte sobre el "agravio comparativo" en que se incurriría con el resto de ciudadanos si se concede una amnistía a estas viviendas, ya que, en opinión de Heriberto Dávila, "son casas que no pagan los impuestos ni las tasas que pagamos todos" además de que, según distintas investigaciones, "las arcas públicas dejan de percibir entre 50.000 y 60.000 euros por cada edificación ilegal, que siempre van a parar a manos privadas".
Otro portavoz de esta organización ecologista canaria, Antonio Hernández, destacó que "con la aprobación de una amnistía por la clase política se estaría legitimando un comportamiento delictivo hacia el medio ambiente y hacia la ordenación del territorio".
El Cámara autonómica tenía previsto debatir en el pleno que comienza hoy una proposición no de ley conjunta de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) sobre este asunto, que finalmente ha sido aplazada por la Mesa de la Cámara. En esta propuesta, nacionalistas y populares piden al Gobierno canario que "evite perjuicios irreversibles" a las familias con viviendas expedientadas que puedan ser legalizadas mediante la revisión de los planeamientos municipales de ordenación territorial. El Gobierno canario está de acuerdo en suspender los expedientes de aquellas casas que puedan legalizarse en la revisión del planeamiento urbanístico que actualmente llevan a cabo los ayuntamientos y los cabildos.
Esta medida no satisface al Grupo Socialista ni al Cabildo de El Hierro, que han solicitado la suspensión de todos los expedientes hasta que culmine el debate de la iniciativa legislativa herreña. El PSC-PSOE y el Cabildo basan esta petición en la necesidad de evitar que, mientras la Cámara autonómica tramite esta propuesta, se ejecuten órdenes de demolición de edificaciones que podrían haberse beneficiado de posibles modificaciones del Parlamento a la normativa urbanística vigente.
Fuente: Diario de Avisos
0 comentarios