Coalición Canaria lanza una OPA hostil a lo público.

Ramón Afonso / Rebelión.- Mientras en la España continental el episodio de la OPA de Gas Natural-Repsol a Endesa –empresas enajenadas del patrimonio colectivo de los españoles- parece llenar de zozobra y estupor a lo que eufemísticamente llaman “opinión pública” de Madrid y comunidades afines, es decir, las gobernadas por el PP, paradójicamente otra “opinión pública”, ésta catalana, eleva castellers y baila la Sardana en la Plaza de Cataluña por el mismo motivo. El futuro de la multinacional española que fue alimentándose con las privatizaciones de las empresas energéticas del Chile de Pinochet se ha convertido en una cuestión de Estado porque, a juicio de la remilgada presidenta de la Comunidad de Madrid, su sede estaría fuera del territorio español, es decir, en la Barcelona del pérfido Carod, y su control en otras manos, las de la Caixa. El mismo perro con distinto collar. Poco importa que los usuarios sean sometidos a prácticas monopolísticas, como lleva sucediendo en Canarias desde que se im plantó Unelco-Endesa.

En la tricontinental y ultraperiférica parcela atlántica bendecida por dios y por Adán Martín, las huestes subvencionalistas de Coalición Canaria y los titiriteros del PP se apresuran a despojar a los canarios de los reductos comunales que aún perviven. Si en Gran Canaria José Manuel Soria, presidente del Cabildo, vende a Kalise la empresa Sial S.A. afirmando que “ellos no están para ordeñar vacas”, aunque parece que sí a los ganaderos; el alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, privatiza Emmasa, Empresa Municipal de Aguas, con la excusa de que necesita liquidez para poner en marcha su Plan Económico Financiero que contempla, entre otras actuaciones, un lavadito de cara a los barrios, la remodelación de la Pza. España, el plan de rehabilitación de la playa de Las Teresitas y el atentado ecológico y paisajístico al barranco de Santos. ¿Pero en qué se han gastado el dinero para tener que privatizar un bien común como el agua? ¿Qué proyectos ha llevado a cabo el consistorio en los últimos años para que la caja esté vacía? En los ochenta, en plena fiebre privatizadora de los gobiernos de Felipe González ya se comentaba, como estableciendo un límite: “A este paso nos van a privatizar el aire y el agua”. ¿Cuándo empezarán con el aire? Sin necesidad de pronosticar el encarecimiento del agua y la posible destrucción de puestos de trabajo que la entrada de capital privado puede suponer, la pérdida patrimonial de una empresa pública modélica -rentable y con un nivel de aceptación ciudadana espectacular- nos revela que las única y verdadera razón de estos actos vandálicos es el saqueo de lo público...

El Gobierno de Canarias -Construgobierno- sirvió como respaldo político para que Binter, empresa privatizada por Iberia, pasara a manos del grupo Hesperia capitaneado por Rodolfo Núñez y Alfredo Morales. El nefasto y prepotente Suárez Trenor insiste, una y otra vez, en arrebatar la playa de Valleseco a la ciudadanía. La constante deriva de pacientes de los hospitales del Servicio Canario de Salud a clínicas privadas y el traspaso de métodos e instrumentos diagnósticos ha provocado una desinversión en la sanidad pública y aumentado los conciertos con clínicas, laboratorios y gabinetes de diagnóstico privados, lo que sin duda se puede considerar una privatización encubierta. Los servicios a domicilio, la gestión de los centros de menores, los comedores escolares, los servicios sociales en general, han ido cayendo, como fruta madura, en manos privadas, generándose así un proceso de concentración que se manifiesta en la existencia de compañías capaces de ofrecer una vasta gama d e servicios. Pero lo más llamativo de esta fiebre privatizadora es lo que se podría definir como la externalización de la gestión política. El aparato gubernamental, hasta fechas recientes, se dotaba de personal capaz de generar ideas y proyectos. Abogados, ingenieros, economistas, etc. constituían equipos funcionariales capaces de dar respuesta a la compleja problemática socioeconómica y servir, al mismo tiempo, de soporte técnico a la gestión política de los cargos electos. Actualmente los Consejeros, eludiendo su responsabilidad de crear equipos directivos competentes, optan por la contratación de expertos -fundamentalmente profesores universitarios, miembros de la judicatura y muchos profesionales de la empresa privada- cuyas decisiones, informes, dictámenes, etc. superan en mucho el mero asesoramiento. Esto es lo que sucede con el grupo de notables –sin ninguna representatividad democrática- que redactan el proyecto de algo tan eminentemente político como la reforma d el Estatuto de Autonomía, donde Coalición Canaria y el comité comparten sospechosamente las mismas tesis: aumentar el techo competencial e intentar pasar por alto la reforma del antidemocrático sistema electoral. La elocuente Mª del Mar Julios, Vicepresidenta y Consejera de Sanidad, ha sucumbido a la tentación y ha echado mano de otro comité de expertos capitaneado por la catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Beatriz González, cuyas recomendaciones sobre la financiación del sistema sanitario se han seguido al pie de la letra. También aquí existe una sospechosa sintonía, pues ni los expertos ni Adán Martín han pensado en utilizar los capitales RIC, groseramente estafados al pueblo canario, para sufragar el déficit y estabilizar el sistema, sin embargo, siguen optando por la injusticia de los impuestos indirectos.

La creación de estos comités de “sabios”, asesores, notables, etc. se ha generalizado de tal manera que casi cualquier alcalde presume de uno o varios, aunque se lleva la palma el santacrucero Zerolo. Destaca, por inmoral, que su íntimo amigo y presidente de la Asociación de la Prensa de Tenerife, Jorge Bethencourt, cobre 46.450,13 euros por asesorar al equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana; con igual cantidad y cometido se ha premiado al ex alcalde José Emilio García Gómez, médico de profesión y propietario de un laboratorio de análisis clínicos. Herminia Gil Lorenzo, ex concejala expulsada del Psoe también asesora al alcalde por el módico precio de 31.274.34 euros anuales. Así se entiende por qué el ayuntamiento capitalino no tiene liquidez.

El último grito en privatizaciones lo aporta, como no podía ser de otro modo, el Gobierno de Canarias. La contribución “solidaria” que éste ha dedicado a las víctimas del gobierno norteamericano tras el paso del huracán Katrina por algunos estados del sur pobre y negro de USA, junto con las aportaciones privadas, no van a ser gestionadas, como cabría esperar, por la oficina que el Ejecutivo Canario tiene en aquel país, más concretamente en Miami y cuyo responsable es Alejandro Sanz Díez que, sin casualidades de la vida, es también el director ejecutivo de la fundación privada que se ha hecho cargo del diseño y gestión de las ayudas canarias, The Canary Islands Foundation For Education and Culture (CIFEC), dedicada al intercambio cultural entre Canarias y EE.UU. El presidente de CIFEC es el cubano Eduardo J. Padrón, que dirige a su vez la Universidad de Miami-Dade, la misma que tanto nombra Doctor Honoris Causa a un disidente anticomunista cubano que homenajea a Laura Bus h. La CIFEC se creó en Florida gracias al esfuerzo del importante bufete de abogados Fleitas&Bujan, especializado en transacciones internacionales, operaciones inmobiliarias y en la legislación sobre el tabaco. Roberto F. Fleitas, socio fundador del bufete, también nació en Cuba de donde emigró con las primeras oleadas tras la Revolución y es un abogado de reconocido prestigio entre el gusanerío de Miami. Es miembro de numerosas organizaciones “culturales” y ha presidido la Asociación de cubanos americanos, y ha sido íntimo colaborador del senador republicano por La Florida Connie Mack, uno de los más firmes defensores del bloqueo a Cuba y “patrocinador” del secuestro del niño Elián González. Entre los directivos de Cifec destaca la comisionada de Miami–Dade, Natacha Seijas, involucrada en un escándalo de corrupción en el que la compañía "Paramedia USA", presidida por el cubano-americano Billy Freixas, creaba facturas falsas de gastos desviando el dinero a las cuentas pe rsonales del alcalde Alex Penelas y de algunos comisionados entre los que se encontraba Seijas, tal como denuncia Max Lesnik en la Red Voltaire. También forma parte de la directiva Jesús Luis Zúñiga, ex alto ejecutivo de Sony en Méjico, entre los innumerables títulos, galardones y premios que posee, según su biografía, además de ser nombrado uno de los 20 líderes de la globalización en Méjico, sobresale el dudoso honor de haber sido nombrado en 1984 “Top Latino Executive” por el mismísimo Ronald Reagan.

Mientras Manuel Pizarro, presidente de Endesa, utiliza la Constitución como arma defensiva contra la espermática maniobra hostil de Gas Natural, Coalición Canaria sigue en sus trece de hacer más ricos a sus patrocinadores expoliando el patrimonio de todos.

Fuente: Ramón Afonso :: Rebelión