Una denuncia ciudadana destapa la complicidad del gobierno Zapatero en el funcionamiento de la red de secuestros, torturas y desapariciones de la CIA.

Medios alternativos / inSurGente (Antonio Maira).- Un grupo de ciudadanos mallorquines encabezados por el abogado Ignasi Ribas, denunciaron la escala de aviones secretos utilizados por la Central de Inteligencia de los Estados Unidos en el aeropuerto civil de Mallorca, con la realización en suelo español de delitos de detención ilegal, secuestro y torturas. La denuncia sobre hechos tan graves –realizada el 14 de marzo del 2005- provocó el encargo por la fiscalía de un informe a la Guardia Civil.

Tal informe no fue entregado hasta el día 10 de junio. Una parte de los datos recogidos en los tres meses de investigación están registrados en el aeropuerto. Entradas y salidas de cuatro aviones perfectamente identificados, lugares de procedencia y de destino. Los informes complementarios pueden encontrarse en Internet desde hace meses; se refieren a las compañías propietarias y a la contratación de sus vuelos por la CIA como centros de detención y tortura volantes, y como vehículos para el traslado de esos “combatientes enemigos” hacia la desaparición, la tortura y, si es preciso, la muerte. A pesar de que esos primeros datos, recogidos con parsimonia, proporcionan evidencias sobre esos delitos tan atroces, ninguna actuación de urgencia es promovida por el gobierno.

El informe de la Guardia Civil concluye asegurando “que no se ha detectado ninguna actividad ilícita de las personas que llegaron en los supuestos aviones de la CIA –al menos diez vuelos- durante su estancia en Palma de Mallorca y que, al tratarse de vuelos privados se desconoce la actividad que desarrollaban sus ocupantes” (El País). En franca y escandalosa contradicción con ese respeto al ámbito privado –absolutamente increíble en una situación de continua vigilancia antiterrorista-, el informe añade que la mayoría de los ciudadanos norteamericanos que llegaron en esos vuelos, en total no menos de 50 personas, se alojaron en dos hoteles especificados en el informe y lo hicieron con pasaporte norteamericano cuyos números empezaban siempre por “900”, por lo que deducen que se trataba de personas con “estatus diplomático”.

De modo que decenas de estadounidense con “pasaporte diplomático” se mueven sin control alguno por nuestros aeropuertos y por los hoteles colindantes, se supone que después de enseñar identificaciones seriadas fácilmente atribuibles a miembros de la CIA.

La privatización de los servicios de la CIA está resultando una cobertura excepcional para gobiernos que no entran ni salen en cotos de actividad privados cuando tienen un aval público de semejante calibre. Para completar la cobertura fantástica sobre la normalidad de lo sucedido, la Guardia Civil sostiene además que los trabajadores de las empresas de handling que entraron en los aviones no observaron cambios estructurales en los mismos.

El informe claramente evasivo tiene un tratamiento más evasivo todavía por parte de la Fiscalía del Estado. El fiscal jefe de Baleares ordena el archivo de las diligencias porque a pesar de que la Guardia Civil acreditó la presencia de aviones con orígenes y destinos altamente preocupantes, de que tales aviones habían sido denunciados como "cárceles-vehículos" de la CIA, de que sus pasajeros salieron del aeropuerto y se identificaron -¿ante quién?- con pasaportes seriados altamente sospechosos de ser documentos de agentes secretos no pertenecientes al cuerpo diplomático acreditado en Madrid, y de que esos individuos se movieron a gusto por los hoteles de Palma, no encontró nada que aconsejase una investigación a fondo o la apertura de un expediente judicial, o encontró que todo aconsejaba el archivo apresurado del informe.

En octubre otro juez decidió desenterrarlo y remitirlo a la Audiencia Nacional, tal vez preocupado por las noticias sobre una red europea de apoyo a las actividades de la CIA que se desarrollaban con acciones tan legales como los secuestros, las desapariciones, los traslados a países desconocidos y a cárceles clandestinas.

Tres meses después del archivo del informe nos enteramos de que en absoluta coherencia con el “Consenso de Washington” en relación con el encubrimiento de las actividades criminales de la CIA, el Centro Nacional de Inteligencia –como cuando hablamos de la Fiscalía en realidad hablamos del Gobierno- “pidió” a la CIA que “no utilizara aeropuertos españoles para trasladar presos”. Dando por supuesto que el famoso “Washington consensus” implicaba la absoluta formalidad de tal petición, también advirtieron que “cualquier incidente relacionado con las escalas en aeropuertos españoles “como un súbito problema de salud o el fallecimiento de un pasajero irregular podría dar lugar a un incidente diplomático entre los dos países” [...]

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