Telefónica: lo que se esconde al final de la línea.

Sin permiso / inSurGente.- EN 1992, en Telefónica, la empresa española de telefonía, trabajaban 75.000 personas. Hoy, la plantilla casi no alcanza los 35.000. Sin embargo, las líneas telefónicas siguen funcionando, y se han abierto mercados de masas como el de la banda ancha y la telefonía móvil. ¿Qué fue, pues, de los 40.000 puestos de trabajo perdidos? ¿Y de los cientos de miles destruidos a nivel europeo?

Impulsados (y obligados) por las directivas de la Organización Mundial del Comercio (1997) y de la Unión Europea (1998), y siguiendo el temprano ejemplo británico (Gran Bretaña abrió el mercado de las telecomunicaciones a la competencia ya en 1984), durante los años 90 la práctica totalidad de los países europeos iniciaron la privatización de sus empresas estatales de telefonía. En la mayor parte de lugares, la privatización se hizo en dos fases, abriendo primero el mercado a la competencia y vendiendo un porcentaje de las acciones a inversores privados, para posteriormente renunciar al control estatal de estas empresas para dejarlas exclusivamente en manos de accionistas y del mercado. Según la lógica empresarial, había que "adaptarse a los nuevos tiempos", y estos nuevos tiempos exigían una drástica reducción de los costes laborales y el inicio de una carrera por copar los mercados internacionales a través de fusiones y adquisiciones que ha llevado a muchas empresas a la sobrecapacidad y al endeudamiento, y a poner aún más presión sobre sus trabajadores y trabajadoras en todo el mundo.

Desde entonces, todas las plantillas de las empresas de telecomunicaciones han sufrido drásticos recortes, precarización de la mano de obra restante e introducción de dobles escalas salariales que han puesto fecha de caducidad a los derechos sociales y laborales conseguidos por los trabajadores durante los últimos 40 años, sobre todo en los casos en los que -como en France Telecom, Deutsche Telecom y TeleDanmark-, los trabajadores habían gozado tradicionalmente de estatus de funcionario público. En 1999, cuando algunas empresas de telefonía no hacía ni dos años que estaban privatizadas, la destrucción total de empleo en SPT (República Checa), France Telecom (Francia), Deutsche Telecom (Alemania), OTE (Grecia), Matav (Hungría), Eircom (Irlanda), Telecom Italia SPA (Italia), Rom Telecom (Rumanía), Telefónica (Estado español), Telia (Suecia), Suisscom (Suiza) y BT (Reino Unido) alcanzaba ya la cifra de más de 340.000 personas; de éstas, 125.000 eran víctimas de la privatización británica, según la OIT [...]

Si se desea consultar y ampliar la información el texto completo del artículo se encuentra disponible haciendo clic aquí.