Israel: Bodas de sangre.

Medios alternativos / Trabajadores Digital.- Juan Dufflar Amel. El titular, tomado de la obra teatral homónima del asesinado dramaturgo y poeta español, Federico García Lorca, guarda, por lo trágico, estrecha relación con la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia de Israel de respaldar una ley que prohíbe la reunificación familiar de israelíes de origen árabe casados con palestinos residentes en Gaza y Cisjordania.

El fallo del Tribunal a favor de tan arbitraria medida, calificada de racista por los representantes de la comunidad árabe, impide, por ese motivo, a los palestinos y a sus hijos, naturalizarse israelíes y entrar al país.

El gobierno sionista, que en el exterminio de la población palestina ha utilizado todo tipo de armas y los más crueles métodos represivos, no se detiene ante sentimientos filiales, reconocidos y amparados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En Israel viven un millón y medio de árabes y sus descendientes que poseen la nacionalidad israelí. Ellos permanecieron allí tras la guerra de 1948, e -hipotéticamente- les corresponden los mismos derechos y deberes de sus compatriotas israelíes.

Sin embargo, la ley aprobada en el año 2002, que acaba de recibir el visto bueno del Tribunal Supremo israelí, discrimina a los de origen árabe al prohibirles la reunificación familiar si han contraído matrimonio con otros árabes, procedentes de Gaza y Cisjordania.

El evidente carácter racista de la ley se manifiesta en el hecho de permitir que un ciudadano israelí que se case con alguien de origen no palestino sí pueda nacionalizar a su cónyuge sin sufrir trabas legales, mientras a los árabes israelíes, de hecho ciudadanos de segunda clase, se les prohíbe por su origen étnico.

Numerosas organizaciones internacionales y ciudadanos israelíes han pedido en reiteradas ocasiones a Israel la derogación de la ley, alegando su carácter anticonstitucional y discriminatorio, pero sus reclamos han resultado infructuosos, porque jueces que la sancionaron afirman que “la Autoridad Nacional Palestina es un gobierno enemigo”.

La realidad supera todos los argumentos esgrimidos por Tel Aviv para justificar su respaldo a una sentencia impopular, que abre mayores brechas entre el pueblo palestino y el israelí, en medio de una crisis que hasta el momento ha sido insuperable.

Desde su ascensión al poder el nuevo gobierno encabezado por el premier Ehud Olmert, fiel continuador de la obra exterminadora de Sharon, no ha dado ningún paso positivo para tratar de lograr por una vía de paz y negociaciones la solución al cruento conflicto.

En primer término, continúa sus operaciones militares contra la población palestina en los territorios ocupados, mientras se niega a reconocer el triunfo del Movimiento Islámico de resistencia (Hamas) en las elecciones legislativas, su derecho a formar gobierno y mucho menos admite sostener negociaciones con esa organización.

Paralelamente, y a manera de presión y chantaje, ha recrudecido las medidas económicas contra la Autoridad Nacional Palestina, negándose al pago de las obligaciones financieras contraídas por servicios diversos en los territorios árabes, e imposibilita el acceso de los trabajadores palestinos a los centros laborales en territorios de Israel o Jerusalén, con lo que ha creado una situación económica insostenible para la población, sometida ya a muy precarias condiciones de vida.

Estas represalias han dejado en extrema pobreza a más de la mitad de la población de Gaza y al 40% de la de Cisjordania, en tanto los que tenían trabajo con la Autoridad Nacional Palestina están sin cobrar sus sueldos desde el mes de marzo.

El hambre es otra de las armas letales utilizada por Israel contra el pueblo palestino, al que ahora le impide también su derecho a la felicidad conyugal y a la reunificación familiar.

Nada hay más parecido a los métodos utilizados por el fascismo.