El juez aprecia indicios de delito en José María Aznar por comprar con fondos públicos una medalla en EEUU para su autobombo. La vanidad del fascista.

Medios alternativos / inSurGente.- El titular del Juzgado de Instrucción número 23 de los de Madrid, Julio de Diego, que investiga la denuncia presentada por el abogado José Luis Mazón contra el ex presidente del Gobierno José María Aznar por la Medalla de Oro que, para más inri, no llegó a concederle Estados Unidos, ha dado traslado al fiscal para que se pronuncie. Según fuentes jurídicas, con el traslado al Ministerio Público, el magistrado "aprecia indicios de delito para proseguir la instrucción del caso".

El ultraderechista Aznar pagó con fondos públicos a un lobby yanqui para que le consiguiera la condecoración. Según fuentes jurídicas, el magistrado incoó diligencias previas tras la denuncia presentada por Mazón el pasado 26 de julio sobre el supuesto desvío de fondos públicos para gestionar la concesión a Aznar de la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos, y ordenó que se tradujeran al castellano unos documentos que había aportado el denunciante y que estaban en inglés.

Eventuales diligencias. La traducción oficial de esos documentos ya ha sido puesta a disposición del juez y "dada cuenta" de ella, señala la providencia del titular del Juzgado 23, el magistrado ha dado traslado al Ministerio Fiscal para que se pronuncie y acuerde "eventuales diligencias a practicar".

Además, el juez ha admitido la personación de los abogados José Luis Mazón y Encarnación Martínez como acusación particular en el caso "sin necesidad de prestar fianza".

Indicios de delito. En opinión de las citadas fuentes, con el traslado al Ministerio Púbico, el magistrado "aprecia indicios de delito para proseguir la instrucción del caso, por lo que en breve deberá solicitar la declaración de Aznar, que será interesada por las acusaciones personadas".

Además, el ex presidente del Gobierno tiene otra denuncia y otras dos querellas contra él pendientes de resolver en los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla de Madrid, en relación a unos documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a un presunto borrado de datos en La Moncloa.