Cristina Narbona remite la denuncia sobre las turbinas al Fiscal Coordinador del Medio Ambiente y Urbanismo.

Asociaciones / Tagororachinech.- En una carta, de fecha 8 de junio de 2006, dirigida al Presidente de Tagoror Achinech, la Ministra de Medio Ambiente, informa que una vez recibida las denuncias presentadas por este colectivo, ha dado instrucciones a la subsecretaria del ministerio para que remita las denuncias, sobre la instalación de una central eléctrica en Los Pajales (Chío), al Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo.

La figura del Fiscal Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo adscrita a la Fiscalía General del Estado, es de reciente creación, según el Real Decreto 1552/2005 de 23 de diciembre, designando a Antonio Verchel Noruega, para este cargo de Fiscal de Primera categoría, según Real Decreto 365/2006 de 24 de marzo y, de esta manera “se responde a la decisión del Gobierno por luchar contra episodios como el recientemente ocurrido en el ayuntamiento de Marbella”, esta afirmación fueron hechas en una nota de prensa del Ministerio de Justicia, el 7 de abril de 2006, cuando se anuncia la creación de nuevas plazas de fiscalías, dos de ellas en apoyo a Antonio Verchel.

Los hechos que determinaron que Tagoror Achinech, eleve las denuncias al Ministerio de Medio Ambiente, ha sido el desamparo en que este colectivo se ha visto ante las administraciones Locales, Insulares y Autonómicas por el silencio administrativo mostrado ante las denuncias, escritos, alegaciones y recursos que desde el colectivo se han presentado. En estos documentos se ha puesto de manifiesto las irregularidades en que esta envuelto la instalación de las turbinas en Los Pajales, destacando que la vulneración de la ley 16/2002, que especifica que este tipo de instalaciones debe tener otorgada la Autorización Ambiental Integrada para su montaje, realizándose la instalación antes de la resolución pertinente. El incumplimiento del Real Decreto 2414/1961, que dispone que debe existir una distancia mínima de 2000 metros desde estas instalaciones hasta la población agrupada más cercana, cuando Chío se encuentra a 1.450 metros, Chiguergue a 1.850 y Guía de Isora a 2.050, existiendo edificios residenciales a una distancia inferior a 150 metros, siendo un agravio comparativo con la negación de una central eléctrica en Alange (Badajoz), por encontrarse a una distancia de 1.460 metros de la población. El incumplimiento del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), donde prohíbe que en la Áreas de Regulación Homogénea de Protección Económica 3 (calificado así Los Pajales), se lleve a cabo este tipo de instalaciones. El omitir lo especificado en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, donde no tiene cabida la Calificación Territorial para adaptar la zona a la instalación de este tipo de industria…

Una vez otorgada la Autorización Ambiental Integrada, al Autorización de la Dirección General de Industria y la Licencia Municipal, todas ellas recurridas por Tagoror Achinech, se llevan a cabo incumplimientos de las mismas, como el poner en funcionamiento los dos módulos, cuando sólo se autoriza a uno, el superar la 500 horas de funcionamiento anual que tienen autorizadas en la Autorización Ambiental Integrada y, la vulneración de la Ley de ruidos.

Todos estas circunstancias han sido denunciadas por Tagoror Achinech ante el Ayuntamiento de Guía de Isora, Cabildo de Tenerife y las distintas Consejerías del Gobierno de Canarias, sin que ninguna administración diese repuesta al colectivo, ni que se viese actuaciones que pudiesen dar a entender que se estaba actuando en ello, lo que el colectivo entiende que las distintas administraciones públicas han hecho dejación de sus funciones.

Tagoror Achinech valora positivamente la actitud de la Ministra de Medio Ambiente, en dar las intrusiones precisas para que se remita estas denuncias al Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, entendiendo que ha observado indicios de irregularidad en este proceso, de lo que nunca el colectivo ha tenido duda alguna y, tal como se anunció en su momento, nuestras quejas han tenido que trasladarse al Gobierno Central, por la ineptitud e inoperancia de las administraciones públicas de esta isla, las cuales aun están a tiempo de enmendar el daño hecho, revocando todas las licencias y autorizaciones dadas y, obligando a la compañía eléctrica al desmantelamiento de estas instalaciones.

Chío a, 19 de junio de 2006