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Lazos Rotos

Industria favorece a Unelco Endesa.

Asociaciones / Tagororachinech.- La respuesta que ha dado la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias al colectivo Tagoror Achinech, sobre el hecho de haber sobrepasado las 500 horas de uso las turbinas ubicada en Chío, ha demostrado el trato de favor que se le hace a la empresa monopolista eléctrica, pues para salvar este resquicio legal, La Dirección General emite una resolución que le otorga a Unelco-Endesa el privilegio de tener en funcionamiento durante seis meses de prueba las instalaciones que tienen en Los Pajales, sin que en este periodo se pueda computar como horas de funcionamiento, sino de “puesta a punto.”

Tagoror Achinech califica este hecho como una tomadura de pelo, pues a la vista de no poder justificar lo injustificable, han optado por facilitarle las pretensiones de la empresa eléctrica, sin tener en cuenta el daño que las turbinas ocasionan a las personas. Sin descartar que pueda existir otra irregularidad más en este proyecto, pues inexplicablemente la Ley 16/2002, dice que el objetivo de la misma es proteger el medio Ambiente y la salud de las personas y, posteriormente un organismo público emite resoluciones que contradigan la autorización que se ha sido objeto de la aplicación de esta Ley.

El colectivo cultural, que ha llevado a cabo la lucha contra estas turbinas, ha dirigido un escrito al Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, poniéndole de manifiesto esta circunstancia y, que su autoridad en aplicación de esta Ley ha quedado entredicho por la actitud de La Dirección General de Industria y Energía. Al mismo tiempo le ha pedido que explique lo que tiene que prevalecer y, que aclares porque no se ha intervenido en aplicar las medidas sancionadoras que prevé la Ley, por haber superado el tiempo de funcionamiento que le otorga la Autorización Ambiental Integrada.

Otro de los datos que expone el colectivo al Consejero de Medio Ambiente, es que en el acta de inspección de la Dirección General de Industria se hace constar: “que la instalación ejecutada contempla diferencias respeto del proyecto autorizado y aprobado que no han sido consideradas en el Certificado Final de Obra aportado, por lo que deberá justificarse cada uno de esos cambios.” Por lo que se entiende que se ha vulnerado el artículo 10 de la Ley 16/2002, que dice textualmente:

“…3. El titular de una instalación que pretenda llevar a cabo una modificación de la misma deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, indicando razonadamente, en atención a los criterios señalados en el apartado anterior, si considera que se trata de una modificación sustancial o no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos de las razones expuestas.

4. Cuando el titular de la instalación considere que la modificación proyectada no es sustancial podrá llevarla a cabo, siempre que el órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada no manifieste lo contrario en el plazo de un mes.

5. Cuando la modificación proyectada sea considerada por el propio titular o por el órgano competente de la Comunidad Autónoma como sustancial, ésta no podrá llevarse a cabo, en tanto no sea otorgada una nueva autorización ambiental integrada.”

El colectivo afirma en su escrito que éste no es justificante de aceptar la Autorización Ambiental Integrada, aprobada por resolución del 30 de enero de 2006, sino poner de manifiesto que incluso las resoluciones que ya de por si se han dado con irregularidades, son incumplidas, siendo cómplices las administraciones públicas, engordando de esta manera el volumen de incumplimientos legales que se han llevado a cabo en la instalación de las Turbinas en los Pajales.

En la respuesta dada al colectivo, la Dirección General de Industria, también expone que pude funcionar con “disponibilidad del equipo para casos justificados de emergencia y de pruebas de funcionamiento exigibles”, sin que se explique quien determina los casos justificados, o quien los controla, lo que se califica como dar carta blanca a Unelco.

Tagoror Achinech, critica pública y enérgicamente que la Dirección General de Industria y Energía no se pronuncie sobre la denuncia que este colectivo ha realizado a razón de los ruidos ensordecedores que emiten las dichosas turbinas y, que para solventar el periodo de funcionamiento hagan uso de recursos de dudosa legalidad.

Chío a, 7 julio 2006

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