Los vecinos afirman que las empresas de Riquel no tienen licencia municipal
Responsabilizan al Ejecutivo local del deterioro que padece el entorno de la playa de San Marcos. Continúa la polémica sobre la costa de Riquel, pero ya no es candente, sino que está que arde. Los vecinos de San Marcos se han puesto en pie de guerra ante lo que consideran un completo desinterés por parte del Gobierno municipal del PSOE, al que califican de "único responsable de esta situación". Tras la semana de plazo acordada en el encuentro que vecinos y Consistorio mantuvieron la semana anterior, no se ha alcanzado un acuerdo satisfactorio para todas las partes implicadas.
El lunes pasado volvieron a reunirse. En ese encuentro, la representación municipal, integrada por los concejales Maximino Fuentes, Bernardo Martín y José Alberto Ruiz, plantearon como solución esperar a que se apruebe el Plan General de Ordenación (PGO) del municipio, y una vez que entre en vigor el documento, fijar un plazo de dos años a las empresas para que desalojen la zona de Riquel. Esta salida no fue bien acogida por los miembros de la asociación de vecinos, que alegan que "hasta que se valide el PGO pasarán unos cinco años, a lo que hay que sumar los que se dan de margen, con lo que -continúa uno de los representantes vecinales- seguiremos siete años más en esta lamentable situación".
Ilegalidad. Pero aquí no acaba la cosa. Dos directivos de la Asociación de Vecinos San Marcos-Los Pescadores, José Herrera y Jorge León, basándose en documentos que tienen en su poder, confirmaron a DIARIO DE AVISOS que las empresas de Riquel carecen de licencia municipal, a excepción de una a la que se le concedió en 1981. No obstante, "este permiso está desfasado y no se adapta a la legislación medioambiental vigente", recalcan. De este modo, las actividades industriales que se llevan a cabo en el lugar son presuntamente ilegales.
Competencias. José Herrera subraya la "responsabilidad exclusiva" de la Administración local en cuanto a la problemática que padece el litoral de la Ciudad del Drago, puesto que "es la encargada de regular el funcionamiento de las empresas que desarrollan trabajos en su espacio, y de conceder los permisos".
Los representantes vecinales también replican las declaraciones que hizo días atrás el edil de Medio Ambiente, José Manuel Rolo, en las que incide en la culpabilidad del Cabildo de Tenerife, al calificar en el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) la zona de Riquel como de extracción de áridos. A este respecto, Jorge León, manifiesta que "el único que ha de implicarse y poner fin a todo esto es el Ayuntamiento de Icod, porque es el que tiene plenas competencias en el municipio". Este periódico se puso ayer en contacto con representantes del grupo de gobierno, al objeto de recoger su versión, pero rehusaron, por el momento, hacer declaraciones sobre el asunto.
Fuente: Dunia Quintero :: Diario de Avisos
El lunes pasado volvieron a reunirse. En ese encuentro, la representación municipal, integrada por los concejales Maximino Fuentes, Bernardo Martín y José Alberto Ruiz, plantearon como solución esperar a que se apruebe el Plan General de Ordenación (PGO) del municipio, y una vez que entre en vigor el documento, fijar un plazo de dos años a las empresas para que desalojen la zona de Riquel. Esta salida no fue bien acogida por los miembros de la asociación de vecinos, que alegan que "hasta que se valide el PGO pasarán unos cinco años, a lo que hay que sumar los que se dan de margen, con lo que -continúa uno de los representantes vecinales- seguiremos siete años más en esta lamentable situación".
Ilegalidad. Pero aquí no acaba la cosa. Dos directivos de la Asociación de Vecinos San Marcos-Los Pescadores, José Herrera y Jorge León, basándose en documentos que tienen en su poder, confirmaron a DIARIO DE AVISOS que las empresas de Riquel carecen de licencia municipal, a excepción de una a la que se le concedió en 1981. No obstante, "este permiso está desfasado y no se adapta a la legislación medioambiental vigente", recalcan. De este modo, las actividades industriales que se llevan a cabo en el lugar son presuntamente ilegales.
Competencias. José Herrera subraya la "responsabilidad exclusiva" de la Administración local en cuanto a la problemática que padece el litoral de la Ciudad del Drago, puesto que "es la encargada de regular el funcionamiento de las empresas que desarrollan trabajos en su espacio, y de conceder los permisos".
Los representantes vecinales también replican las declaraciones que hizo días atrás el edil de Medio Ambiente, José Manuel Rolo, en las que incide en la culpabilidad del Cabildo de Tenerife, al calificar en el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) la zona de Riquel como de extracción de áridos. A este respecto, Jorge León, manifiesta que "el único que ha de implicarse y poner fin a todo esto es el Ayuntamiento de Icod, porque es el que tiene plenas competencias en el municipio". Este periódico se puso ayer en contacto con representantes del grupo de gobierno, al objeto de recoger su versión, pero rehusaron, por el momento, hacer declaraciones sobre el asunto.
Fuente: Dunia Quintero :: Diario de Avisos
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