Ben Magec denuncia manipulación en el rechazo a proteger Granadilla.
La federación ecologista Ben Magec y la Plataforma Ciudadana contra el puerto de Granadilla afirmó este martes que posee un informe que deja constancia de que el acuerdo del Gobierno de Canarias de rechazo a la declaración del litoral Noreste de Granadilla como Reserva Natural Especial contiene "falsedades y manipulaciones".
Los ecologistas, que reiteran la petición de dimisión del consejero de Ordenación Territorial y Medio Ambiente, Augusto Lorenzo, afirman que este acuerdo sirvió de base a los grupos de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), para no aceptar la tramitación de una iniciativa popular y estiman que esta decisión es totalmente ilegal.
Anuncian que han remitido el informe al Diputado del Común, al que pedirán una reunión para "actúe con total contundencia dada la gravedad de los hechos".
En las conclusiones del informe se afirma que la iniciativa ciudadana para la protección de un espacio protegido es un derecho perfectamente recogido en todo tipo de disposiciones normativas y precisa que la documentación aportada por la comisión promotora es más completa que la aportada por otras iniciativas populares similares. Agrega que los impedimentos puestos por el Consejo Consultivo eran estrictamente sobre la admisibilidad o no de la iniciativa popular y agrega que la Mesa del Parlamento, al no notificar en ningún momento a la comisión promotora la necesidad de subsanar el defecto detectado por el Consejo Consultivo, dio por buena la documentación presentada, ya que sí que notificó su admisión a trámite.
Los ecologistas recuerdan que el dictamen del Consejo Consultivo sobre los aspectos puramente jurídicos se emite una vez que se ha tomado en consideración la iniciativa.
Además en las conclusiones del informe se precisa que una comisión promotora ciudadana no es un órgano que deba realizar una documentación técnicamente extensa, como puede ser el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales sino que al contrario lo que hace es transmitir una propuesta al Parlamento para que la tome en consideración y sea éste el que inste a los órganos competentes para que redacten los informes técnicos que completen la documentación que la ley requiere. Estima que las consideraciones jurídicas en contra a la toma en consideración emitidas por el Gobierno de Canarias se basan en argumentaciones falsas y manipuladas, y la más grave es la que afirma la falta de valores ambientales en la zona.
Los ecologistas y la comisión promotora señalan que existe la suficiente base jurídica, de acuerdo con los propios informes de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente para la iniciativa fuera tomada en consideración.
Por ello reiteran que el consejero Augusto Lorenzo mintió en el Parlamento al referirse al informe elaborado por su departamento.
En el informe se agrega que a pesar del rechazo pero dado la base jurídica que demuestra valores ambientales en la zona y teniendo en cuenta que la iniciativa contó con el respaldo masivo de los ciudadanos, el mayor prestado a una iniciativa popular, se deberá redactar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales para analizar si toda la zona propuesta o no debería ser protegida.
En opinión de los ecologistas, el rechazo a la toma consideración parece ir dirigido, más que a si la zona tiene o no valores naturales, a la perversión del derecho de los ciudadanos a la iniciativa de protección de un área natural y a la desmovilización ciudadana para utilizar la figura de la iniciativa popular en el Parlamento.
Agrega que este "ataque" sin precedentes a la participación ciudadana tiene como consecuencia el pago por la comisión promotora de unos 5.000 euros, que es lo que ha costado todo el proceso de la proposición de ley hasta su entrada en el Parlamento.
Fuente: Canarias Ahora
Los ecologistas, que reiteran la petición de dimisión del consejero de Ordenación Territorial y Medio Ambiente, Augusto Lorenzo, afirman que este acuerdo sirvió de base a los grupos de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), para no aceptar la tramitación de una iniciativa popular y estiman que esta decisión es totalmente ilegal.
Anuncian que han remitido el informe al Diputado del Común, al que pedirán una reunión para "actúe con total contundencia dada la gravedad de los hechos".
En las conclusiones del informe se afirma que la iniciativa ciudadana para la protección de un espacio protegido es un derecho perfectamente recogido en todo tipo de disposiciones normativas y precisa que la documentación aportada por la comisión promotora es más completa que la aportada por otras iniciativas populares similares. Agrega que los impedimentos puestos por el Consejo Consultivo eran estrictamente sobre la admisibilidad o no de la iniciativa popular y agrega que la Mesa del Parlamento, al no notificar en ningún momento a la comisión promotora la necesidad de subsanar el defecto detectado por el Consejo Consultivo, dio por buena la documentación presentada, ya que sí que notificó su admisión a trámite.
Los ecologistas recuerdan que el dictamen del Consejo Consultivo sobre los aspectos puramente jurídicos se emite una vez que se ha tomado en consideración la iniciativa.
Además en las conclusiones del informe se precisa que una comisión promotora ciudadana no es un órgano que deba realizar una documentación técnicamente extensa, como puede ser el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales sino que al contrario lo que hace es transmitir una propuesta al Parlamento para que la tome en consideración y sea éste el que inste a los órganos competentes para que redacten los informes técnicos que completen la documentación que la ley requiere. Estima que las consideraciones jurídicas en contra a la toma en consideración emitidas por el Gobierno de Canarias se basan en argumentaciones falsas y manipuladas, y la más grave es la que afirma la falta de valores ambientales en la zona.
Los ecologistas y la comisión promotora señalan que existe la suficiente base jurídica, de acuerdo con los propios informes de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente para la iniciativa fuera tomada en consideración.
Por ello reiteran que el consejero Augusto Lorenzo mintió en el Parlamento al referirse al informe elaborado por su departamento.
En el informe se agrega que a pesar del rechazo pero dado la base jurídica que demuestra valores ambientales en la zona y teniendo en cuenta que la iniciativa contó con el respaldo masivo de los ciudadanos, el mayor prestado a una iniciativa popular, se deberá redactar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales para analizar si toda la zona propuesta o no debería ser protegida.
En opinión de los ecologistas, el rechazo a la toma consideración parece ir dirigido, más que a si la zona tiene o no valores naturales, a la perversión del derecho de los ciudadanos a la iniciativa de protección de un área natural y a la desmovilización ciudadana para utilizar la figura de la iniciativa popular en el Parlamento.
Agrega que este "ataque" sin precedentes a la participación ciudadana tiene como consecuencia el pago por la comisión promotora de unos 5.000 euros, que es lo que ha costado todo el proceso de la proposición de ley hasta su entrada en el Parlamento.
Fuente: Canarias Ahora
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