Cuando uno piensa en un ladrón, dejando aparte al delincuente habitual, surge una figura: el político corrupto.
El siguiente artículo remitido a nuestra redacción por Latigonegro, lo publicó inicialmente en el foro de opinión de Icod Libre el día 5 de julio de 2004, según él mismo nos indica.
La corrupción constituye una forma de adquirir riqueza y poder y se vincula por un lado, a algunos políticos que viven de la política y que buscan el poder y el cargo público para enriquecerse una vez llegado a él; y por otro, se vincula a las prácticas de un sector del empresariado fraudulento que casi por principio busca el privilegio que les da el poder político, ya sea ostentándolo o medrando a su costa. Obteniendo con ello el enriquecimiento fácil, la competencia desleal y los pingües beneficios que les reporta sus negocios con los distintos estamentos del Estado, léase Cabildos, Ayuntamientos, etc...
Esta clase empresarial siempre genera corrupción porque es su modo natural de acumular riqueza, poder o ambos. Estos intereses compartidos con los políticos corruptos ha hecho que conformen una nueva casta que detenta al mismo tiempo el poder político y económico.
Pero también es evidente que existe un sustrato cultural muy arraigado en la sociedad canaria que favorece esta situación: la persistencia de una cultura política del pelotazo, el amiguismo, el enchufismo, los favores... que considera "natural" el abuso del poder y la apropiación privada de los recursos públicos por los gobernantes. Esta conducta no está mal vista por amplios segmentos de la población.
No es exagerado afirmar que la impunidad y la indiferencia (impotencia) se han instalado en la sociedad canaria, porque esta carece de una cultura general de respeto a las leyes y que no existen casi expectativas de castigo para quienes delinquen o cometen actos de corrupción en la función pública o en cualquier ámbito.
La corrupción pública y privada está amparada, protegida por una Justicia incapaz de investigar y castigar ejemplarmente y por una ciudadanía que en general exhibe una actitud pasiva, complaciente y/o connivente con la corrupción.
Son los sectores mejor informados y con cierta organización los que manifiestan alguna preocupación y exigen el castigo a las autoridades ante las ilegalidades que se denuncian a diario en todos los medios de comunicación, bien sea en la prensa escrita, televisión o radio, pero estas denuncias, en algunos casos interesadas y manipuladas, no se traducen aún en una reacción colectiva moralizante como ha ocurrido en otros países.
La corrupción constituye una forma de adquirir riqueza y poder y se vincula por un lado, a algunos políticos que viven de la política y que buscan el poder y el cargo público para enriquecerse una vez llegado a él; y por otro, se vincula a las prácticas de un sector del empresariado fraudulento que casi por principio busca el privilegio que les da el poder político, ya sea ostentándolo o medrando a su costa. Obteniendo con ello el enriquecimiento fácil, la competencia desleal y los pingües beneficios que les reporta sus negocios con los distintos estamentos del Estado, léase Cabildos, Ayuntamientos, etc...
Esta clase empresarial siempre genera corrupción porque es su modo natural de acumular riqueza, poder o ambos. Estos intereses compartidos con los políticos corruptos ha hecho que conformen una nueva casta que detenta al mismo tiempo el poder político y económico.
Pero también es evidente que existe un sustrato cultural muy arraigado en la sociedad canaria que favorece esta situación: la persistencia de una cultura política del pelotazo, el amiguismo, el enchufismo, los favores... que considera "natural" el abuso del poder y la apropiación privada de los recursos públicos por los gobernantes. Esta conducta no está mal vista por amplios segmentos de la población.
No es exagerado afirmar que la impunidad y la indiferencia (impotencia) se han instalado en la sociedad canaria, porque esta carece de una cultura general de respeto a las leyes y que no existen casi expectativas de castigo para quienes delinquen o cometen actos de corrupción en la función pública o en cualquier ámbito.
La corrupción pública y privada está amparada, protegida por una Justicia incapaz de investigar y castigar ejemplarmente y por una ciudadanía que en general exhibe una actitud pasiva, complaciente y/o connivente con la corrupción.
Son los sectores mejor informados y con cierta organización los que manifiestan alguna preocupación y exigen el castigo a las autoridades ante las ilegalidades que se denuncian a diario en todos los medios de comunicación, bien sea en la prensa escrita, televisión o radio, pero estas denuncias, en algunos casos interesadas y manipuladas, no se traducen aún en una reacción colectiva moralizante como ha ocurrido en otros países.
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