El juez tomará declaración al alcalde como imputado por el asunto de Riquel.
El mandatario responderá por un delito contra la ordenación del territorio. El alcalde de Icod de los Vinos, Juan José Dorta, acudirá el próximo lunes, 7 de marzo, al juzgado de instrucción del municipio para declarar ante el juez como imputado por un delito contra la ordenación del territorio tras la admisión a trámite de una querella criminal interpuesta por una asociación de vecinos contra él y cinco empresas radicadas en el paraje costero de Riquel.La comparecencia ante el juzgado de instrucción de Icod de los Vinos del alcalde será el próximo lunes después de la admisión a trámite de una querella criminal interpuesta por la asociación de vecinos San Marcos contra el mandatario municipal y los responsables de cinco empresas radicadas en el paraje costero de Riquel, considerado un espacio protegido.
El juez tomará declaración al alcalde para que explique las razones del consistorio para la autorización de actividades para cinco empresas, dos de desguaces y el resto de extracción de áridos, en un paraje protegido y en el cual la Consejeria de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias tiene catalogadas varias especies de flora autóctona como endemismos.
Negativa a recoger la citación. Se da la circunstancia, según informaron fuentes judiciales, que cuando el juzgado remitió la citación al alcalde de la citada localidad norteña para que fuera a recogerla, éste llamó al juzgado pidiendo que en su lugar fuese la secretaria, a lo que respondió el titular del juzgado que si no iba personalmente a buscarla en menos de dos horas lo iría a buscar la Guardia Civil como detenido para que recogiese la citación.
En dicha comparecencia la acusación formulará preguntas relacionadas a la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio por parte de Juan José Dorta e igualmente sobre la destrucción de flora autóctona clasificada como endémica y protegida por leyes autonómicas superiores a cualquier mandamiento municipal.
Así mismo, fuentes cercanas a la asociación de vecinos han señalado que después de la declaración del alcalde pasarán por el juzgado los responsables de las empresas que están instaladas en este espacio protegido. "Esperamos que la justicia tenga en cuenta nuestros planteamientos y se repare este salvaje expolio", concluyeron las citadas fuentes.
Fuente: La Opinión de Tenerife
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