El juez ordena la suspensión cautelar de las obras del Atlante.
Los vecinos, tras cinco días acampados en la zona, logran la paralización formal de los trabajos. Después de cinco días de acampada y de una prolongada protesta pública, los vecinos del entorno del Teatro Atlante han logrado lo que en principio parecía una quimera: paralizar formalmente el reinicio del derribo del histórico cine y de cinco casas colindantes.
El juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Orotava ordenó ayer la suspensión cautelar de las obras de demolición. De esta manera, se pone freno a la ejecución en la zona del proyecto inmobiliario impulsado por la empresa Pejomar, que contempla la construcción un edificio de 10 plantas, 50 viviendas y 300 aparcamientos.
El auto judicial, contra el que cabe recurso de reforma o apelación, se fundamenta en la necesidad de concluir las investigaciones surgidas a raíz de la instrucción de las denuncias formuladas en su momento por la Coordinadora Ecologista Popular El Rincón contra el alcalde de La Orotava y el consejero insular de Patrimonio por presunta prevaricación. En la orden se subraya que habrá que dilucidar "si se ha incurrido en la comisión de hechos constitutivos de infracción criminal que pudieran afectar al patrimonio histórico de la Villa". A este respecto, señala que en la resolución de la Consejería de Cultura y Patrimonio del Cabildo de Tenerife, con fecha de 22 de julio de 2004, por la que se que delimita el casco histórico orotavense, "no se determina si estos inmuebles se incluyen o no en este conjunto".
El juez concluye que es "razonable" que hasta que la instrucción no aclare este aspecto, y para evitar que la continuación de las obras de demolición pudieran causar "consecuencias irreversibles" en el patrimonio local, se proceda a la paralización cautelar de los trabajos. El auto judicial, comunicado a los concentrados sobre las seis de la tarde, causó la lógica explosión de júbilo entre los presentes.
Abrazos, gritos, cánticos y también lágrimas emocionadas, mostraban la lógica alegría de los vecinos en el improvisado campamento ubicado en las confluencias de las calles San Sebastián y Juan Padrón. No obstante, a pesar de esta buena nueva, los afectados no se fían, y ante la imposibilidad de proceder de inmediato a la retirada de la pala que permanece en la zona, tal y como se desprende de la resolución judicial, algunos de ellos decidieron pasar de nuevo la noche en vela. El día de ayer era clave en el desenlace parcial de este conflicto, después de las tranquilas jornadas del sábado y domingo, que siguieron a las moviditas del jueves y el viernes, marcadas por una enorme tensión y por la intervención policial.
Los vecinos del entorno, aglutinados en el denominado movimiento ciudadano Atlante, apoyados por partidos políticos de la oposición como IpO y PSOE-IUC, y por miembros de la Coordinadora Ecologista El Rincón, han mostrado durante todos estos días su rechazo a un "macroproyecto inmobiliario" en la zona, además de manifestar las incertidumbres en materia de seguridad que se derivarían de una actuación en la que se prevé excavar hasta 20 metros de profundidad. Sin embargo, Pejomar, la empresa propietaria del terreno e impulsora del proyecto, recalca que posee los permisos legales para proceder a estas obras, aspecto que avala el Ayuntamiento de La Orotava.
Los afectados habían puesto sus esperanzas en la justicia y en la mediación del Cabildo de Tenerife para llegar a una solución satisfactoria, aunque esta última institución no ha querido postularse sobre la polémica. Desde la Corporación insular se declinó ayer hacer ningún tipo de comentario al respecto. El Cabildo argumenta que ya la Comisión de Patrimonio se ha reunido dos veces para estudiar el expediente del 'Atlante', y asegura que ninguno de los inmuebles tiene el suficiente valor patrimonial.
Pleno extraordinario. Como medida complementaria, los partidos de la oposición, excepto el PP, presentaron ayer la solicitud de convocatoria de un pleno extraordinario para tratar de manera monográfica este asunto. La normativa legal da un plazo máximo de 21 días para la celebración de un pleno de estas características. Los ocho concejales firmantes quieren que el alcalde de La Orotava, Isaac Valencia, informe sobre todos los hechos ocurridos desde el pasado jueves, y explique la concesión de las licencias de demolición y edificación en la obra del Teatro Atlante. También exigen la creación de una comisión de seguimiento y estudio en la que estén representadas las partes implicadas, los técnicos del Ayuntamiento y los portavoces de los diferentes grupos políticos. Paralelamente a estas actuaciones, siguen su curso las denuncias entre los vecinos y la empresa, a raíz de los acontecimientos del jueves y el viernes. El propietario de Pejomar, José López, ha presentado acciones judiciales por presuntas coacciones. Ayer, la Policía Local trataba de identificar a las personas denunciadas por el empresario. El movimiento vecinal alertó de irregularidades relacionadas con el proceso de comparecencia.
Fuente: Diario de Avisos
El juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Orotava ordenó ayer la suspensión cautelar de las obras de demolición. De esta manera, se pone freno a la ejecución en la zona del proyecto inmobiliario impulsado por la empresa Pejomar, que contempla la construcción un edificio de 10 plantas, 50 viviendas y 300 aparcamientos.
El auto judicial, contra el que cabe recurso de reforma o apelación, se fundamenta en la necesidad de concluir las investigaciones surgidas a raíz de la instrucción de las denuncias formuladas en su momento por la Coordinadora Ecologista Popular El Rincón contra el alcalde de La Orotava y el consejero insular de Patrimonio por presunta prevaricación. En la orden se subraya que habrá que dilucidar "si se ha incurrido en la comisión de hechos constitutivos de infracción criminal que pudieran afectar al patrimonio histórico de la Villa". A este respecto, señala que en la resolución de la Consejería de Cultura y Patrimonio del Cabildo de Tenerife, con fecha de 22 de julio de 2004, por la que se que delimita el casco histórico orotavense, "no se determina si estos inmuebles se incluyen o no en este conjunto".
El juez concluye que es "razonable" que hasta que la instrucción no aclare este aspecto, y para evitar que la continuación de las obras de demolición pudieran causar "consecuencias irreversibles" en el patrimonio local, se proceda a la paralización cautelar de los trabajos. El auto judicial, comunicado a los concentrados sobre las seis de la tarde, causó la lógica explosión de júbilo entre los presentes.
Abrazos, gritos, cánticos y también lágrimas emocionadas, mostraban la lógica alegría de los vecinos en el improvisado campamento ubicado en las confluencias de las calles San Sebastián y Juan Padrón. No obstante, a pesar de esta buena nueva, los afectados no se fían, y ante la imposibilidad de proceder de inmediato a la retirada de la pala que permanece en la zona, tal y como se desprende de la resolución judicial, algunos de ellos decidieron pasar de nuevo la noche en vela. El día de ayer era clave en el desenlace parcial de este conflicto, después de las tranquilas jornadas del sábado y domingo, que siguieron a las moviditas del jueves y el viernes, marcadas por una enorme tensión y por la intervención policial.
Los vecinos del entorno, aglutinados en el denominado movimiento ciudadano Atlante, apoyados por partidos políticos de la oposición como IpO y PSOE-IUC, y por miembros de la Coordinadora Ecologista El Rincón, han mostrado durante todos estos días su rechazo a un "macroproyecto inmobiliario" en la zona, además de manifestar las incertidumbres en materia de seguridad que se derivarían de una actuación en la que se prevé excavar hasta 20 metros de profundidad. Sin embargo, Pejomar, la empresa propietaria del terreno e impulsora del proyecto, recalca que posee los permisos legales para proceder a estas obras, aspecto que avala el Ayuntamiento de La Orotava.
Los afectados habían puesto sus esperanzas en la justicia y en la mediación del Cabildo de Tenerife para llegar a una solución satisfactoria, aunque esta última institución no ha querido postularse sobre la polémica. Desde la Corporación insular se declinó ayer hacer ningún tipo de comentario al respecto. El Cabildo argumenta que ya la Comisión de Patrimonio se ha reunido dos veces para estudiar el expediente del 'Atlante', y asegura que ninguno de los inmuebles tiene el suficiente valor patrimonial.
Pleno extraordinario. Como medida complementaria, los partidos de la oposición, excepto el PP, presentaron ayer la solicitud de convocatoria de un pleno extraordinario para tratar de manera monográfica este asunto. La normativa legal da un plazo máximo de 21 días para la celebración de un pleno de estas características. Los ocho concejales firmantes quieren que el alcalde de La Orotava, Isaac Valencia, informe sobre todos los hechos ocurridos desde el pasado jueves, y explique la concesión de las licencias de demolición y edificación en la obra del Teatro Atlante. También exigen la creación de una comisión de seguimiento y estudio en la que estén representadas las partes implicadas, los técnicos del Ayuntamiento y los portavoces de los diferentes grupos políticos. Paralelamente a estas actuaciones, siguen su curso las denuncias entre los vecinos y la empresa, a raíz de los acontecimientos del jueves y el viernes. El propietario de Pejomar, José López, ha presentado acciones judiciales por presuntas coacciones. Ayer, la Policía Local trataba de identificar a las personas denunciadas por el empresario. El movimiento vecinal alertó de irregularidades relacionadas con el proceso de comparecencia.
Fuente: Diario de Avisos
0 comentarios