Brevísimo repertorio cronológico sobre la corrupción en Canarias.

Desde luego que sería muy interesante abordar una simple relación de los casos denunciados sobre corrupción en Canarias en estos últimos tiempos. Igual, algún día de estos, nos detendremos en ello. Pero hoy simplemente vamos detallar, muy someramente, algunas de las manifestaciones vertidas sobre este asunto. No pretendemos exponer, ni mucho menos, un listado exhaustivo pero, sin duda, la selección que presentamos les resultará bastante significativa. Probablemente podríamos haber ampliado el marco temporal pero, por razones obvias, hemos decidido centrar nuestra atención en este último año 2004-05, aunque, eso si, iniciamos este breve repaso con un testimonio excepcional de 2001 por su alto valor. Así pues, estimado lector, saque Ud. mismo sus propias conclusiones.

5 de diciembre 2001. Guillermo Guigu denuncia que “la situación de Canarias no tiene precedentes y la de mi partido, tampoco. No quiero quedarme y participar de lo que ocurre, no me siento con fuerza moral y me produce náuseas el entreguismo de la clase política hacia los intereses de cierta parte de los empresarios, que han pervertido, yo diría corrompido, el ejercicio de la democracia en Canarias. Eso es realmente lo que pienso, y por ello opto por la decisión de abandonar”.

25 de abril 2004. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aseguraba que "en las Islas se cuecen negocios millonarios con la complicidad de los poderes públicos".

12 de mayo 2004. En la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el ministro de Justicia reiteró la "preocupación de la sociedad canaria por el tráfico de influencias que ve en el Gobierno nacionalista".

21 de junio de 2004. La Plataforma en Defensa de La Orotava formulaba una serie de hipótesis sobre lo que serían las distintas fases del proceso hacia la corrupción. De esta manera, el camino se abriría con el trato de favor que recibirían algunos promotores o constructores "y que se reflejaría en la permisividad con respecto a ciertas irregularidades cometidas, o la recalificación de terrenos en función de sus intereses; y acabaría con el control de la política municipal a cargo de esas mismas fuerzas que controlan buena parte de la actividad urbanística. De manera que habrían partidos y candidatos a la alcaldía dirigidos por grupos de delincuencia organizada".

31 de julio 2004. El Gobierno central, por medio de una respuesta parlamentaria por escrito, muestra “su coincidencia con lo expresado por el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, a propósito de la degradación democrática en Canarias y la corrupción de los poderes públicos”.

3 de agosto 2004. El presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín Menis, advertía que no ayudaba a las relaciones con el Ejecutivo español “el hecho de que desde el gabinete liderado por José Luís Rodríguez Zapatero se denuncie severa degradación democrática y corrupción en el Archipiélago”. Asimismo Adán Martín anunciaba contundencia con Madrid tras la denuncia sobre corrupción y consideraba la manifestación oficial, como inadecuada y advirtió que “una vez que tenga en su mano el documento, será más duro y contundente en sus manifestaciones al respecto”.

24 de octubre 2004. Asamblea por Tenerife denunciaba los muchos indicios de corrupción en Canarias y reclamaba una delegación de la Fiscalia Anticorrupción en Canarias. Asimismo la Coordinadora de Pueblos y Barrios del área metropolitana de Tenerife solicitaba, en una reunión al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, el establecimiento de una delegación de la Fiscalía Anticorrupción en Canarias ante los indicios suficientes de delito que a su juicio existen en las Islas.

28 de octubre de 2004. El presidente del grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife, Antonio Martinón, afirmaba que "sí hay corrupción en Canarias, más incluso que en el resto de España”.

17 noviembre de 2004. El Consejo Fiscal aprobaba que las fiscalías de Las Palmas y de Tenerife dispusieran de un fiscal anticorrupción en ambas provincias.

21 de noviembre de 2004. Coalición Canaria de Gran Canaria advertía “que la corrupción persiste en el Archipiélago”. Y el Alcalde de Aguímes, Antonio Morales, hacia un llamamiento “a la transparencia y la honradez y alertó de la peligrosa connivencia entre unos pocos empresarios y unos pocos políticos, al margen de ideologías y de compromisos sociales".

15 de enero de 2005. La consejera autonómica del PP Australia Navarro “no considera prioritario una delegación de la Fiscalía Anticorrupción en Canarias”.

26 de enero de 2005. González Izquierdo, secretario general de CC.OO. en Canarias, alertaba sobre “la vinculación políticos-empresarios en Canarias y de la perversión democrática existente en el Archipiélago como consecuencia de la excesiva relación de los poderes empresariales y políticos".

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