La carestía de la vida se dispara en Canarias.

Mientras algunos agentes sociales y el gobierno se alegraban de la bajada en medio punto del IPC en el mes de julio, el coste de la vida contante y sonante suponía para la mayoría una cuesta arriba en su día a día. Y es que una cosa es el Índice de Precios al Consumo (IPC) oficial y otra es la carestía real con la que tenemos que lidiar a diario.

En esos índices oficialistas no se tiene en cuenta la subida que han sufrido productos básicos como el transporte, vivienda o educación, que el precio de los carburantes haya subido un 25 % en lo que va de año o que la bombona doméstica de gas haya pasado de 9´50 euros a costar 10´20 euros, entre otras muchas subidas de productos básicos.

El falso IPC oficial no responde a pautas reales de consumo y necesidades de la mayoría social de Canarias, especialmente de quienes tienen dificultad para llegar a final de mes. Se toman para su cálculo unos elementos que no son los usuales para la mayoría de la gente. Y así sale un IPC distorsionado.

Sólo así pueden aparecer unos índices de precio al consumo como el de julio en el que no se tienen en cuenta parámetros tan decisivos como la cesta de la compra media de la población, el que muchos tengan que utilizar el vehículo privado para ir al trabajo ante un deficiente y caro transporte público o simplemente comprar una bombona para cocinar. Hay que tener en cuenta además que en le mes de julio se ponen en marcha las conocidas "rebajas" por parte de ciertos comercios. Todo ello da al traste con unas camufladas cifras oficiales.

Con los productos alimenticios ha pasado más de lo mismo, a pesar de que en Canarias existen las subvenciones del Régimen Especial de Abastecimiento (REA) Pero estas ayudas del REA son acaparadas por unas contadas grandes empresas cárnicas y lácteas. Y es que el REA es una de las tantas estafas legales existentes en las islas. Como denunciaba hace unos días la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) las ayudas no llegan al pequeño productor agrario y ganadero ni benefician al consumidor.

Por otro lado, la incorporación del Estado español al euro ha contribuido a propiciar una mayor carestía y a una pérdida enorme de poder adquisitivo entre los sectores populares que dependen de mísero salario o de bajos ingresos para sobrevivir. Son estos sectores los que se tienen que rebelar ante esta situación, haciendo un frente común para luchar por la recuperación de su poder adquisitivo.

Si tenemos en cuenta que la mayoría de la población en Canarias es asalariada, podemos concluir que esta es una cuestión que afecta a amplias capas de la población y que por tanto es una cuestión de interés general. En Canarias, esta situación se ve agravada por el hecho de que la media salarial esta muy por debajo de la media estatal o por el hecho de que una parte amplia de la población está excluida del proceso productivo y ha sido empobrecida por el sistema.

Todo ello, hace aún más insólitas las declaraciones de las cúpulas dirigentes de CCOO y UGT saludando una hipotética bajada del IPC, que con la que llueve no se cree nadie. Estas directivas no parecen tener ni los pies ni la cabeza en las señaladas realidades sociales. Comisiones Obreras de Canarias hizo público un comunicado en el que "considera que los precios en Canarias evolucionan de una forma aceptable, después de conocerse un descenso del 0,5% en el IPC de julio" y además señala su preocupación por la productividad de las empresas por lo que "deben ponerse en funcionamiento los mecanismos para paliar la pérdida acumulada de competitividad del tejido socioeconómico".

Los asalariados podrían recuperar el poder adquisitivo perdido por medio de la negociación colectiva, por medio de sus convenios laborales y llegado el caso con la presión social, pero aquí se tropiezan con las políticas sindicales de las cúpulas señaladas que establecen contenciones salariales en nombre del progreso, de la productividad o cualquier otra lisonja del gusto de la patronal.

Por otro lado están una parte importante de los asalariados que no están organizados (trabajadores eventuales, inmigrantes,...) para los que todo esto empeora su existencia, o bien los empleados públicos a los que el gobierno de turno les determina sus salarios y que ya sufrieron varias congelaciones en los mismos por parte de sucesivos gobiernos.

Frente a una subida galopante de la carestía es necesario que se organicen respuestas de los asalariados y de otros sectores sociales populares exigiendo soluciones, yendo a las causas que la producen. Es necesario que los salarios en Canarias respondan a las necesidades de los trabajadores, que le permitan afrontar una existencia digna, que estos cuenten con cláusulas de revisión en función de las subidas reales del coste de la vida y que desde las distintas Administraciones públicas se implemente una auténtica política social que responda a las necesidades planteadas por la población en todos los ámbitos. Es necesario enfrentar políticas fiscales injustas y exigir todas aquellas medidas que mejoren la realidad de la mayoría social de Canarias.

Frente a la subida del IPC su correlato es la subida salarial automática, eso sería lo justo. Pero eso tendría que ir parejo a un gran nivel de organización, conciencia y lucha de los trabajadores. El reto está planteado.

Manuel de la Rosa Hernández

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