Izquierda Unida solicita que el Congreso apruebe una declaración institucional en el 30 aniversario de los últimos fusilamientos del franquismo.

Medios alternativos / Rebelión.- El Grupo Parlamentario de Izquierda Verde IU-ICV, a través de su diputada y secretaria cuarta de la Mesa de la Cámara, Isaura Navarro, ha trasladado al presidente del Congreso, Manuel Marín, un texto de declaración institucional, coincidiendo con la fecha del 30 aniversario de los últimos cinco fusilamientos ejecutados por la dictadura del general Francisco Franco. Navarro ha solicitado a la Presidencia que la declaración sea leída en el Pleno del Congreso.

La diputada de Izquierda Unida considera que “a tres décadas vista del final de una dictadura franquista que durante casi 40 años impidió la llegada de la libertad y de la democracia a nuestro país, estimamos de justicia que el Parlamento, como máxima expresión de la voluntad de los ciudadanos, recuerde sucesos que nunca debieron ocurrir, como estas cinco ejecuciones, para valorar así más si cabe los logros conseguidos desde entonces y el largo camino que todos hemos recorrido para dotarnos de un sistema democrático que hubiera sido más difícil de alcanzar sin el trabajo y sacrificio de quienes en todo momento se opusieron a la dictadura”.

Navarro recuerda que “con iniciativas de este tipo lo que buscamos es demostrar que los partidos somos capaces de hacer un alto en nuestras legítimas diferencias políticas cotidianas, que no son más que reflejo de los distintos puntos de vista con los que pretendemos mejorar el presente y el futuro de la sociedad española, y podamos demostrar el respeto que las fuerzas democráticas sentimos por la libertad, la vida de todo ser humano y la tajante condena del recurso a la violencia y a la muerte, venga de donde venga, como forma de dirimir las diferencias”.

El texto íntegro de la declaración presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde IU-ICV es el siguiente:

“En el amanecer del 27 de septiembre de 1975 se ejecutaron las penas de muerte contra Ángel Otaegui Echevarría, José Humberto Baena Alonso, Ramón García Sanz, José Luis Bravo Solla y Juan Paredes Mano. Fueron los últimos condenados a muerte y ejecutados por el régimen franquista, que desoyó la petición de clemencia.



Treinta años más tarde, con una democracia consolidada, sustentada en la Constitución de 1978 y en un Estado de Derecho donde se abolió la pena de muerte, el Congreso de los Diputados quiere recordar estos hecho y manifestar el reconocimiento a la labor de todos aquellos ciudadanos de bien que intentaron detener esa barbarie y mandar nuestra solidaridad a las familias de los ejecutados, todo ello como testimonio de un Congreso de los Diputados donde impera el diálogo y el respeto por las libertades y por el más importante de los derechos que es la vida del ser humano.



Reiterando nuestra condena a todos aquellos regímenes en los que todavía perdura la pena de muerte”.