Manifiesto contra la privatizacion del agua en Santa Cruz de Tenerife.

Canarias Digital / Rebelión.- El agua es vida, no negocio. El agua es un bien social, estratégico, medioambiental, de salud y cultural; es imposible pensar en la vida y la realidad sin el agua. Son tantos los valores, usos y, en definitiva, es tal la importancia del agua, que cualquier acción que se deba llevar en torno a ella debería estar largamente meditada y dialogada.

Precisamente la ausencia de diálogo, de transparencia y de reflexión, es la primera carencia que detectamos en la privatización de la empresa municipal de aguas de Santa Cruz de Tenerife (EMMASA) y uno de los principales motivos que nos han impulsado a la constitución de una Mesa del Agua, que posibilite la información y el debate que el Gobierno Municipal quiere hurtar a la ciudadanía Tinerfeña.

Coalición Canaria y el Partido Popular pretenden entregar el patrimonio acumulado durante décadas por los ciudadanos y ciudadanas de Santa Cruz, en su servicio de aguas, a unos pocos elegidos que puedan acceder a tan suculento negocio. Esta privatización supone una evidente merma de la soberanía popular en la gestión de lo público y por lo tanto una reducción de la democracia participativa en beneficio de intereses privados, sobre los que los ciudadanos no tenemos ninguna capacidad de control.

Este tremendo ataque a los intereses sociales de los tinerfeños se traduce en un regalo del inmenso patrimonio que actualmente posee EMMASA a la empresa privada que compre las 212 acciones (94% del capital social de la empresa), por el ridículo precio de 1.270.000 euros. Esta empresa también contará con un mercado monopolista cautivo, que tendrá todos los inconvenientes de la privatización y ninguna de sus teóricas ventajas. Como se ve es un negocio redondo.

Las organizaciones y ciudadanos que conformamos la Mesa del Agua de Santa Cruz de Tenerife, abajo firmantes, nos oponemos rotundamente a la privatización de EMMASA, por las razones expuestas y porque además:

- EMMASA está considerada por todos los tinerfeños como una empresa modélica, que da un servicio de calidad a un precio razonable, por lo que su privatización es una doble irresponsabilidad, porque nadie puede asegurar, mas bien lo contrario, que la empresa resultante mantenga tan siquiera los niveles de eficiencia actual.

- La improvisación de la privatización, viene avalada por la inexistencia de estudios previos que analicen la viabilidad de la empresa privatizada y sus ventajas respecto a la empresa municipal actual. Si no se aseguran ventajas para los ciudadanos, cabe preguntarse a qué particulares beneficiará la privatización.

- La inclusión en el contrato de un canon de 49 millones de euros a pagar por el adjudicatario al Ayuntamiento, que parece ser uno de los auténticos móviles de la privatización, además de constituir un auténtico despropósito, va a repercutir negativamente en el recibo del agua a pagar por los ciudadanos. Su recuperación por parte del socio privado se realizará irremediablemente a través del único instrumento que tiene para compensar los costes de la operación: el incremento de las tarifas.

- La venta a un socio privado del 94% del capital social de la nueva empresa supone dejar “de facto” el control de las decisiones estratégicas y de la actividad cotidiana a los intereses privados, y ello a pesar de las hipotéticos controles que el Ayuntamiento incluya en el Pliego de Condiciones del Concurso.

- Por último el proceso de decisión llevado a cabo por el Ayuntamiento ha significado una burla a la soberanía de los ciudadanos. La decisión de la privatización se ha realizado, con nocturnidad y alevosía, sin participación de los grupos municipales de la oposición y sin establecer un proceso de debate con las entidades ciudadanas. Su prisa ha llevado al Gobierno Municipal a incumplir los plazos y condiciones que la Ley impone para garantizar la información y la legalidad ante un tema tan trascendente.

Por ello las organizaciones y ciudadanos que conformamos la Mesa del Agua de Santa Cruz de Tenerife, nos fijamos como principal objetivo la paralización del proceso de privatización de EMMASA, comprometiéndonos a movilizar para este fin a la ciudadanía, y utilizar todos los recursos a nuestro alcance: la información veraz, la voluntad, la exigencia de la legalidad y la apelación a la dignidad ciudadana.

27 de septiembre de 2005