Este pelotazo nos costará una importante cantidad de dinero -unos dos mil millones de las antiguas pesetas- en concepto de indemnizaciones y la actualización del valor de las fincas expropiadas.
Prensa Alternativa (Icod de los Vinos) / Redacción.- El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ordenado en el mes de septiembre la restitución de los inmuebles -44 y 46 de la calle del Castillo y el 5 de Teobaldo Power- utilizados para la ampliación del Parlamento. Esta decisión judicial se produjo tras declarar en marzo el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de la ley aprobada por el Parlamento de Canarias que en 1992 dispuso la expropiación forzosa de tres edificios en la capital tinerfeña para ampliar la sede del Parlamento de Canarias.
La ampliación del Parlamento canario comenzó el 20 de enero de 1997 y contó con un presupuesto de 856.302.483 pesetas. Las nuevas instalaciones fueron inauguradas el 30 de mayo de 1999.
Los propietarios del inmueble número 46 de la calle del Castillo presentaron el 3 de octubre de 1991, casi seis meses antes de que fuera promulgada la ley para expropiarlos, una propuesta para vender este edificio a la Cámara autonómica por 650 millones de pesetas y que estuvo en vigor hasta el 20 de noviembre de ese año. Este pelotazo nos costará una importante cantidad de dinero -unos dos mil millones más de las antiguas pesetas- en concepto de indemnizaciones y la actualización del valor de las fincas expropiadas.
El parlamento de Canarias, los parlamentarios, los políticos canarios han dado una muestra más de la política de rapiña que quienes dicen representarnos han practicado en el pasado y lo siguen haciendo en el presente.
Es importante recordar que aún forman parte del Parlamento de Canarias cerca de una decena de aquellos "parlamentarios" que traicionaron el mandato popular no anteponiendo los intereses de los ciudadanos al de las intituciones, y quien sabe si a algún interés particular.
Parlamentarios -de todos los partidos- que crearon y aprobaron con alevosía y premeditación una ley que lesionaba los intereses de los propietarios de las fincas. Cree el ladrón que todos son de sus misma condición.
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