APC exige que se hagan públicas las cantidades destinadas a la enseñanza privada por la adiministración.

La organización nacionalista de izquierdas considera oportuna la comparecencia del responsable de educación del gobierno autónomo, para que diga las cantidades y porcentajes que el ejecutivo concede a la escuela concertada en relación a la enseñanza pública.

Desde el punto de vista de APC, las protesta de la derecha española y del sector más reaccionario de la Iglesia católica contra la LOE no tienen sentido alguno, salvo la desestabilización del Estado. Y no tienen razón alguna puesto que la política educativa del gobierno socialista desde los tiempos de González ha sido la de favorecer totalmente los intereses de la Iglesia y de la privatización del sector educativo.

“El decreto de concertación de 1985 consagró el sostenimiento de la escuela privada con fondos públicos, pero sobre todo significó la renuncia del ejecutivo socialdemócrata a dotar a la escuela pública de equipamientos para responder a las ansias sociales de movilidad y de igualdad social. En cambio, lo que hizo fue generar un duro competidor ampliando los privilegios de la Iglesia y otorgando al empresariado el poder negociar con un derecho social como es la educación” afirmó el portavoz del Consejo Político de APC Paco Déniz.

En la actualidad, son los consejos escolares de los centros concertados con mayoría de votos de los empresarios los que presionan para que el Estado sólo de dinero sin exigir ningún control a cambio.

Paco Déniz, manifiesta su indignación por los datos que confirman que los colegios católicos y la Iglesia reciben del Estado 3.000 millones de euros al año. Y por si fuera poco, “el gobierno de Zapatero sobre financia nada más y nada menos que con 35 millones de euros más por encima de lo recaudado por hacienda en la famosa casilla de la discordia”. Mientras, la escuela pública, la única que, en opinión de Déniz tiene que ser competencia del gobierno, agoniza por una falta de preocupación política y financiera.

Déniz declaró que el Estado español mantiene los salarios del personal docente de esos centros privados, gastos administrativos, seguridad social, etc. Y además mantiene los salarios de los profesores de religión, cuando la contratación de estos profesores es competencia exclusiva de la iglesia. “Encima, garantiza la oferta de la asignatura de religión para quien lo desee; entonces, de qué se quejan los empresarios de la educación sean éstos religiosos o no”.

En opinión de APC el mejor aliado de la escuela privada y religiosa es el gobierno socialista, que está absolutamente plegado a sus intereses. Y ello se manifiesta en que la generalidad de la escuela privada sea religiosa o no, no ha dejado de crecer y de agrandar las diferencias sociales y las distinciones.

Por todo ello, APC exige a Godoy que haga públicas las cuentas del privilegio educativo en Canarias para que los ciudadanos sepamos cuanto dinero público va a quienes negocian con la educación. También, exige al gobierno del Estado que revise drásticamente los acuerdos con el Vaticano y que afronte con valentía su rescisión para que la escuela pública sea la preocupación fundamental de un gobierno que se dice socialista pero que ni por asomo practica semejante calificativo.

En opinión de APC, es inconstitucional que la escuela pública oferte materias religiosas. La religión tiene sus escenarios propios, son respetados y están bastante bien dotados. Y “los problemas que afectan a la juventud actual nada tienen que ver con el hecho religioso, y sí en cambio con problemas de tipo estructural que necesitan ser atajados de forma global, desde el empleo, desde las inversiones, desde los valores, y desde el compromiso social con un porvenir más decente que el actual” apostilló Paco Déniz.

Fuente: Gabinete de prensa de Alternativa Popular Canaria