La Reforma del Estatuto Canario, sin pena ni gloria. Algunas notas para abordar la cuestión autonómica canaria.
Manuel de la Rosa Hernández / Artículos de opinión.- En Canarias la cuestión autonomista no ha contado con gran arraigo en la población, entre otras cosas, porque todo el proceso de configuración de este autogobierno se hizo al margen y por encima del pueblo canario, ha estado permanentemente cruzado por el pleito insular azuzado desde algunos sectores, se establece para mantener y garantizar los privilegios de intereses minoritarios vía el REF y otras prebendas económico-fiscales y no es fruto de una reivindicación y movilización social en Canarias. Con este artículo solo se pretende señalar algunos elementos para abordar la cuestión del Estatuto, por lo que no se entra a analizar el texto de borrador elaborado para su reforma. Abordar el texto del citado borrador de estatuto será objeto de otro artículo.
Canarias es un territorio insular situado a 2000 kilómetros de la capital del Reino, sin embargo no dispone del necesario autogobierno sobre sus asuntos. El actual Estatuto de Autonomía impuesto al pueblo canario no reconoce esta capacidad, es una simple descentralización administrativa respecto del Estado.
La vigente autonomía es la forma de dominación de la que se dotaron las clases dominantes, las burguesías española y canaria. Esta les sirve, por un lado, para integrar y subordinar al pueblo canario tras sus intereses y por otro, le permite a la burguesía canaria conducir de forma civilizada sus litigios y competencias interinsulares, al tiempo de garantizarse cierta independencia frente al Estado y la gran burguesía española sin romper su dependencia de éstos.
Los derechos históricos aquí se pretenden identificar con los de una clase social parasitaria, ajena al pueblo canario y que pivotan en el insularismo como forma de aglutinar en torno a ella a otros sectores sociales.
El debate y resolución sobre la cuestión autonómica no puede separarse de la lucha por la defensa de los derechos sociales, de la defensa del medio ambiente y de la soberanía popular. Entrar al trapo de una reforma estatutaria en el actual marco de configuración del Parlamento canario sin entra en señalar los límites y contradicciones existentes es dar pábulo a un estatuto que saldrá a imagen y semejanza de los intereses representados hoy en el mismo. Sí es interesante en todo caso, el señalar las contradicciones que se dan, para presentarla ante el pueblo, dentro de las limitaciones impuestas por el actual estado de los movimientos sociales y de la izquierda política en las islas.
La burguesía canaria, el gobierno canario y los partidos que sustentan el actual estado de cosas (PP, PSOE, CC, NC,...) son parte del problema. Por un lado, porque están en contra de la soberanía y autodeterminación de Canarias, y por otro, porque son los principales beneficiarios del modelo político-económico imperante en las islas. Un modelo que nos hace más dependientes que nunca del exterior, y que está propiciando que cada vez más amplios sectores de la población les cuesten llegar a final de mes. La llamada ultraperificidad sirve para defender intereses bastardos, en detrimento de verdaderas necesidades sociales, que no son contempladas.
En estos momentos se ha concluido la ponencia parlamentaria que elaboraba la reforma del Estatuto de Autonomía. La casi unanimidad que se presenta en Canarias frente al futuro Estatuto, donde las divergencias que pueda haber no son insalvables, demuestra el alto grado de coincidencia de los partidos representados en el Parlamento canario y que de hecho les ha permitido consensuar un borrador de Estatuto.
Tras la aprobación del Estatuto catalán se oyen voces reclamando más competencias al nivel de aquel para Canarias. El Estatut no supone para nada un cambio fundamental en lo que hasta ahora estaba establecido para esa autonomía, los cambios son mínimos y más allá de la introducción en sus textos de términos como nación que tantas ronchas produce en recalcitrantes e ignorantes españolistas, no supone ningún avance cierto hacia el deseado autogobierno.
En todo caso los autonomistas canarios se apuntan a ampliar sus actuales prebendas fiscales. El marco del debate actual está limitado a declaraciones para la galería en la que se exige más competencias, pero para mezquinamente reducir esa exigencia a que el Estado financie tales o cuales proyectos de infraestructuras y poco más (donde se incluye la propuesta de policía autonómica de Coalición Canaria), dejando intacto el modelo actual en el que la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) es el buque insignia.
En todo caso seguiremos exigiendo para Canarias un autogobierno en el que se tenga en cuenta entre otras muchas consideraciones que:
Recoja la necesaria soberanía y autodeterminación de este pueblo atlántico situado a dos mil kilómetros del centro de poder.
Explicite que no se puede privatizar los servicios públicos.
Establezca un salario social y otras medidas sociales frente a la exclusión social y el paro estructural.
Elimine las prebendas de la RIC y que se establezca una hacienda canaria que empiece por integrar esos fondos no abonados a las arcas públicas.
Mantenga y extienda los espacios naturales y rurales de Canarias.
Declare unilateralmente un estatuto de neutralidad frente a la OTAN y sus ejércitos que impida la utilización de Canarias y de sus aguas como plataforma de agresión a otros pueblos.
Establezca un sistema electoral de proporción directa, reconociendo el referéndum consultivo a los ciudadanos en todos los asuntos que le afecten.
Es necesario cambiar el actual marco de la constitución monárquico-centralista de 1978 y establecer procesos constituyentes en Canarias y en el Estado que partan del reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos y naciones.
El Estatuto actual favorece la dependencia, el deterioro ecológico, la corrupción política y la pérdida de derechos sociales. No nos engañemos, lo que se presenta como reforma es más de lo mismo.
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