España, Reino Unido, Holanda, Polonia, la República Checa y Hungría exigen la aplicación más dura de la directiva Bolkenstein.
Prensa digital / Magec.- El ala dura de la Unión Europea, en una carta enviada a la Comisión Europea y suscrita conjuntamente por España, Reino Unido, los Países Bajos, Polonia, Hungría y la República Checa, apuestan por una norma "pragmática" que garantice "un mercado interno efectivo" y que no resulte descafeinada durante la tramitación parlamentaria, en referencia a la directiva (ley europea) Bolkenstein.
El texto, dirigido al comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, afirma que la UE "debería evitar excluir amplios sectores de la economía de los mecanismos de eliminación de barreras a la libertad de establecimiento". También habría que evitar la tentación de "aguar los preceptos legales sobre provisión transfronteriza de servicios".
Esta frase alude implícitamente a las propuestas parlamentarias y demandas sindicales de eliminar de la norma el principio del "país de origen", por el cual una empresa que acudiera a prestar un servicio a otro Estado miembro podría aplicar los derechos laborales del Estado del que procede, es decir, que una constructora lituana podría trabajar en Canarias con los salarios, la legislación laboral y las condiciones de Lituania.
Los seis gobiernos signatarios recuerdan que la vigente directiva sobre trabajadores desplazados "ya garantiza los derechos y condiciones de los trabajadores". Y piden que la continuidad en la aplicación de esta última ley europea quede sentada "sin ambigüedades".
La norma que el Parlamento de la UE votará el próximo jueves debe, a juicio de estos países, "hacer frente a las innecesarias barreras administrativas que las compañías soportan cuando desplazan a sus trabajadores".
La carta pide a la Comisión que envíe "una señal clara en el sentido de que un mercado interno verdaderamente efectivo resulta vital para mejorar la competitividad de la UE". Es la forma diplomática de pedir a Bruselas que se implique más en el debate y trate de contrarrestar las presiones para que la ley, conocida como directiva Bolkestein, quede suavizada.
Esta directiva europea, de llegar a ser adoptada, tendría como consecuencia que todos los servicios suministrados en la Unión Europea serían considerados como cualquier producto económico. De esta forma, sectores esenciales como la cultura, la educación, la atención sanitaria y todos los servicios dependientes de los sistemas nacionales de protección social podrían estar sujetos a las mismas formas de competencia económica que las mercancías.
Esta evolución supondrá inevitablemente el deterioro de los sistemas públicos de pensiones, de las ayudas sociales o del sistema sanitario, en favor de los sistemas privados. Igualmente significará la desregulación de nuestros sistemas educativos y el final de toda forma de excepción cultural. Además, la aplicación de esta directiva pondría en cuestión los derechos de los trabajadores consagrados por las leyes nacionales de los países de la Unión.
En Canarias, tanto Unidad del Pueblo como el Frente Sindical Obrero de Canarias (FSOC) se han adherido a la campaña europea contra esta directiva, y ya en la pasada campaña contra el tratado constitucional europeo había alertado sobre esta nueva ley europea y sobre la regresión social que supone.
Una gran mayoría de Estados miembros se muestra hoy día favorable a la adopción inmediata de este proyecto de Directiva. Se trata de una decisión que no precisa unanimidad.
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