El Parlamento de Canarias intenta deslegitimar y calumniar la Reforma Agraria Venezolana.

Medios alternativos / Rebelión.- Cristina Tavío (PP) y Julio Cruz (PSOE) entran en la estrategia de criminalizar a los campesinos que luchan por el reparto de la tierra, confundiéndoles con “delincuentes” o “invasores” cuando son las víctimas del terrorismo y sicariato de los terratenientes. La Constitución Venezolana (ratificada con más del 80% de votos a favor) establece que el régimen latifundista es contrario al interés social, que la ley debe gravar las tierras ociosas y tomar medidas para transformarlas en productivas. Afirma que las campesinas y campesinos tienen derecho a la propiedad de la tierra (Artículos 306 y 307). El Gobierno de Venezuela llevó adelante la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA). La A.N. reformó parcialmente la ley. La originaria definía como latifundio a la tierra ociosa e inculta, que excediera de 5.000 ha de sexta y séptima clase (art.7). Según la reforma, hay latifundio cuando la tierra sea ociosa, la extensión sea mayor al promedio de ocupación de la región en la cual esté ubicada y cuando se evidencia un rendimiento idóneo menor a 80%. Es decir, una finca productiva con buen rendimiento, podrá exceder de las 5.000 ha., hasta el mencionado promedio.

En la 1ª fase de aplicación de la ley (hasta el 2004) se otorgaron un total de 31.437 cartas agrarias, entregando 2 millones de ha. de tierra a cooperativas campesinas. En el primer semestre de 2005 se otorgaron 1.125 cartas agrarias en una superficie de 78.220 ha. y se adjudicaron 405 derechos de permanencia sobre 88.718 ha (1). De 800 cooperativas registradas en 1998, en agosto de 2005 se habían contabilizado 84.000, y se han inscrito con fines agrícolas 8.375 cooperativas. El Programa Semilla Solidaria distribuye gratuitamente semilla de maíz, yuca y frijol. Se potencia la tecnología en el campo mediante créditos con bajo interés. El Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (Fondafa), para el ciclo de invierno 2005, entregó 557 millardos de bs. en créditos. Durante los periodos de gobiernos de AD y COPEI desde 1979 hasta 1998, se otorgaron tan sólo 16.244 créditos para el área agrícola, mientras desde 1999 hasta 2004 (Gobierno Bolivariano) se han dado 126.892 créditos (2). En julio de 2005, la cantidad de importaciones agrícolas vegetales disminuyó un 11,2% (3), hecho relacionado con el incremento de superficie cultivada que es un avance en el largo camino de lograr la soberanía alimentaria (4) (no hay datos actualizados, pero hasta el año pasado, más del 70% de los productos consumidos eran importados). Por otro lado, según Instituto Nacional de Estadísticas (INE), hubo una reducción del desempleo rural, pasando del 9,2 % en el segundo semestre de 2002 al 7,1 % en el segundo de 2004 (1).

Los procedimientos administrativos de declaratoria de tierra ociosa y de rescate de tierras públicas están bien definidos en la ley. El INTI los inicia notificando a los interesados y garantizándoles su derecho a la defensa (incluyendo la negociación amistosa). Tras otorgar más de 32.000 cartas agrarias se han producido errores que el INTI ha reconocido, su ex – presidente, Eliécer Otaiza, declaró que en unos 50 casos hay posibles errores graves(1). Por ejemplo, según denuncias, en actos de rescate de tierras de supuesta propiedad pública, sin esperar al pronunciamiento judicial sobre la validez de los documentos de supuesta titularidad aportados por los terratenientes se procedió a distribuir la tierra a familias campesinas, alegando que no habían demostrado la titularidad ante la Administración. Estos errores han servido a los enemigos de la reforma agraria para satanizarla en sus medios informativos, pero el poder judicial está para corregir los errores que cometa la Administración y así lo ha hecho, por ejemplo, en la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ Nº 3052 del 04.11.03 sobre el fundo Santa Rita que ordena al INTI el desalojo de la Cooperativa Brisas del Masparro (1).

Sectores contrarios a la reforma han tenido una reacción criminal. Hasta julio de 2005 el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora ha denunciado que sicarios y paramilitares han asesinado a 139 campesinos, dirigentes y militantes de comités de tierras, organizaciones campesinas que impulsan la aplicación de la LTDA instando al INTI a revisar latifundios. Estos líderes campesinos daban la cara en litigios con terratenientes y sufrían amenazas de los mismos antes de morir (1).

Da nauseas ver que el pleno del Parlamento de Canarias aprobó el 21.12.05, por unanimidad, una proposición no de Ley de grupo parlamentario popular, con una enmienda del grupo socialista, en la que se insta al Ejecutivo Canario que solicite al central que defienda a los emigrantes españoles cuyas tierras han sido “invadidas” en Venezuela (5). Utilizan el término “invasión” que coloca a los campesinos beneficiaros de la reforma agraria en la posición de agresores o delincuentes, cosa que justifica la violencia contra ellos. Es cierto que ha habido algunas denuncias de supuestas agresiones a los hacendados, pero no hay constatación de que los supuestos agresores fueran campesinos y ni siquiera de que dichos hechos se hayan producido, sin embargo, los 139 líderes campesinos asesinados son una realidad irrefutable, pero en la proposición no de Ley aprobada ni se mencionan estos crímenes. [...]

Tito Martín

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