Denunciarán a fiscalía cualquier nueva acción racista.

Ecología / Ben Magec Desde 1999 hasta la actualidad, el crecimiento poblacional en Canarias fue de cerca de 350.000 personas. La tasa de natalidad de los canarios (si excluimos a los inmigrantes) es negativa. En estos mismos años, la llegada de personas en pateras y cayucos a Canarias, aunque no hay cifras oficiales, no ha debido superar los 20.000. La conclusión de estos datos es que los inmigrantes que llegan en patera o cayucos no son un porcentaje significativo respecto al crecimiento poblacional en Canarias, y por tanto respecto a la inmigración de forma genérica.

Un análisis serio de las causas que impulsan a estos inmigrantes subsaharianos a abordar una travesía tan peligrosa, refleja que viajan motivados por una doble circunstancia: las condiciones extremas en las que viven en sus países de origen y el efecto llamada producido por un sistema socioeconómico que demanda mano de obra no cualificada, especialmente para el sector de la construcción, política favorecida por los actuales partidos gobernantes. Además, aunque tampoco hay datos fidedignos, la inmensa mayoría de estos inmigrantes son repatriados a sus países o abandonados en la península, por lo que ni siquiera aumentan la población de las Islas. Sin embargo, lejos procurarles unas condiciones de acogida dignas, de lo que se habla por parte de políticos y de medios de comunicación es de “oleada”, “avalancha”, de repatriaciones masivas o de utilizar a las fuerzas armadas para evitar que traspasen la frontera de la miseria.

La culminación de este aumento del racismo que estamos sufriendo se produjo la semana pasada en el barrio de La Montañeta, Garachico, por parte de un grupo de vecinos y con una actitud irresponsable por parte del Alcalde de ese municipio. Los hechos allí acontecidos pueden ser constitutivos de delito, según lo establecido en el artículo 510 del Código Penal: “Los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos por motivos racistas (...) serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años”. Sin embargo, nadie ha exigido que se depuren responsabilidades penales. Ante esta situación de graves consecuencias de cara al futuro, Ben Magec-Ecologistas en Acción solicita de forma urgente:

1. La firma de un acuerdo institucional y de medios de comunicación que termine con el discurso lamentable actual alentador del racismo y que de forma malintencionada y falsa está transmitiendo a la población un problema que no existe

2. Que por parte de la Fiscalía se actúe de forma contundente contra cualquier nueva intervención racista por parte de políticos, periodistas o ciudadanos. En el caso de que la Fiscalía no actúe, Ben Magec-Ecologistas en Acción denunciará en el futuro cualquier nueva actuación ilícita con tintes racistas que ocurra en Canarias.