Los asesinos visten la banda presidencial.

Grupos alternativos / Voz Rebelde.- Yásser Gómez / Revista Mariátegui. Cuando a gran parte de la población peruana les han sido violados sus derechos humanos y, cuando a la otra mitad de peruanos les es indiferente. Ahí se erigen con gran cinismo los perpetradores de estas violaciones, ganando elecciones y dirigiendo al país. Pero también participan en este juego de poder, quienes se dicen defensores de los oprimidos y trabajan disimuladamente para los opresores.

¿Qué sentirían los argentinos si el resultado final de sus elecciones presidenciales dieran como ganador absoluto a Rafael Videla en la presidencia y a Galtieri en la primera vicepresidencia? ¿Y los chilenos, si el triunfador presidencial fuera Augusto Pinochet Ugarte, secundado por Manuel Contreras? Los violadores de derechos humanos más prominentes de la región llegarían al poder empujados por el mismo pueblo al cual reprimieron. Una situación surrealista, patética y despreciable, que lamentablemente los peruanos la estamos viviendo, luego que el 4 de junio del 2006, Alan García Pérez y su candidato a la primera vicepresidencia, el almirante Luis Giampietri del Partido Aprista, ganaran las elecciones presidenciales al comandante Ollanta Humala postulante por el Partido Nacionalista Peruano-Unión por el Perú.

Con sólo utilizar el buscador Google, los lectores de este artículo podrían conocer la abultada historia de las fechorías que García Pérez y Giampietri han sido protagonistas, tanto en el campo económico como en Derechos Humanos, pero sobre todo en este último, de los cuales, los casos más emblemáticos son: el genocidio de presos políticos en los Penales de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, el arrasamiento de comunidades campesinas como Cayara o Accomarca, la ejecución extrajudicial de los guerrilleros emerretistas en Molinos, la creación, apoyo y encubrimiento del Comando Paramilitar Rodrigo Franco y, la complicidad en la operación de aniquilamiento a los subversivos que tomaron la residencia del embajador japonés en 1997.

García Pérez obtuvo la mayor votación en Lima y en los departamentos de la costa norte, espacio geográfico donde reside la población blanca, mestiza, los indígenas aggiornados y vergonzantes, lugares con una realidad aparentemente más cercana al mito de la post modernidad y del éxito neoliberal. Es decir, más cerca de Miami que del pueblo puneño de Ilave . Lugar también, donde, con menor intensidad se libró la guerra no convencional de los grupos subversivos contra el Estado peruano, desde 1980. En cambio, en las ciudades y pueblos de los Andes y de la selva, donde Ollanta Humala arrasó en votación -pero donde habitan menos del cincuenta por ciento de la población peruana- fue el centro de operaciones de la subversión, en la que se enfrentó con la represión del Estado. Ahí anidan las consecuencias de la violencia, que son los torturados con sus secuelas físicas y sicológicas, los familiares y amigos de los asesinados, desaparecidos y descuartizados. Ahí anidan también la extrema pobreza, la discriminación racial, el tener como obstáculo hablar aymara, quechua o el dialecto ancestral, el no creer en la corrupta justicia criolla, pero si en los ajusticiamientos populares.

Que le podemos decir a esos hermanos nuestros que votaron contra la impunidad, que no sólo exigen mayores oportunidades de un Estado capturado por una plutocracia que siempre ha mirado al Océano Pacífico y ni siquiera de reojo ha volteado a asumir nuestra realidad. A asumir un polvorín en el que están sentados, del que no quieren darse cuenta y, por el que siempre han caminado de puntitas y que, luego de cada elección sienten superado. Que también exigen que los asesinos que les destruyeron la vida, deben estar presos purgando largos años de castigo, aunque ahora, estos visten la banda presidencial.

¿Nadie sabe para quienes trabajan?. Estos son nuestros mismos hermanos que están decepcionados de una Comisión de la Verdad que ha minimizado la culpabilidad del Estado peruano, argumentando que este no ha sido el mayor violador de los derechos humanos en la guerra interna. La que, de la misma forma ha multiplicado de veinticinco mil hasta setenta mil las víctimas, cifra dudosa y criticada por serios analistas como Raúl Wiener, que traería como consecuencia, --si se diera el caso de que el Estado entregara dinero como reparaciones a las personas y comunidades afectadas-, que la cantidad de dólares o euros se multiplique a la par de las setenta mil víctimas. ¿Y quienes serían los encargados de "repartir" ese dinero? Pues quien más, los que propusieron esta cifra, que son los mismos que manejan las ONGs de derechos humanos.

Los mismos que le dieron el soporte a las denuncias sobre violaciones de derechos humanos contra Ollanta Humala, supuestamente el 'Capitán Carlos' quien habría cometido asesinatos torturas y demás ferocidades en la selva del Alto Huallaga en 1992. Una primicia lanzada por el programa Panorama de Panamericana Televisión, que dirige el montesinista Álamo Pérez Luna, bajo las órdenes de Genaro Delgado Parker, el administrador judicial del canal, broadcaster quebrado con grandes deudas al Estado peruano y frecuente visitante de la salita donde despachaba Vladimiro Montesinos.

Según una investigación realizada por la agencia Upsidedownworld, la ONG que encabezó el ataque contra Humala, la Coordinadora Nacional para las Derechos Humanos (CNDDHH), ha sido financiada por la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Dotación Nacional para la Democracia (NED) de vez en cuando por más de diez años. Aunque ambas agencias son entidades civiles, están en gran parte controladas por el Departamento de Estado de los EEUU y son indispensables instrumentos de la política exterior estadounidense.

Así mismo Upsidedownworld cuestiona: ¿Es que el financiamento de un 'ONG' extranjera afecta su comportamiento? Andrew Natsios, antiguo jefe de USAID, dijo claramente en un discurso distribuido extensamente en 2003 que hasta los contratistas extranjeros que reciben fondos de USAID y NED "son un brazo del gobierno estadounidense". Y el papel de NED, mucho el más pequeño de los dos organismos, se hizo evidente cuando Allen Weinstein, uno de sus fundadores, dijo en un artículo en el periódico The Washington Post en 1991 que "mucho de lo que hacemos hoy se hacía encubiertamente hace 25 años por la CIA".

Otro dato que resalta la investigación, es que, durante algunos de los años en que USAID financiaba a la Coordinadora, el dinero pasó a través de la Oficina de Iniciativas para Transición (OTI) de USAID en Lima. Las oficinas de OTI -- exactamente como indica su nombre -- se dedican a "transiciones políticas" y se ubican temporariamente solamente en los países donde el gobierno estadounidense se interesa o en "cambio de régimen" o en apoyar a sus aliados política o económicamente. Las oficinas de OTI existen o han existido en varios países latinoamericanos y del Caribe, incluso Bolivia, Colombia, Venezuela, Perú y Haití. No es
sorprendente que la oficina de la OTI más grande globalmente se encuentra en Iraq. En ambos Venezuela y Haití por los últimos pocos años, la OTI de USAID ha contribuido mucho más dinero a las "ONG" trabajando para los intereses políticos y económicos estadounidenses que ha contribuido el NED, el entrometido más notorio pero mucho más pequeño.

Incluso, según un correo electrónico del funcionario de prensa de la USAID, la USAID ha dado US$762.750 a la Coordinadora. Pero Francisco Soberón, el director de la Coordinadora, dijo a Upside Down World que tales subvenciones han "sucedió en el pasado -- pero ahorita para nosotros a la Coordinadora no hay nada". Pero dijo que "algunas [de las] otras organizaciones que son miembros de la Coordinadora han recibido o actualmente están recibiendo" fondos. Una de ellas, APRODEH, recibió al menos US$53,246 de USAID. La agencia ya no ha contestado los pedidos hechos hace un año bajo la Ley Libertad de Información (FOIA) para determinar los sumas exactas de todas las subvenciones. Soberón negó que la Coordinadora ha recibido fondos del NED, pero el propio sitio web de NED la incluye en su lista de beneficiados y antiguo beneficiados. Sin embargo, no hay indicación de cuanto recibió o cuando. A la hora de este escrito, pedidos por teléfono a la funcionaria de prensa de NED, Jane Riley Richardson, para información no se han contestado. Ni han respondido a una serie de pedidos bajo la FOIA. No obstante, si Venezuela y Haití pueden servir como guías, el financiamento por NED a la Coordinadora probablemente ha sido considerablemente menos que el de USAID.

Por eso, el papel de algunas ONGs en la vida política peruana no parece ser tan limpio y desprendido como lo aparentan. Esta investigación, nos lleva a hacernos algunas preguntas como: ¿Cuál ha sido el papel de la Coordinadora con respecto a la embajada estadounidense? Según una respuesta desclasificada del Departamento de Estado a la FOIA, en 1993, funcionarios de la Coordinadora estaban informando a la embajada estadounidense en Lima sobre sus viajes a las áreas peruanas en conflicto donde los insurgentes estaban todavía activos. Dada la ayuda del gobierno estadounidense al gobierno peruano durante la guerra contra los insurgentes, tales actos podían haber estado como espionaje. ¿Es que los EEUU está consiguiendo algo por su dinero? Soberón de la Coordinadora responde con un "no" enfático, añadiendo que "no aceptamos condiciones de nadie". Pero con el denuncio de Humala y su caída en las encuestas que resultó, parece que los EEUU puede haber conseguido mucho.

No olvidemos que, estas denuncias de violación a los derechos humanos, también se la imputaron a Antauro Humala, un par de años atrás, cuando el establishment criollo sentía escozor ante su aparición en la escena política peruana, sobre todo por su discurso radical con gran acogida entre los desposeídos y golpeados por el neoliberalismo. De esto se encargó la "democrática" revista Caretas, y lo único probado de su acusación fue el apelativo de Corpus Cristi, que Antauro utilizó en sus años de servicio al ejército en zonas de emergencia. Pero de testigos y pruebas, nada, incluso, en el informe de Caretas daban una tímida referencia a la Comisión de la Verdad, cuando Antauro Humala nunca es mencionado en esta. Pero como el menor de los Humala no se "atrevió" a entrar al juego democrático de las elecciones, ni estar en el primer lugar de las preferencias de la población, por ahora se "olvidaron" de la denuncia y es seguro, que dentro de algún tiempo la vuelvan a refrescar, pero ahora con testigos y con declaraciones, aunque a veces, estas sean fantasiosas como las de Madre Mía.

¿Qué pasaría si ante una revuelta popular contra este nuevo gobierno aprista se produciría una gran represión, que tal vez traería como consecuencia; detenidos, heridos, desparecidos, torturados y algunos muertos? ¿A quién recurriría el pueblo peruano? ¿A las ONGs de derechos humanos? ¿Al carnetizado y corrupto Poder Judicial? ¿Al compañerizado defensor del pueblo? ¿Le enviaríamos una carta con cientos de firmas a la mesa de partes de Palacio de Gobierno?

Ante tanto cinismo, pienso que en el Perú los derechos humanos parecen ser una cojudez, no sólo para los que están acostumbrados a violarlos, sino también para los que dicen defenderlos. Y porque no, para los que cada cinco años dan su voto.