¿Por qué no interviene la Judicatura contra 'El Día'.

Medios alternativos / Canarias Semanal.- Domingo Garí Hayek *. La pregunta que planteo en este artículo no va a ir acompañada de respuesta. Es una pregunta que quiere ser una exclamación. Una petición, si se quiere, para poner freno al fascismo que ya está aquí. Los delitos de opinión son castigados por el código penal español. Vemos, de hecho, que se castiga a personas por delitos de opinión. El artículo 510 del Código Penal vigente establece que: "1.Los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia...por motivos racistas...u otros referentes a la ideología...serán castigados con la pena de prisión...2. Serán castigados con la misma pena los que...difundieren informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones en relación a su ideología...la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza". Todos estos supuestos los podemos leer día tras día en El Día.

La ignorancia histórica, el desconocimiento de la geopolítica, la incultura geográfica no son excusas válidas para justificar conductas claramente punibles por las leyes. Se supone que lo que caracteriza al estado de derecho, según nos dicen con mucha asiduidad, es que nadie está por encima de la ley. Imagino que tampoco residuales grupos de presión. ¿Cómo se tolera entonces la campaña racista que El Día ha emprendido?

Para tranquilidad de quién deba de tomar cartas en el asunto, un consejo: no tenga miedo. Nadie saldrá en defensa de El Día. Ese periódico no es más que un eco del pasado. Su representación en el mercado periodístico es el producto de una inercia histórica, y nadie se rasgará las vestiduras porque la justicia actúe en contra de él.

Antes de la campaña xenófoba contra los africanos, ya había argumentos para aplicarle los artículos mentados del código penal. Por ofensas graves a los grancanarios, por insultos despiadados a las personas que en esta Isla, o en otras, manifiestan posiciones ideológicas del desagrado de los editorialistas de esa hoja trasnochada.

También es preciso recordarle a los partidos políticos que es conveniente, algunas veces, enfrentarse a la realidad, y que un puñado de votos no debe de justificar el silencio ni el peloteo a personas o empresas -como es este el caso- que alientan el fascismo, y mucho menos, por supuesto, reírle las gracias como demasiado a menudo ocurre aquí, en esta Isla, en esta ciudad.

La responsabilidad política y también jurídica en un estado democrático, conlleva el deber de velar para atajar las deformaciones sociales antes de que sea demasiado tarde. Si como vaticinan todos los expertos, el fenómeno migratorio no está más que en su comienzo. Si, previsiblemente, en razón de ello, tenderemos paulatinamente a convertirnos en una sociedad mestiza, o criolla, como prefieran denominarla, no debemos permitir que un organismo enfermo, heredero de una tradición muerta, envenene al conjunto del cuerpo social.

Educar en la tolerancia y en los valores democráticos son funciones inexcusables de los medios de comunicación de masas, y con más razón, y con mayor responsabilidad, deben actuar los medios que tienen una proyección pública de largo alcance, "so pena de incurrir en el crimen cívico" como escribiera hace más de un siglo Émile Zola, cuando se dedicó a denunciar los mensajes racistas de la prensa francesa por el asunto Dreyfus. Como el racismo se maneja con constantes argumentales a lo largo del tiempo, también nos viene al caso la descripción que hizo Zola de los editorialistas de su época para aplicarlos a estas circunstancias que hoy vivimos aquí.

"¡Qué tristeza, estos polemistas de cerebros envejecidos, de agitadores dementes, de patriotas cortos de miras convertidos en dirigentes, cometiendo el más negro de los crímenes, el de oscurecer la conciencia pública y extraviar a todo un pueblo!...Llegará la hora de las responsabilidades y será preciso ajustar cuentas con esta prensa inmunda que nos deshonra ante los ojos del mundo".

¿Habrá que esperar a que comiencen los pogromos para que se alcen las voces de condena? Confiemos en que no. Estamos a tiempo de proclamar un Yo acuso colectivo, que sirva de aviso para el racismo que anida entre nosotros. Para dejarle claro a sus instigadores, que no vamos a tolerar en esta Isla que alienten las bajas pasiones de las que son portadores.

Como las leyes están hechas para que sean cumplidas, no hay más que redundar en la idea: cúmplase la ley. Dura lex, sed lex.

* Domingo Garí Hayek es doctor en Historia por la Universidad de Barcelona y profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad de La Laguna. Es autor, entre otras obras, de 'Historia del Movimiento Canarias Libre 1960-1962', 'Historia del Nacionalismo Canario' y 'El Retorno a la Polis. Democracia directa y ciudadanía'. Ha participado como ponente en más de una veintena de congresos científicos de ámbito internacional y publicado decenas de artículos en revistas científicas de diversos países.