La politica ambiental del PSOE en Canarias.

Ecología / Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN).- *Eustaquio Villalba Moreno. La llegada al poder de los socialistas despertó grandes ilusiones entre las personas y asociaciones vinculadas a la conservación del medioambiente, esperanzas de cambio que estaban depositadas en la gestión de Cristina Narbona en el Ministerio. Las proclamas electorales de los socialistas resaltaban su compromiso con una gestión transparente y una administración de los asuntos públicos coherente con sus promesas electorales. A esto se añadía el compromiso de la ministra, cuando todavía estaba en la oposición, de hacer cumplir la legislación ambiental, en concreto, en el caso del proyecto de puerto en Granadilla.

A los dos años, todo ha quedado en aguas de borrajas, el Ministerio se ha convertido en un grupo de presión a favor de la construcción del puerto, y en un incumplidor de las normas fundamentales del Estado de Derecho, entre ellas la propia Constitución.

Así lo sentenció la Audiencia Nacional en fecha 16 de febrero del 2006, condenando al Ministerio de Medio Ambiente y al Gobierno de Canarias por vulnerar el artículo 29.1 de la Constitución española al omitir "toda respuesta por parte del Ministerio de Medio a la petición dirigida por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza" (ATAN) relativa a los incumplimientos en la legislación ambiental en el proyecto de puerto de Granadilla.

Si el Ministerio de Medio Ambiente no se ha cortado saltarse un derecho constitucional, menos le ha importado utilizar la Ley de Costas para beneficiar negocios inmobiliarios. Así, mientras en algunos lugares de la isla se propone derribar edificaciones que usurpan el dominio público marítimo terrestre, en otros, como ocurre en la playa de Las Teresitas, colabora cediendo gran parte de este bien público -sin importar que la Constitución los considere inalienables- para facilitar el gran pelotazo de los terrenos ganados al mar.

El ministro de Justicia, el canario Juan Fernando López Aguilar, el mismo que denunciaba cuando estaba en la oposición el grave problema de la corrupción en Canarias, se ha convertido en el tácito cómplice de una lucrativa especulación inmobiliaria promovida por Coalición Canaria. ¿Por qué el ministro de Justicia no insta al Fiscal General para que se investigue este atentado al Estado de Derecho?

Los socialistas canarios juegan el papel de colaboradores necesarios: sus concejales en Santa Cruz de Tenerife votaron a favor de la adquisición del frente de playa de Las Teresitas por 52,5 millones de euros (8.750 millones de pesetas) en la anterior legislatura; ahora, no quieren apoyar la petición de un pleno del ayuntamiento para aclarar esta compra, y mantienen un absoluto silencio sobre las propuestas de deslinde marítimo.

Tampoco tienen nada que decir sobre la flagrante contradicción entre lo prescrito por la Ley de Costas en su artículo 11.5, que suspende todas las concesiones y autorizaciones hasta que se realice el deslinde, y el anunciado comienzo de las obras en Las Teresitas. Pero ¿cómo van a cuestionar la legalidad de las decisiones del ayuntamiento cuando el propio Ministerio también ha aprobado y presupuestado obras en la playa?

La Dirección General de Costas, en su propuesta de deslinde, contradice frontalmente lo establecido por la Ley y sus objetivos: "Se ha considerado conveniente eliminar la posibilidad de adquirir la propiedad de los terrenos ganados al mar o de cualquier otra porción del dominio público como consecuencia de la realización de obras, ya que estas actuaciones proporcionan frecuentemente cobertura a operaciones de especulación inmobiliaria, y en todo caso van detrimento del dominio público".

Estos comportamientos y actuaciones dejan bien claro que una cosa el predicar y otra dar trigo, que los socialistas prometen y no cumplen. Lo que sí saben hacer muy bien es negar la información a los ciudadanos y ocultar sus propias corruptelas.

*Eustaquio Villalba Moreno es portavoz de Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN)