Icod de los Vinos. Los vecinos exigen una reunión con todas las partes implicadas en Riquel.

Advierten que emprenderán acciones judiciales en septiembre si no se cumplen sus demandas. La costa de Riquel, en Icod de los Vinos, sigue dando quebraderos de cabeza a más de uno, ya sea a los promotores, o bien a las Administraciones, pero en especial a los afectados que viven en los alrededores del lugar. El colectivo vecinal San Marcos-Los Pescadores continúa su lucha por lograr el cierre de las industrias ubicadas en Riquel.

Demandan un encuentro inmediato con todos los implicados, para buscar una solución efectiva que ponga fin a la problemática que vienen padeciendo desde hace treinta años. Como última opción, amenazan con recurrir a los tribunales en caso de que no se atiendan sus demandas.

Ante lo que considera una falta de interés y de actuación por parte de las administraciones públicas, tanto regionales como locales, que poseen competencia para actuar al respecto, la agrupación ha decidido presionar al Ejecutivo local sacando a la luz documentos que supuestamente lo comprometen y responsabilizan de la situación de deterioro que padece el litoral icodense. Directivos de la asociación, basándose en dichos documentos, han informado a DIARIO DE AVISOS de una serie de actuaciones irregulares por parte de las organismos públicos implicados, que vienen a justificar su postura reivindicativa.

Siguiendo un orden cronológico, exponen que en octubre de 1994 la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, dependiente de la Consejería de Política Territorial, elaboró un informe negativo de impacto ambiental, acerca de las actividades industriales que se desarrollaban en el lugar. En base a este texto, la Dirección General de Disciplina Urbanística y Medio Ambiente ordenó la suspensión inmediata de tales actividades. Sin embargo, el Ayuntamiento de Icod de los Vinos acordó, en pleno municipal, proceder al desprecinto de las instalaciones, bajo la condición de que, en el plazo de un mes, los promotores presentaran un proyecto de restauración del lugar, y en caso contrario, se procedería a nuevo cierre. "Ni se presentó proyecto ni hubo precinto", recalca un miembro de la asociación.

Legislación. Los vecinos y afectados aluden a las normas subsidiarias de planeamiento de la Ciudad del Drago, en las que se clasifica la zona de Riquel como de protección paisajística de la costa en la franja de cien metros que linda con el mar, y el resto como terreno no urbanizable de protección agrícola. Según esta normativa, solamente son posibles construcciones y actividades relacionadas con la agricultura. También añaden que el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas establece, tal y como aseveran, que las industrias que operan en la costa de Riquel deben estar a una distancia mínima de 2.000 metros del núcleo poblacional más próximo, norma que en este caso no se respeta al haber viviendas a menos de cien metros de la cantera.

Pero no queda ahí la cosa. Según los integrantes de la asociación, en el año 2000 la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural resolvió imponer a los promotores de las empresas de Riquel una multa, así como también les instó a presentar un proyecto de restitución del ecosistema alterado. "Hasta hoy ni una cosa ni la otra", recalcan con rotundidad desde la asociación vecinal de San Marcos.

Denuncias. Las presuntas irregularidades han sido objeto de denuncia. Desde el año 1998 el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), en Garachico, ha registrado una veintena de reclamaciones acerca de las actividades industriales que se desarrollan en el lugar y las molestias que éstas generan. El propio colectivo ha puesto recientemente tres denuncias. Han sido referentes a la construcción de una nueva nave industrial; el montaje de infraestructuras para la elaboración de cemento; y el peligro al que se exponen dos tipos de plantas endémicas, estrictamente protegidas, que se encuentran dentro del ámbito industrial. Los denunciantes alegan que "hasta el día de hoy no hemos recibido ningún tipo de respuesta", y dudan del destino de sus reclamaciones. "Nos dijeron que el Seprona las remitió a la Consejería de Medio Ambiente, pero allí tampoco nos atienden", manifiestan.

En base a lo visto hasta ahora, la asociación de vecinos San Marcos-Los Pescadores, ha concluido dirigir a las industrias de Riquel peticiones de inmediata paralización de toda actividad que no tenga autorización o que contravenga la normativa medioambiental. Asimismo, enviará a los organismos públicos competentes una solicitud formal de actuación inspectora, de apertura o reactivación de expedientes sancionadores y la adopción urgente de medidas cautelares. De lo contrario, se decantará por la vía judicial.

Fuente: Dunia Quintero :: Diario de Avisos