Los vecinos exigen el cese inmediato de las industrias ilegales en Riquel.
La AV San Marcos rechaza las "mentiras" de empresarios y del alcalde y acuden al juzgado. Los miembros de la Asociación de Vecinos San Marcos-Los Pescadores, de Icod, han mostrado su rechazo "a las mentiras" que en su opinión han utilizado tanto los empresarios implicados como el gobierno municipal del PSOE, para intentar justificar las actividades consideradas "ilegales" que se realizan en el paraje costero de Riquel, relacionadas con la construcción y el reciclaje de automóviles.
Los vecinos declararon que las recientes explicaciones de las partes afectadas por el conflicto de Riquel no aportan motivos para modificar el acuerdo adoptado en su día por la asociación, de solicitar al Juzgado de Icod una investigación sobre la legalidad de los acuerdos y las actividades de Riquel.
Los vecinos de San Marcos exigen que las actividades e industrias ilegales de Riquel -toleradas por el Ayuntamiento- finalicen de inmediato y se obligue a los responsables a pagar la restauración del paraje y la recuperación de lugares de disfrute público como el Charco del Perro, hoy sepultado por los escombros vertidos. Afirman que "los empresarios se han hecho ricos destruyendo Riquel, explotando sin control sus recursos, buscando el propio y máximo beneficio a costa de destruir un hermoso paraje y prácticamente la totalidad de bancales de uso agrícola tradicionales que en el lugar existieron. No estamos obligados a soportar un día más este brutal ataque al ecosistema de Riquel y a la calidad de vida de los vecinos, aunque el alcalde mire para otro lado".
La AV San Marcos-Los Pescadores ha querido contestar y mostrar su rechazo a las manifestaciones públicas tanto de la Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales, como de los representantes del gobierno municipal. A ambos les acusan de "faltar a la verdad". Para empezar, aclaran a los empresarios que desde Punta del Callejón hasta la Cueva del Rey y tierras adentro, conforme al ordenamiento jurídico vigente es costa demarcada como área de dominio público marítimo-terrestre y servidumbre de tránsito y de protección. Y conforme al planeamiento vigente en Icod, es zona de protección paisajística de la costa en cien metros desde la linde del mar. El resto es zona no urbanizable de protección agrícola.
Los vecinos advierten de que no están dispuestos a permitir que se consolide el proyecto de zona minera en Riquel y llaman "caras duras de cemento, hierro y alquitrán" a los empresarios instalados en la zona, por afirmar que las protestas vecinales realizadas son una violación de la legalidad vigente. El comunicado de la Asociación de Vecinos señala que "las extracciones de áridos que realiza la empresa Realejos Aridos Abreu son completamente ilegales, según la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias. Las extracciones que además realiza Prebasa, son también ilegales, al igual que la planta de hormigoneo de Forthor Canaria.
Que todavía continúe ahí -agregan- es la más clara expresión de cómo un Ayuntamiento no debe actuar si de verdad quiere proteger los recursos y los espacios naturales". Asimismo, afirmaron que el depósito masivo de vehículos, hierros y chatarras de Desguaces Insulares y Desguaces Tenerife, es también ilegal.
Calidad de vida. Los representantes vecinales indican que actualmente trabajan en Riquel dos plantas de machaqueo-trituración y se atacan hasta cuatro frentes de cantera con máquinas retroexcavadoras y con dinamita, "lo que además de ilegal, es un desprecio a la calidad de vida de los vecinos". El argumento económico esgrimido por los empresarios es calificado de ridículo por los vecinos de San Marcos, "pues el precio de la bolsa de cemento, por ejemplo, es el mismo en Icod que en cualquier municipio de la isla que no tiene actividad extractiva".
Al alcalde le recuerdan que en 1995 pidió a la Dirección General de Urbanismo la competencia sobre el área y actividades de Riquel, "aunque sólo la empleó para dejar inefectivas las órdenes de clausura y precinto".
Fuente: Diario deAvisos
Los vecinos declararon que las recientes explicaciones de las partes afectadas por el conflicto de Riquel no aportan motivos para modificar el acuerdo adoptado en su día por la asociación, de solicitar al Juzgado de Icod una investigación sobre la legalidad de los acuerdos y las actividades de Riquel.
Los vecinos de San Marcos exigen que las actividades e industrias ilegales de Riquel -toleradas por el Ayuntamiento- finalicen de inmediato y se obligue a los responsables a pagar la restauración del paraje y la recuperación de lugares de disfrute público como el Charco del Perro, hoy sepultado por los escombros vertidos. Afirman que "los empresarios se han hecho ricos destruyendo Riquel, explotando sin control sus recursos, buscando el propio y máximo beneficio a costa de destruir un hermoso paraje y prácticamente la totalidad de bancales de uso agrícola tradicionales que en el lugar existieron. No estamos obligados a soportar un día más este brutal ataque al ecosistema de Riquel y a la calidad de vida de los vecinos, aunque el alcalde mire para otro lado".
La AV San Marcos-Los Pescadores ha querido contestar y mostrar su rechazo a las manifestaciones públicas tanto de la Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales, como de los representantes del gobierno municipal. A ambos les acusan de "faltar a la verdad". Para empezar, aclaran a los empresarios que desde Punta del Callejón hasta la Cueva del Rey y tierras adentro, conforme al ordenamiento jurídico vigente es costa demarcada como área de dominio público marítimo-terrestre y servidumbre de tránsito y de protección. Y conforme al planeamiento vigente en Icod, es zona de protección paisajística de la costa en cien metros desde la linde del mar. El resto es zona no urbanizable de protección agrícola.
Los vecinos advierten de que no están dispuestos a permitir que se consolide el proyecto de zona minera en Riquel y llaman "caras duras de cemento, hierro y alquitrán" a los empresarios instalados en la zona, por afirmar que las protestas vecinales realizadas son una violación de la legalidad vigente. El comunicado de la Asociación de Vecinos señala que "las extracciones de áridos que realiza la empresa Realejos Aridos Abreu son completamente ilegales, según la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias. Las extracciones que además realiza Prebasa, son también ilegales, al igual que la planta de hormigoneo de Forthor Canaria.
Que todavía continúe ahí -agregan- es la más clara expresión de cómo un Ayuntamiento no debe actuar si de verdad quiere proteger los recursos y los espacios naturales". Asimismo, afirmaron que el depósito masivo de vehículos, hierros y chatarras de Desguaces Insulares y Desguaces Tenerife, es también ilegal.
Calidad de vida. Los representantes vecinales indican que actualmente trabajan en Riquel dos plantas de machaqueo-trituración y se atacan hasta cuatro frentes de cantera con máquinas retroexcavadoras y con dinamita, "lo que además de ilegal, es un desprecio a la calidad de vida de los vecinos". El argumento económico esgrimido por los empresarios es calificado de ridículo por los vecinos de San Marcos, "pues el precio de la bolsa de cemento, por ejemplo, es el mismo en Icod que en cualquier municipio de la isla que no tiene actividad extractiva".
Al alcalde le recuerdan que en 1995 pidió a la Dirección General de Urbanismo la competencia sobre el área y actividades de Riquel, "aunque sólo la empleó para dejar inefectivas las órdenes de clausura y precinto".
Fuente: Diario deAvisos
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