Información de la Comisión Europea sobre el Puerto de Granadilla. En repuesta a una pregunta del eurodiputado de Los Verdes Raúl Römeva.

Los Verdes valoran el interés de la Comisión en estudiar con objetividad todas las alegaciones.

El eurodiputado de Los Verdes, Raúl Römeva, formuló el pasado mes de julio, a instancias de Los Verdes de Canarias, una pregunta a la Comisión sobre el incumplimiento de determinadas directivas comunitarias con relación al proyecto del futuro Puerto de Granadilla.

En concreto, Raúl Römeva planteaba las dudas ante el hecho de que las autoridades españolas (en concreto, la Autoridad Portuaria), hubiesen realizado una modificación “reducida” del proyecto, como consecuencia del indiscrutible impacto del proyecto original, sin que dicho proyecto se habiese publicado en el Boletín Oficial del Estado, como es preceptivo. Asimismo, Raúl Römeva denunciaba que este nuevo proyecto tampoco tenía estudio de impacto ambiental.

La Comisión, en su respueta, reconoce “las numerosas denuncias recibidas contra el proyecto de puerto industrial de Granadilla”, así como el hecho de celebrar varias reuniones con las autoridades públicas y los denunciantes con objeto de recibir sus observaciones y nuevas pruebas. En su respuesta, añade que la Comisión trata de velar por la correcta aplicación de la legislación comunitaria de medio ambiente, en particular la Directiva de hábitats y la Directiva de evaluación de impacto ambiental (EIA).

Por tales motivos, la Comisión está examinando con detenimiento el nuevo proyecto, que les entregó las autoridades españolas, y sus posibles efectos en los lugares de importancia comunitaria (LIC), Sebadales del sur de Tenerife y Montaña Roja, próximos a la zona de construcción del proyecto. En este sentido, tendrá en cuenta todos los datos y documentos pertinentes facilitados por las autoridades españolas y por los denunciantes, como así ha ocurrido hasta la fecha.

En el mismo escrito de respuesta, el Sr. Dimas, Comisario de Medio Ambiente, informa que le solicitaron a las autoridades españolas, en julio de 2005, a fin de seguir examinando el proyecto, que le presentaran una “evaluación actualizada de alternativas que tuviera en cuenta la reducción de tamaño del proyecto, una indicación clara del impacto potencial del proyecto revisado, en la que se incluyan los nuevos elementos desconocidos en el momento en que se realizó la primera evaluación de impacto ambiental, y una lista de medidas compensatorias para el proyecto revisado”. Asimismo, la Comisión “está examinando la solicitud de cofinanciación con arreglo a los Fondos Estructurales enviada por las autoridades españolas”.

De la información complementaria facilitada por el eurodiputado Raúl Römeva, parece confirmarse que la Comisión no tendrá un dictamen definitivo hasta diciembre. Asimismo, también parece evidente las presiones ejercidas por Coalición Canaria (CC) y PSOE, tal como confirmó en el día de ayer (miércoles 21) el también eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein. Ambos diputados, y el grupo de Los Verdes, han asumido este asunto con enorme interés, con la pretensión de que la Comisión confirme el incumplimiento de las directivas comunitarias, aún con el nuevo proyecto más reducido.

Francisco R. Pulido (Mesa Federal)
Fuente: Comunicado de prensa de Los Verdes de Canarias
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