¿Existe realmente déficit sanitario en Canarias? Dinero público para negocio privado.

Ramón Afonso / Canarias Semanal.- Desde el momento en que se dio a conocer el Tratado por el que se instituía una Constitución para Europa se supo que los servicios públicos tenían los días contados, tal es así, que ni siquiera contempla su existencia y los describe como meros “servicios de interés general” siendo el mercado quien los regule y no el Estado. Coalición Canaria, PP y Psoe, que apoyaron belicosamente la Constitución Europea y son conocedores de estos extremos, se enredan en un falso conflicto sobre la financiación de la Sanidad. Ciertamente, el sistema sanitario es deficitario pero lo realmente imperioso es clarificar qué modelo se desea desarrollar. Lejos de mostrar a la ciudadanía sus intenciones, limitan el debate a una apuesta grotesca por ver quién saca mejor tajada de los 1.700 millones provenientes de los antisociales e injustos impuestos indirectos que el gobierno “socialista” ha puesto a disposición de los múltiples y dispares sistemas sanitarios, aunque con un denominador común: el alto porcentaje de actividad privada concertada.

Llevamos meses soportando los lastimeros argumentos de lo mal que han tratado a Canarias en el reparto sanitario, aunque se reconoce que ha habido una mejora con respecto a anteriores contingentes. Mª del Mar Julios afirma una y otra vez que “si se utilizara el censo de 2004 en lugar del de 1999 y se abonaran los fondos por los servicios prestados a extranjeros y desplazados Canarias debería recibir entre 200 y 300 millones de euros”. Lo que no dice es lo insignificante que llega a ser esa cantidad si se la compara con el dinero que el Gobierno de Canarias ha perdonado al empresariado en la recaudación de impuestos (RIC). La consejera, con el victimismo que caracteriza toda la política de CC, ha conseguido, a juzgar por el silencio de sus cómplices -PP, Psoe y medios de comunicación-, que no se cuestione si el déficit generado es producto simplemente del aumento poblacional o si, en realidad, se debe al alto nivel de privatización del SCS, lo que Soria ha bautizado ladinamente como “gestión indirecta”. En las cuentas no se detalla cómo se han empleado los fondos públicos, sobre todo aquellos que hacen referencia a los conciertos con entidades privadas, cuántos euros por habitante se han dedicado a la prevención,etc. Con la satisfacción no disimulada de Farmaindustria –420,6 millones de euros de agosto 2004 a julio 2005- se informa del crecimiento cuasi exponencial del gasto farmacéutico, queriendo hacernos creer que la causa está en la descomunal automedicación y que los gestores del SCS no parecen tener ninguna responsabilidad -2.544.470 de recetas en julio pasado-. Nada se sabe, porque nada se quiere saber, de aquellos especialistas que cuelan a pacientes de su consulta privada en hospitales públicos para realizar alguna prueba diagnóstica, casi siempre cara y difícil, desvirtuando así las larguísimas listas de espera. Si se desea consultar el texto completo se encuentra disponible haciendo clic aquí.