Asamblea por Tenerife denunciará ante el Común los "atentados a la libertad".

Prensa Digital / Canarias Ahora.- La Coordinadora de Pueblos y Barrios-Asamblea por Tenerife denunciará ante el Diputado del Común y el Defensor del Pueblo los “atentados al libre ejercicio del derecho de libertad de expresión” registrados durante el último año en la Isla por parte de diversas instituciones públicas y cuyo colofón fue la sanción impuesta a un miembro del colectivo, José Pérez Ventura, acusado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de pegar carteles para convocar una manifestación en zonas no permitidas.

La Coordinadora de Pueblos y Barrios-Asamblea por Tenerife exige al Ayuntamiento de la capital tinerfeña la paralización del expediente sancionador contra un miembro del colectivo como medida preventiva ante el riesgo de una multa “desproporcionada”, un proceso ya recurrido por la vía contencioso-administrativa.

El Pleno de la corporación municipal aprobó en su última sesión imponer una sanción económica de 12.742 euros a Pérez Ventura, que representaría el coste de los trabajos de retirada de “todos los carteles de la ciudad sin tener ninguna prueba de que los hubiera pegado él”, y la apertura de un expediente sancionador paralelo que podría culminar en una multa de entre 3.000 y 30.000 euros. A juicio del portavoz de la Coordinadora, Ramón Pérez Almodóvar, las medidas se adoptaron “por convocar una manifestación”, ya que el sancionado se encargó de solicitar los permisos pertinentes para la protesta.

“Pedimos que cese ya la coacción a los movimientos ciudadanos y que los partidos políticos hagan un pronunciamiento a favor de la democracia y las libertades civiles, que se están vulnerando a diario”, añadió Pérez Almodóvar. Otros actos similares denunciados fueron la “manipulación informativa” que se hizo de la manifestación del 27 de noviembre del pasado año contra el puerto de Granadilla y de protesta del 21 de enero en La Laguna.

Igualmente, desde la Coordinadora denunciaron una amenaza de multa de entre 3.000 y 30.000 euros a la Plataforma Nordeste para que no celebrara un acto en la playa de Bajamar, que finalmente se suspendió. También sostuvieron que se ha impedido salir con megáfonos por las calles de La Laguna y de Candelaria para convocar actos y asambleas de vecinos y, sobre este último municipio, condenan que su alcalde, José Gumersindo García, haya hecho oídos sordos a dos sentencias del Tribunal Constitucional que obligan a permitir la instalación de una jaima para reivindicar los derechos del pueblo saharahui.

Asimismo, el colectivo ciudadano aseguró que se retiraron masivamente los carteles convocantes de manifestaciones y actos públicos en Santa Cruz de Tenerife, “mientras no se quitan los que anuncian conciertos, que, además, ocupan todos los espacios reservados al efecto”. Añadieron a la lista los “ataques personales” desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales en la provincia (CEOE-Tenerife) al catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, Federico Aguilera; al portavoz de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturalez (ATAN), Eustaquio Villalba, por parte de la concejal capitalina Begoña Ortiz, al calificarlo de “fracasado y esquizofrénico político”; y a los ciudadanos opuestos al actual modelo de desarrollo al definirlos como “terroristas sociales, golpistas civiles o exterminadores” por parte del presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Luis Suárez Trenor.

¡Ya está bien!

El rechazo a la iniciativa parlamentaria popular avalada por 56.000 firmas contra el Puerto de Granadilla, “un ejercicio de democracia como nunca se había visto en Canarias”, y las coacciones a los miembros de la Plataforma Vecinal El Cabo a través del presidente de la Asociación de Vecinos en connivencia con la concejala Begoña Ortiz completan el listado que denunciarán ante las instituciones autonómica y estatal de defensa de los derechos de los ciudadanos.

"Nos retrotraen al periodo franquista". A juicio de Pérez Almodóvar, todas estas circunstancias “nos retrotraen al periodo franquista”. Por ello, el portavoz de la Coordinadora advirtió a los ciudadanos de que “la libertad de expresión está en peligro” y animó a luchar por la calidad de la democracia, “deteriorada en Tenerife”.

También efectuó un llamamiento a los medios de comunicación para que “hagan un esfuerzo en aras a fomentar el debate público” y negó las acusaciones vertidas por un periódico de la provincia occidental, en referencia a El Día, acerca de la supuesta financiación con “oro amarillo” (dinero procedente de Gran Canaria) de los movimientos sociales de protesta en Tenerife. “Si tiene constancia de ello, que lo pruebe y si no, que deje de decirlo, porque está incurriendo en un posible delito de difamación”, dijo Pérez Almodovar.

La convocatoria de este sábado contó con el apoyo de los sindicatos EA-Canarias, Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, Plataforma por la Paz (también multada por convocar manifestaciones contra la guerra), ATAN, Ben Magec y diversas plataformas ciudadanas.

“Pedimos que los partidos políticos hagan un pronunciamiento a favor de la democracia y las libertades civiles, que se están vulnerando a diario”.

La Coordinadora de Pueblos y Barrios exige al Ayuntamiento de la capital tinerfeña la paralización de la sanción contra un miembro.