Intervención de EA-Canarias ante la Subcomisión de Educación del Parlamento de Canarias sobre el proyecto de Ley Orgánica de Educación.
Sindicatos / Sindicato Enseñantes Asamblearios de Canarias (EA-Canarias).- Queremos expresar nuestra satisfacción por la invitación que se nos hace para dar nuestro parecer sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Educación. Creemos importante que los representantes públicos conozcan la opinión de la ciudadanía y de los colectivos afectados por las leyes y propuestas que se debaten en sede parlamentaria.
Nuestra opinión sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) está en relación con una antigua, y no por ello menos vigente, reivindicación de la izquierda, de los colectivos docentes y de los distintos movimientos de renovación pedagógica:
- Enseñanza obligatoria, pública, laica y gratuita de los cero a los dieciocho años.
Desde esa exigencia hacemos la valoración del proyecto.
I.-. La Administración Pública no asume la oferta de cero a tres años, da carácter voluntario a la Educación Infantil de tres a seis años, y propone la vía del concierto con centros privados como forma de responder a la demanda. La necesidad de atención a ese período de edad no queda cubierta , y no se atiende a muchas familias, obligando a gran número de mujeres a no acceder, o a abandonar la actividad productiva remunerada.
II.- Aunque hoy es posible, en determinadas circunstancias, prolongar la escolarización en los tramos obligatorios, hasta los dieciocho años, el período de edad de dieciséis a dieciocho años y las enseñanzas correspondientes no son obligatorias con la LOE
Si tomamos en consideración que la mayoría de edad se alcanza a los dieciocho años, y que los ciclos formativos y el Bachillerato se realizan a partir de los dieciséis años, debería contemplarse la obligatoriedad de la etapa, tanto en FP cómo en Bachillerato.
III.- La Constitución de 1978 establece una triple red educativa, la libertad de elección de centro por parte de los padres y la posibilidad de tener un ideario del centro, o más bien del titular del centro. A la vez comienzan los conciertos en los tramos obligatorios.
La aportación de la LOE en este terreno consiste en ampliar los conciertos, extendiéndolos a etapas no obligatorias, reafirmando la complementariedad entre la red pública y la concertada. Se pierde así una magnífica oportunidad de ampliar la red pública educativa hasta abarcar todo la demanda, prefiriendo transferir fondos a empresas privadas. Es una fórmula para desviar recursos de todos en beneficio de algunos, que obtienen rentabilidad económica e ideológica con su actividad, y que contribuyen a la segregación social.
IV.- Los Concordatos con la Iglesia Católica han llevado aparejados para el Estado la obligatoriedad de ofrecer el adoctrinamiento en todos los centros, y la voluntariedad de aceptarlo por parte de los padres. La Iglesia, hasta ahora, ha exigido que haya una materia alternativa a la confesional y que la enseñanza religiosa sea evaluable y computable.
Desde la óptica de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, no puede haber en ningún caso relaciones especiales con ninguna confesión religiosa. La enseñanza debe ser estrictamente laica, debe transmitir contenidos científicos y valores ciudadanos. No es su función transmitir creencias cuyo ámbito es el de la vida privada.
Sin embargo, la LOE mantiene el carácter obligatorio de la oferta religiosa sostenida con fondos públicos, y abre la posibilidad de conciertos con otras confesiones religiosas.
Consideramos que no se respetan los derechos individuales al obligar a declarar, como de hecho se hace, sobre las convicciones ideológicas y religiosas para decidir la asistencia, o no, a las clases de religión.
V.- Con respecto a la gratuidad, y también a la calidad de la enseñanza, constatamos que la LOE no tiene una Ley de Acompañamiento Financiero. Ya en la LOGSE, ,la ausencia de dicha norma impidió disponer de medios suficientes para su aplicación.
De nuevo parece que se comete el mismo error. Nuestro sindicato considera que debería establecerse por ley que la cuantía de los fondos destinados a Educación estuviese por encima del 6% del Producto Interior Bruto.
Debe tomarse en consideración, no sólo el aumento de medios materiales y humanos para atender la diversidad, al alumnado con necesidades educativas especiales, al uso de los centros más allá del horario lectivo, a servicios complementarios...,sino también al hecho de que, actualmente, el gasto creciente en material fungible y libros de texto es sufragado por los padres de alumnos, lo que nos aleja de la gratuidad de la enseñanza obligatoria.
VI.- Un aspecto preocupante de la LOE es que, a pesar de que se crea la figura de una persona que en el Consejo Escolar se encargue de velar por la igualdad de género y evitar contenidos sexistas y discriminatorios, no se garantiza la Ley, sin embargo, la coeducación, con lo que podría darse el caso de que centros sostenidos con fondos públicos segreguen al alumnado por género, o se creen centros masculinos y femeninos, cómo antaño. Es decir, que volveríamos a sacralizar la inferioridad de las mujeres. Exigimos que en la Ley Orgánica figure la obligatoriedad de la coeducación en todos los centros educativos.
En relación con antiguas demandas del profesorado, queremos hacer algunas observaciones, tanto al proyecto, como al acuerdo firmado en días pasados entre el MEC y algunos sindicatos, acuerdo que no suscribimos:
a) No hay garantía de disminución de horario lectivo sin reducción de haberes para mayores de 55 años. Dicha reducción sería beneficiosa, tanto para el profesorado afectado, como para los centros, que podrían mejorar actividades complementarias, disponiendo de las horas no lectivas de estos profesores.
b) La jubilación voluntaria a los 60 años, que en el proyecto se extiende hasta el 2010, se amplia en el Acuerdo hasta el 2011, ó 2012, dependiendo de la fecha en que entre en vigor la ley, y se concluya su implantación, para la que hay un plazo de cinco años. Desde nuestra concepción, la jubilación voluntaria a los 60 años, o con treinta años de servicio, debería establecerse definitivamente y no dejarlo al albur de posibles acuerdos en 2012.
c) Con respecto al acceso a la Función Pública Docente compartimos la reivindicación de acceso diferenciado que hacen los profesores interinos y sustitutos, que además piden la estabilidad en el empleo. Estos profesores son necesarios al sistema, han entrado en lista con baremación objetiva, han demostrado su idoneidad y buena parte de ellos, sin generar antigüedad a efectos retributivos, han prestado servicios durante muchos años. Creemos que debería fijarse un plazo de servicios, por ejemplo, de tres años para garantizar su continuidad en el empleo.
El acuerdo entre la Sra. Ministra de Educación y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y ANPE y otros no representativos en educación, contempla la convocatoria extraordinaria, durante cuatro años, desde 2006, de concurso oposición, para reducir al 8 % el colectivo de interinos. Dicho acuerdo no contempla un acceso diferenciado por concurso y no garantiza el empleo a los interinos.
Hay otras reivindicaciones, no muy recientes, a las que tampoco responde el proyecto. Nos referimos al Cuerpo Único de Enseñantes, con una formación inicial del mismo valor académico, y con las especialidades necesarias.
También, a que en todos los niveles educativos haya el mismo tiempo de trabajo e idéntica carga lectiva.
Igual ocurre con la homologación retributiva con otros cuerpos de funcionarios.
O la forma de participación de los Claustros de profesores en la actividad de los centros, que han perdido competencias que el proyecto no recupera, o al sistema de elección de Dirección, que incluso puede ser ajena al Claustro de profesores. Se retrocede con respectos a los avances alcanzados en la LODE en la participación de la Comunidad Educativa en la gestión del Centro.
Queremos hacer referencia, brevemente a algunas medidas para mejorar la calidad de la enseñanza.
En primer lugar, la reducción de ratio:
En Bachillerato debe pasar de los actuales 35 a 30 alumnos, de 30 a 25 en secundaria, y de 25 a 20 en Primaria, como regla general. De otro lado, contemplar reducciones superiores en grupos con alumnos de necesidades educativas especiales, con inmigrantes que desconozcan el castellano o con alumnos de zonas socio-económicamente deprimidas.
Estimamos necesario que haya servicios suficientes para detección temprana, desde la enseñanza infantil, de alumnos con dificultades de aprendizaje, para implementar las medidas de adaptación y atención necesarias con carácter individualizado.
En relación con las escuelas rurales, consideramos que debe garantizarse su mantenimiento y mejora para impedir el desarraigo infantil e impedir la despoblación de los núcleos rurales.
Acabamos ya, refiriéndonos a la necesidad de continuar con la misma carga horaria en materias que corran peligro de perderla, como Educación Plástica y Visual, Música, Física y Química, etc. También a los desdobles necesarios en idiomas o en áreas teórico-prácticas como Física y Química, Tecnología, Biología.
Gracias por su atención,
Tenerife, a 25 de octubre de 2005
Domingo Méndez Rodríguez, en representación del Sindicato Enseñantes Asamblearios de Canarias (EA-Canarias)
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