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El personal laboral del Gobierno no acepta la subida salarial del 3,08%.

Prensa digital / Canarias Ahora.- El personal laboral de la Administración autónoma consideró este jueves insuficiente el incremento en un del 3,08% de las retribuciones salariales del personal funcionario, laboral, estatutario y sometido a régimen administrativo anunciado este miércoles por el consejero de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano, y advirtió a la Administración de que “no nos van a engañar con la primera migaja”.

Así lo aseguró este jueves la representante de SEPCA, Ana González al inicio de la caravana reivindicativa que recorrió durante la mañana de este jueves las calles de la capital tinerfeña para reclamar la homologación salarial y mejoras en la promoción interna y estabilidad para este colectivo, que integran unos 7.500 trabajadores.

Representantes del comité de huelga -integrado por los sindicatos UGT, Comisiones Obreras (CCOO), SEPCA, Intersindical Canaria (IC), y Convergencia Sindical Canaria-OCES- y Administración mantenían una nueva reunión en Las Palmas de Gran Canaria para negociar una solución, que evitaría las jornadas de huelga que comenzarán el próximo 17 de noviembre y continuarán los días 30 de noviembre, 13 de diciembre, 25 de enero y 21 de febrero.

Este colectivo, que integran el personal contratado fijo, temporal y sustituto, demanda una homologación retributiva y mejoras sociales para el personal laboral de la Comunidad Autónoma, que es de las pocas del conjunto estatal que no ha adoptado un paquete de medidas para compensar la congelación salarial que sufre este colectivo desde hace años para la contención del gasto público. También reclama mejoras en los procesos de promoción interna y en la carrera profesional.

La representante sindical afirmó que subida salarial anunciada este miércoles -que plantea un aumento del 2% en el salario y un incremento del 0,89% en el complemento de destino que se aplicará en las pagas extras- “no nos dice nada y nos sigue dejando en la miseria”, y recordó que desde hace 10 años este colectivo sufre una congelación salarial, que les ha hecho perder un 15% de riqueza.

“Nos llevan toreando 10 años y no ha quedado más remedio que iniciar protestas públicas”, aseguró la representante sindical, quien recordó pidió a la Administración que negocie “de una vez” las demandas de este colectivo “que ya ha llegado al límite”.

González recordó que otras administraciones ya han solucionado la situación, mientras que la Administración autónoma “nunca se ha acordado de nosotros” y al tiempo avanza hacia una “privatización exagerada de los servicios, utilizando fondos públicos” y en detrimento de la calidad de atención a los ciudadanos.

Al respecto, apuntó que la privatización de servicios se hace mediante contratas y subcontratas, sobre las que aseguró que muchas veces no hay vigilancia ni control por parte de la Administración “y en las que se están dando casos de gente sin contrato, con sueldos miserables y que se ven obligados a callar determinadas cosas” para preservar sus puestos de trabajo.

En esta línea, recordó la sustitución de los servicios de cocina por la contratación de catering en los comedores escolares, que además de una privatización implica una pérdida en la calidad del servicio.

Frente a ello, reclamó el mantenimiento y ampliación este estos servicios complementarios en los centros educativos públicos, entre las que solicitó medidas para superar la precariedad laboral y falta de estabilidad de los cerca de 1.300 vigilantes de comedores escolares, contratados a tiempo parcial y con un salario de unos 365 euros.

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