Discriminación educativa.

Prensa digital / El País.- La plataforma que se opone a la Ley de Ordenación de la Educación ha roto la negociación que acababa de iniciar con el Gobierno. Los hechos son elocuentes: la plataforma excluyó de las conversaciones al sindicato más representativo del sector concertado, y, de rebote, a la principal organización de centros religiosos, apartando así a quienes habían demostrado mayor capacidad de interlocución con el Ejecutivo. A estas alturas parece claro que su principal objetivo no es negociar cambios en el contenido de la ley, sino servir a la estrategia del PP en su intento de aglutinar un movimiento ideológico neoconservador liderado por el sector más intransigente de la Iglesia católica.

La exigencia de que la religión sea evaluable y computable es la parte más visible, pero no la más importante del modelo educativo que propugna. Con el argumento central de que debe garantizarse la libertad de los padres para elegir, pretende que el Estado proporcione a los centros concertados el coste de la enseñanza básica, pero quiere que los padres puedan aportar una cuota adicional para complementarla; pretenden también que los centros puedan ampliar las plazas financiadas con fondos públicos en función de la demanda, pero no quieren que la Administración intervenga en la admisión fijando criterios de preferencia o estableciendo medidas que garanticen un reparto equitativo de los alumnos con necesidades especiales, como los hijos de inmigrantes. Finalmente, pretende que el centro pueda exigir, como requisito de admisión, la adhesión del alumno al ideario educativo. Todo ello en aras de la libertad. Pero ¿qué libertad es posible sin igualdad?

De llevar estas propuestas a sus últimas consecuencias, los centros concertados, al cobrar cuotas adicionales, tendrían más recursos que los públicos para mejorar su oferta educativa, lo que atraería a muchos escolares de clases medias. Conforme aumentara la demanda, podrían ampliar las plazas y, por tanto, los recursos económicos, en detrimento del sector público, que aparecería como una oferta de menor calidad. El sector concertado tendría garantizada la homogeneidad social del alumnado, y también la ideológica, por la obligación de aceptar el ideario educativo, y se consolidaría un sistema clasista, con un grave riesgo de que se formaran guetos escolares.

Y eso ocurriría muy rápidamente, porque ¿cuánto tardarían los padres de los alumnos de centros públicos en cambiarles de colegio si percibieran que en él tienen menos oportunidades? El PP argumenta que la Ley de Ordenación rompe España porque no garantiza un tronco suficiente de enseñanzas comunes en todo el país. Lo que rompe una nación es tener un sistema educativo discriminatorio y pretender además que los fondos públicos sirvan para financiar la exclusión social.