Un juez investiga una red de corrupción en la Consejería de Industria en 2004. Cargos del PP favorecieron a una firma de los hijos del presidente de la Audiencia de Las Palmas.

Partidos políticos / Iniciativa por La Orotava (IpO).- Los hijos del presidente de la Audiencia de Las Palmas, José Antonio Martín Martín, suspendido el pasado jueves de sus funciones por supuesto trato de favor a un narcotraficante, son socios del empresario Wilebaldo Luis Yanes, intermediario de dos acusados de narcotráfico por los que el magistrado se interesó. El empresario recibió información privilegiada del Departamento de Industria de Canarias en 2004 para un concurso público. Ese departamento lo dirigía el popular Luis Soria, hermano del presidente de dicha formación en la comunidad Canaria, José Manuel Soria.

Un hijo del magistrado, Nereo Martín Fuentes, al que apadrinó Yanes, el intermediario de los narcos, le asesora como abogado, forma parte del consejo de administración de sus empresas y tanto él como sus hermanos son socios en varias de sus firmas, incluida la receptora de los datos confidenciales, Siemenca.

Todos estos datos, descubiertos por la investigación judicial y policial, han puesto bajo la lupa todas las facetas económicas del magistrado y de su familia bajo un doble objetivo: esclarecer si a través propio o de sus hijos ha recibido algún pago por sus labores a favor de los presuntos narcos y, por otro lado, si ha tenido alguna relación con el polémico concurso del Gobierno canario en 2004 para construir parques eólicos, cuya información filtró anticipadamente un directivo popular del Gobierno canario precisamente a Yanes.

Los correos electrónicos enviados a dicha empresa, Siemenca, asesorada y participada por hijos del magistrado, forman parte de las presuntas pruebas que maneja el juzgado canario que investiga este caso de corrupción que hizo aflorar las relaciones del magistrado con Yanes, el intermediario de los narcos que había sido denunciado por otro empresario que le acusaba de intentar manipular el concurso en connivencia con la Consejería de Industria del Gobierno canario.

El denunciante que dio pie a estas pesquisas, un ex directivo de Siemenca, detalló que con ocasión del concurso que iba a sacar el Gobierno canario para establecer parques eólicos en todo el archipiélago le resultó extraño que desde junio de 2004, meses antes de que saliese a la luz en el Boletín Oficial la convocatoria, altos cargos de su empresa, Siemenca, recibiesen información de la Consejería de Industria canaria sobre el concurso. El objetivo de los personajes públicos y privados compinchados para amañar el concurso era, según denunció ante la policía y la fiscalía anticorrupción, obtener "un beneficio económico" multimillonario.

Debido a que el correo electrónico de la empresa Siemenca era abierto, con una misma clave para todos los empleados y directivos, el denunciante tuvo acceso a los mensajes presuntamente delictivos recibidos desde el Gobierno canario.

La denuncia se dirigió contra el citado Yanes, empresario interesado en el concurso; el ex director general de Industria Celso Perdomo, y contra el presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas, José Miguel Suárez, uno de los principales accionistas del entramado empresarial investigado en relación con el intento de amaño del concurso. Perdomo, autor de los correos electrónicos interceptados, que rehusó hablar con este diario, ha asegurado a algunos conocidos suyos que transmitió la citada información "siguiendo instrucciones".

La empresa a través de la cual optó este grupo empresarial a la construcción de siete de los parques eólicos era Recursos Renovables de Canarias. El denunciante definió así a este entramado empresarial: "Es un grupo que, presuntamente, dada su inexistente actividad comercial se enfoca al fraude fiscal, a la recepción de subvenciones públicas, a la emisión de facturas a la Cámara de Comercio de Las Palmas y, lo que es más grave, a corromper a los cargos políticos y funcionarios públicos".

Las relaciones del hijo del magistrado suspendido por el Poder Judicial con el intermediario de los narcos no eran meramente de asesoría jurídica. A través de distintas empresas, él, junto con otros hermanos -hijos del magistrado-, participaba en varias sociedades de Yanes, incluida aquella donde se recibió la información privilegiada, Siemenca. Según datos internos que aportó el denunciante, a través de Mayar -empresa cien por cien de la familia del magistrado-, poseía directamente un 10,42% de Siemenca, y controlaba indirectamente otro 41,67% a través de Murca, propiedad en un 33% también de los hijos del juez.

Este diario ha intentado, sin éxito, contactar con el magistrado a través de su despacho en la Audiencia Provincial y de la APM (Asociación Profesional de la Magistratura, de la que es portavoz), de su hijo, el abogado Nereo Martín Fuentes, y del empresario que intercedió en favor de los presuntos narcos, Yanes, así como de los dirigentes populares Luis y José Manuel Soria.