La concesión de los parques eólicos canarios destapa comisiones a políticos.

Prensa digital / El País.- El juez posee un correo electrónico que fija las cuantías pactadas. El ex directivo de la empresa canaria Siemenca que denunció ante la Fiscalía Anticorrupción una trama delictiva en el departamento de Industria del Gobierno autónomo durante 2004 ha aportado datos que, según él, demostrarían prácticas irregulares en torno a las adjudicaciones de contratos públicos. El denunciante ha entregado un correo electrónico en el que se establece el pago de 12 millones de euros a determinados políticos por sus gestiones en un concurso de parques eólicos. La operación supondría un beneficio de 120 millones, de los que 30 irían a comisiones pagadas a los políticos y a los organizadores privados del supuesto amaño del concurso.

El denunciante, con acceso a información interna de un supuesto grupo de empresas que se habría beneficiado de los contratos, explica así el reparto: "Los denunciados y la trama de sociedades interpuestas pretenden conseguir un beneficio económico posiblemente situado en unas comisiones en torno al 25% (10% los políticos y 15% los organizadores), según consta en los cálculos realizados por ellos, sobre un importe potencial de 120 millones de euros". Como prueba de su aseveración, ha aportado a la fiscalía un correo electrónico que se cruzaron dos directivos del supuesto grupo al que denuncia: Daniel Fernández de Salamanca y Wilebaldo Yanes. En ese correo se incluye una tabla de supuestos sobornos y comisiones.

La empresa Recursos Renovables de Canarias fue creada in extremis para el concurso de parques eólicos -se fundó en agosto de 2004 y el concurso se convocó en octubre-, después de que el grupo denunciado llevara meses recibiendo supuestamente información privilegiada desde la Consejería de Industria canaria -prueba aportada en soporte informático al juzgado-, gobernada por el popular Luis Soria, hermano del presidente del PP en Canarias, José Manuel Soria.

El principal accionista de la empresa licitadora era Aerogeneradores de Canarias Las Palmas, cuyo administrador único era Daniel Fernández de Salamanca. Éste presuntamente envió correos electrónicos que evidencian haber recibido información privilegiada a Wilebaldo Yanes, consejero delegado de Siemenca, empresa del grupo donde también se recibieron supuestamente datos confidenciales sobre el concurso que preparaba la Consejería de Industria canaria en 2004. Pese a su precipitado nacimiento, Recursos Renovables de Canarias optó a siete de los parques eólicos.

Aunque el denunciante solicitó la inmediata intervención por la policía del servidor de correo electrónico de la Dirección General del Gobierno de Canarias para probar que se había suministrado información privilegiada a este grupo empresarial, la actual consejera, Marisa Tejedor, de Coalición Canaria, ha esgrimido que su departamento no guarda copia de los mismos, ya que "sólo se almacenan tres meses". Sin embargo, un informe pericial presentado por el denunciante al juzgado canario que investiga estos hechos acredita la fidelidad de los correos electrónicos aportados mediante un disco.

Hubo modificaciones. La consejera asegura que de los hechos denunciados no se desprendía que la información suministrada a Wilebaldo Yanes desde su consejería bajo el anterior mandato tuviese validez suficiente, ya que el borrador enviado el 5 de agosto de 2004 con las bases del concurso "no contenía información fidedigna". Tal aseveración la basa en que el documento final mostraba numerosas modificaciones sobre el borrador filtrado previamente en cuanto a plazos y criterios de valoración.

Frente a este criterio, la diputada del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) Gloria Gutiérrez sostiene que existen datos suficientes para que se investigue "todo el concurso".

Wilebaldo Yanes fue fundador del partido Asociación Palmera de Independientes (API), formación que posteriormente se integró en Coalición Canaria. Las escuchas policiales que se le practicaron evidenciaron también sus intercesiones en favor de dos presuntos narcotraficantes y las supuestas gestiones en favor de ellos del recientemente suspendido presidente de la Audiencia de Las Palmas, José Antonio Martín Martín. Una magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias asumirá personalmente esta parte de la investigación.

De momento, la investigación judicial se centra en el entramado empresarial supuestamente favorecido por correos electrónicos enviados desde la consejería, donde se les indicaba con meses de antelación cuáles serían las condiciones del concurso de parques eólicos, dónde se instalarían, e incluso la relación de personajes políticos y privados que los miembros de la trama debían contactar.