Canarias, territorio inmigratorio incontrolado.

Medios alternativos / El Guanche.- Antonio Rodríguez de León*. De un Estado que se aferra a un Estatuto de Autonomía Colonial, con total y absoluta dependencia, no se puede esperar nada. La acogida de inmigrantes que llegan a Canarias, huyendo de un mundo de miserias en sus respectivos Países de origen, está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, (art. 13). Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Paradójicamente ningún Estado cumple con dicha Declaración, por lo tanto es pura hipocresía. Esta es la cruda realidad, y analizar lo que acontece en nuestros territorios insulares recurriendo a los Derechos Humanos solamente para solicitar ayudas económicas y subvenciones. Confunden intencionadamente la acogida humanitaria de inmigrantes, reclamando la hipócrita solidaridad internacional, cuando esos mismos, niegan la solidaridad y ayudas económicas con las gentes necesitadas del territorio de acogida. En Canarias existen miles de personas que están pasando por parecidas calamidades de hambre y miserias, emigrando entre pueblos, y de unas islas hacia otras, en la busca de un trabajo que no encuentra por la invasión incontrolada de inmigrantes de otras comunidades del Estado y de europeos comunitarios, que desplazan a los canarios de trabajos dignamente remunerados. Los canarios tienen que competir con los sudamericanos y los de la Europa del Este, con bajos salarios de miseria. Y no digamos de competir un trabajo con los subsaharianos sin documentación que llegan en cayucos o pateras. Estos trabajan por algo menos que la comida diaria.

Por los puertos y aeropuertos canarios, entran la mayor cantidad de inmigrantes que pasan sin control alguno y legalidad encubierta (turistas). Otros, por la abusiva libre circulación desde el continente [europeo] a islas. Y los llamados "ilegales" o "sin papeles", entran a través de buques nodrizas, que desembarcan al cobijo de las calmas del sur de Canarias, las conocidas pateras y cayucos. Estos no llegan al 5% del total de la inmigración.

Denunciamos que a quienes mas daño hacen, son los inmigrantes que están dentro del campo comunitario. Estos son los que encarecen el precio de las viviendas, de la cesta de la compra, de la educación y de la sanidad. Son los que provocan gravemente el alto índice de pobreza entre los canarios. Son los que provocan los despidos a los canarios de un trabajo digno. Son a los que hay que combatir en primera línea de actuación, con una severa y estricta Ley de Residencia si tuviéramos un Gobierno Canario con la suficiente capacidad de enfrentarse a la política que hace el Estado con Canarias.

Habría que diferenciar las diferentes formas de inmigración incontrolada, donde se mezclan los que vienen por necesidad de hambre con los que llegan con suficientes recursos económicos y puestos de trabajo garantizado. Habría que averiguar las circunstancias que producen aumento de la pobreza interna que soporta la sociedad receptora. Habría que evaluar la oferta y demanda entre inmigrantes con/sin papeles. Analizar las consecuencias producidas entre el nativo y los inmigrantes legales con respecto a una competitividad profesional, deteriorada por salarios de miserias. Habría que garantizar un salario digno a los llamados ilegales, para que no empeore hasta el extremo la situación de los trabajadores canarios.

Con la libertad de circulación y residencia en nuestras islas a puertas abiertas y que el Estado impone al Gobierno Autónomo, del que se permite una inmigración ilegal e incontrolada por la carencia de una autoridad política interna. Si no se le pone remedio a esta situación lo mas inmediato posible, estaremos a un paso de convertirnos en un pueblo empobrecido. Habría que exigir un control estricto a la capacidad poblacional que podamos soportar. Para ello la UNESCO tiene establecida las capacidades de población que puede soportar determinados territorios, especialmente los insulares, poniendo en práctica el Protocolo de las Naciones Unidas, para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de personas, especialmente mujeres y niños, fue firmado el 6 de enero de 2006. Dicho Protocolo internacional establece que por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.

Debemos de aclarar que el Gobierno Canario no tiene ni podrá dar alternativa a este grave problema. Ya sabemos lo que hay detrás de todo esto, por lo que no debemos hacernos ilusiones, ni siquiera podremos reclamar una Ley de Residencia generalizada a todo inmigrante foráneo. De concedérsele a Canarias un control para limitar la residencia, no afectarían a los que desde el Continente Europeo quieran emigrar a Canarias, solo serviría para cerrar las posibilidades a los que teniendo ascendencia canaria, se les aplicaría la condición de extracomunitarios, o "ilegales".

De un Estado que se aferra a un Estatuto de Autonomía Colonial, con total y absoluta dependencia, no se puede tampoco esperar nada. Un Estado al que le preocupa intensamente las fronteras del estrecho de Gibraltar. Un Estado al que la seguridad fronteriza de Ceuta y Melilla es de vida o muerte. Un Estado al que lo importante son sus negocios petrolíferos con Marruecos. Un Estado al que la seguridad de las fronteras de Canarias, le importa un rábano. Un Estado que prefiere compartir el petróleo con Marruecos antes que con Canarias, aunque su existencia esté dentro de la Mediana marítima canaria. Nos queda por dignidad, enfrentarnos a la debilidad del Gobierno Canario y pedirles responsabilidades por su complicidad ante la desidia del Estado con Canarias. Gobierno que carece del suficiente coraje político para reclamar los derechos constitucionales que como españoles nos corresponde. Estas son las circunstancias de unos y otros, que nos obligan acudir a los estamentos internacionales para exigir que se cumplan con Canarias, todas aquellas Leyes o Protocolos Internacionales firmados por el Estado español, exigiendo el cumplimiento inmediato de las fronteras marítimas del archipiélago canario, tal como estipula el Derecho Marítimo. Habría que exigir ante las Naciones Unidas, que consideren el comercio de transporte por vía internacional de personas que llegan a Canarias, como "Trata de Personas", y poner a disposición del Territorio canario, de todos los sistemas internacionales de vigilancia y control de personas u organizaciones que son responsables del tráfico de personas a cambio del pago en moneda, tanto de origen como de acogida. Aplicando los mismos medios establecidos en la Ley Internacional sobre la persecución y castigo del Tráfico de Drogas.

No podemos permitirnos un gobierno autónomo incapaz de reclamar y exigir un Estatuto con Plena Autonomía Interna, que dignificaría a la sociedad canaria. También de una Ley de Residencia para la mejor defensa de los intereses internos de Canarias, y en donde la regulación poblacional estaría relacionada con las estadísticas de la UNESCO, por lo que ningún Estado el mundo se podría oponer.

* Presidente Plataforma por el Mar Canario.