Llamar a la desobediencia.

Las más variadas manifestaciones públicas sobre el recién aprobado –por mayoría parlamentaria, no lo olvidemos- matrimonio homosexual se han ido abriendo paso durante estos últimos días en las páginas impresas de los rotativos y en las ediciones radiofónicas y televisivas de todo el país. La derecha española -en todas sus vertientes: política, económica, social, cultural, religiosa…- ha encontrado un gran filón propagandístico y el anacronismo consustancial a este espectro ideológico se ha hecho más patente con las insurgentes declaraciones de cargos públicos del PP (presidentes, alcaldes, concejales...), en las que reniegan de la democracia, del poder de las urnas y de las mayorías, de igual forma que renegaron de idénticas mayorías cuando –esa vez, con el poder de los votos en su mano- se les exigió suprimir su acto de hombría de declarar la guerra a Irak. Les dio –y les sigue dando- igual; están en posesión de su verdad y lo que los demás opinen no cuenta.

Pero lo que más ha chocado –entre las variadas lindezas expresadas y difundidas por la pléyade conservadora: la similitud del matrimonio homosexual con Auschwitz, “los homosexuales son personas taradas, con un defecto de nacimiento”, etc.- es ese lenguaje revolucionario en boca de un obispo –el de Castellón- llamando a la “desobediencia civil” a quienes tienen el deber –en virtud de un cargo público, electo y, por tanto, representativo de toda la ciudadanía- de acatar, cumplir y hacer cumplir la ley. Algo tan estrambótico que, si no fuera tan extremadamente grave –por lo que de peligroso conlleva- sería de reírse hasta partirse la caja. No obstante, no parece que la hipotética negativa de dichos cargos públicos a cumplir con su obligación constitucional e institucional vaya a suponer un problema insalvable; es obvio que, a tenor de declaraciones homófobas, excluyentes, sectarias y racistas como las escuchadas y leídas recientemente, nadie en su sano juicio –homosexual o no- querría que le casara un edil popular... Por tanto, mejor hubieran estado callados.

En esta ocasión, la alianza entre la derecha ideológica y la iglesia católica se ha hecho más patente. Como en la Inquisición. La elección mediática del nuevo Papa les ha venido de perilla. Están en boca de todo el mundo; su demostración de poder de convocatoria les ha hecho más prepotentes en sus etéreos –y no necesariamente héteros- planteamientos y más esquivos en la asunción de una evidente realidad: la homosexualidad existe; los homosexuales existen, y son personas; y esas personas deben tener los mismos derechos que las demás. Así de sencillo.

Por eso, aún considerando que tales conductas sólo obedecen a intereses espurios nada celestiales –más bien, terrenales- y que, al final, la democracia, la ley y –sobre todo- el sentido común se impondrán a estas arcaicas actitudes, no me resisto a pensar qué pasaría si se respondiera al órdago canónico con un envite civilmente responsable. Si la iglesia católica incita a la desobediencia civil a sus acólitos y fieles basada en la objeción de conciencia, sin observar que, por ejemplo, aún siguen cobrando buenos dineros provenientes de las arcas públicas del Estado, vía IRPF de todos los ciudadanos y ciudadanas –incluidos los homosexuales-, o que siguen ocupando las vías públicas –y sus servicios inherentes de seguridad, limpieza, tráfico, etc.- para celebrar sus desfiles y procesiones, o que el patrimonio histórico-artístico que obra en su poder se deteriora día a día por su mala gestión, acudiendo después al poder civil en busca de ayudas monetarias, o que no contratan a los obligatorios profesores de religión, dejando al Estado el sufragio de sus minutas profesionales...y se llama a la desobediencia fiscal a todos los contribuyentes entusiastas de la democracia y de los derechos civiles, en tanto en cuanto la iglesia católica siga percibiendo tales prebendas económicas y políticas, de las que –dicho sea de paso- no dispone ninguna otra institución en tan elevadas cuantías y con tantos derechos consolidados, ¿qué pasaría entonces?.

El actual gobierno –y la mayoría parlamentaria que lo avala- ha realizado un acto de justicia social e histórica con el colectivo homosexual español. No es de recibo que, invocando a un falso –por inexistente- mandato divino y a una absurda concepción maniquea de la fe, la democracia que tanto nos costó ganar –y tanto nos cuesta mantener- quede en entredicho por la posición mercantilista, injusta e innoble de quienes no entienden que las reglas del juego son las que se marcan al principio y no las que se puedan dictar una vez comenzada la partida, dependiendo del resultado que se obtenga. Esta partida la comenzamos en 1976 y todos apostamos mucho, asumimos mucho y tuvimos que deshacernos también de mucho. Y un cambio de Papa en loor de multitudes no nos va a hacer creer lo contrario. Que así sea.

Fuente: Alberto Cañete :: Canarias Ahora