La protección de los menores, una asignatura pendiente.
Sindicatos / EA-Canarias.- Casi toda la prensa canaria de del 19 de abril hacía referencia a la política de protección de menores, debido a tres informaciones distintas:
1ª) La protesta de trabajadores de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia de la provincia de la provincia de Las Palmas ante la sospecha de desmantelamiento del departamento en dicha provincia. Afirman que se pretende trasladar a Tenerife, y que se tiene intención de privatizar la gestión de los servicios del Departamento a través de una fundación. Por supuesto, la Dirección General de marras afirma que la modificación de la relación de puestos de trabajo no supone desmantelamiento de plantilla en Gran Canaria, sino adecuación a las necesidades objetivas del servicio. Por otra parte, ante la acusación de realizar convenios de gestión con entidades privadas, reconoce que se hace, pero que está respaldado por ley, y que no se cede la titularidad ni la responsabilidad.
2ª) La denuncia del Diputado del Común ante la falta de medios para los menores inmigrantes. El Sr. Alcaide declaró que el tratamiento de menores inmigrantes ilegales que no pueden ser devueltos a sus países de origen, requiere un esfuerzo que probablemente no tenga que adoptar Canarias en solitario. Explicó en su informe que hay de 80 a 90 menores inmigrantes al cuidado de la Comunidad Autónoma o de los Cabildos. Recordó, de paso, que, en algunos casos, la presencia de menores inmigrantes genera rechazo social ante el temor a posibles robos y agresiones.
Según Alcalde, la atención a menores inmigrantes requiere un esfuerzo económico y de organización en el que deben implicarse el Estado y la Unión Europea.
3ª) La acusación de Marisa Zamora, Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, realizada en comisión parlamentaria, contra el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Manuel Soria, del que dice que siempre ha demostrado que los menores inmigrantes le han importado bien poco. Según ella, el Cabildo ha dejado saturar los centros y no gasta el dinero que el Gobierno le transfiere con esa finalidad". Acusa de responsabilidad por el hacinamiento, las condiciones de alojamiento de los menores tras el incendio de la residencia de Tunte. Las respuestas de Soria se centraron en que las peticiones de apoyo a las consejerías de Empleo y Educación no han tenido contestación.
Hasta aquí nos hemos limitado a resumir lo publicado en la prensa.
Por nuestra parte, queremos añadir que, después de los escándalos de malos tratos, agresiones, incendios, fugas, falta de personal especializado, concesión de servicios a entidades privadas y un largo etcétera que encontramos en cualquier hemeroteca, la Consejera de Coalición Canaria no debería limitarse a lanzar acusaciones contra Soria, o la anterior titular de su Consejería. El Gobierno canario es el responsable de la situación de los menores bajo su tutela. Es indignante comprobar como los fondos públicos se derrochan en inutilidades, como, por ejemplo, viajes a Bruselas para defender la realización de obras ecológicamente insostenibles, socialmente innecesarias, despilfarradoras de recursos de todos, y , a la vez, se dice que no se cuenta con medios para atender adecuadamente a unas decenas, o centenares, de niños y jóvenes.
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