Movimientos sociales y participación institucional.

En distintos foros se viene hablando de la participación del movimiento ciudadano en las instituciones y en concreto en futuras contiendas electorales. Este debate se ha suscitado también en Asamblea por Tenerife y en la Coordinadora de Pueblos y Barrios en la misma isla, siendo resuelto en la Asamblea General del sábado 10 de septiembre en el sentido de reafirmar el carácter asambleario, autogestionario y autónomo del movimiento y por ende la no presentación como tal a las próximas elecciones. En un encuentro a celebrar en Lanzarote próximamente también está implícito este debate.

Este debate no es nuevo, crece casi en paralelo con la propia existencia de los movimientos sociales. En su día un potente movimiento vecinal que abarcaba un municipio tan amplio como el de La Laguna con las asociaciones y asambleas de barrio organizadas en una coordinadora de barrios, que impulsó un amplio movimiento reivindicativo por el agua, por planes de barrio, contra el Vertedero de Montaña del Aire,... se disgregó, entre otros motivos, por esta supeditación a la participación político-institucional mediante una candidatura propia en las elecciones (Asamblea Lagunera) con la que obtuvo dos concejales.

El movimiento sindical también sufrió a algunos de sus antiguos compañeros de fatiga ejerciendo de Consejeros del Gobierno autonómico. Por descontado que ello supuso un freno a las reivindicaciones de los trabajadores en aras de que sus “compañeros” conservaran sus poltronas.

Por otro lado, el sistema electoral en Canarias es cualquier cosa menos democrático, pues impide el acceso a las instituciones de aquellas fuerzas que no alcancen unos determinados topes y al mismo tiempo posibilita que entren en el Parlamento canario diputados electos con un apoyo muchísimo más reducido que el representado por esas opciones que han quedado en varias ocasiones fuera. Esto explica como algunos miembros destacados de esta casta política isleña, especialmente de Coalición Canaria, querrían ver a Asamblea por Tenerife participando en las contiendas electorales, concientes de lo tramposo y engañoso de este proceso, debido al indicado sistema, por el monopolio y control de la información por parte de este bloque de poder y por la ingente cantidad de dinero que se mueve aquí que les permite llevar a cabo campañas apabullantes a la ciudadanía, al tiempo de comprar voluntades.

Ante un movimiento tan grandioso como el vivido en los últimos tiempos con más de 100.000 personas en la calle algunos reclaman que tiene que haber una “rentabilidad” política de todo este proceso de movilizaciones. No comprenden que las rentabilidades las tiene el propio movimiento en si y para si. Y son varias: por un lado, las modificaciones que se logren en las propuestas iniciales del poder institucional son generalmente más amplias que las que pueda obtener un Concejal municipal o un Consejero insular; de otra, la conciencia que se adquiere en la participación colectiva por parte de las miles de personas en un proceso reivindicativo y la enseñanza que supone para los colectivos sociales implicados el ser concientes de la fuerza que tienen para afrontar cualquier problemática en la que se vean implicados.

Por ello, anteponer esta valiosa riqueza colectiva constituida por redes sociales, tan necesarias en una sociedad como la canaria con amplias capas de la población desarticulada socialmente o bien, pretender supeditar estos movimientos sociales a las conveniencias, acuerdos y componendas que se hagan a nivel político-institucional es cercenar las posibilidades transformadoras de un movimiento sociopolítico autogestionado desde la propia colectividad.

El movimiento ciudadano y social en general se ha enfrentado en los últimos tiempos a la política de los trillizos, denominación adoptada por parte del propio movimiento social para referirse a los partidos del Parlamento canario que llevan a cabo similares desaguisados urbanísticos, atentados ecológicos y políticas antisociales en las instituciones en las que gobiernan en Canarias.

Destacamos la acertada decisión de la última Asamblea General de Asamblea por Tenerife, celebrada el sábado 10 de septiembre en La Laguna, en la que se descartó por amplia mayoría, tanto convertirse en partido político como apoyar a cualquier fuerza política en las elecciones. Esta actitud refleja un proceso de claridad política, lo que le ha permitido afrontar este debate con una serenidad y madurez increíbles. Esto refleja que Asamblea por Tenerife es una realidad cada vez más sólida que hay que seguir potenciando, extendiendo y ampliando en objetivos.

La clave está en el impulso de fuertes movimientos sociales que respondan a las necesidades fundamentales de la población y que al mismo tiempo sean capaces de coaligarse entre si para enfrentar al poder y a los poderes institucionales y avanzar juntos en la consecución de las reivindicaciones planteadas. Esto es mucho más contundente y efectivo que una participación político-institucional sin respaldo social o en todo caso subsidiario de ésta.

Es más, la forma que adquiere el propio movimiento de intervención directa en los asuntos que le incumben, implica poner en primer plano la democracia real, frente a los que se amparan en una supuesta legitimidad de las urnas. Este es el peligro que han podido vislumbrar desde el propio poder y al que hacen continua referencia cuando pretenden descalificar al movimiento y a sus participantes, catalogándolos de “Asamblearios”. Para estos señores la participación se reduce a que la gente acate sus dictados y encima con su colaboración.

Nuestro reto como ciudadanía que quiere acabar con el lastre de esta caricatura de participación, limitada a un voto cada cuatro años, en unas condiciones deplorables y con las cartas marcadas, es poner en pie un genuino movimiento social que no esté supeditado a nada ni a nadie, un movimiento que quiere ser y hacer en todo momento lo que el propio colectivo social autoorganizado decida.

Manuel de la Rosa Hernández :: Opinión :: Colaboraciones

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